El presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española, Óscar Nieto, ha elevado esta semana sus reparos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde ha denunciado la ausencia de independencia, neutralidad y pluralismo en la radiotelevisión pública española. Su intervención, realizada mediante videoconferencia, responde a una solicitud de revisión de 2017 que diversos grupos parlamentarios reclamaban reactivar.
Nieto ha expresado su sorpresa ante el hecho de que, tras ocho años desde su presentación inicial, esta petición permanezca abierta, aunque ha reconocido que el problema que motivó su redacción «sigue siendo una cuestión absolutamente vigente». En su alocución, de escasos cinco minutos, ha trazado un recorrido histórico por los intentos de los profesionales de RTVE por desvincular la corporación del control gubernamental y consolidarla como un servicio público genuino.
La intervención de Nieto ha puesto de relieve una trayectoria de más de cuatro décadas de lucha por la autonomía informativa. Desde 1982, los trabajadores de la casa han promovido diversas iniciativas para liberar a la entidad de su subordinación estructural al poder ejecutivo. Una de las reformas más significativas, según ha destacado el presidente del Consejo, fue la ley 17/2006, que supuso «un paso crucial hacia la independencia de RTVE» y que dio origen a los propios Consejos de Informativos como órganos de vigilancia y garantía del rigor periodístico.
No obstante, este avance legislativo ha quedado ensombrecido por sucesivos retrocesos. Nieto ha recordado específicamente el año 2017, cuando José Antonio Sánchez, «votante del PP y miembro del Gobierno en funciones», fue reelegido para el cargo. Su gestión anterior, en 2003, había culminado en una condena judicial histórica por manipulación informativa y vulneración de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, lo que obligó a la corporación a emitir una rectificación en sus informativos principales.
El panorama no mejoró con el cambio de ejecutivo. En 2018, con el PSOE en La Moncloa, se anunció un concurso público para «profesionalizar la presidencia y el Consejo de Administración de RTVE». Sin embargo, este proceso, tal como ha denunciado Nieto, «se vio torpedeado por decisiones partidistas» y degeneró en «un mero reparto de puestos entre formaciones políticas», hasta quedar finalmente «borrado por completo».
La secuencia de intervenciones políticas continuó en 2019 con la imposición de una Administración Única que gestionó la corporación durante tres años. En 2021 llegó una presidencia acordada por consenso, pero sin la cobertura de un concurso público que garantizara la meritocracia. El punto culminante de esta deriva, según la denuncia, se produjo a finales de 2024, cuando una modificación legislativa redujo el consenso parlamentario necesario, eliminó el concurso público y anuló la mayoría de las competencias del Consejo de Administración».
Este último cambio normativo desencadenó una oleada de protestas entre los profesionales de RTVE, que interpretaron la reforma como «un ataque directo a la independencia y la neutralidad» que debe caracterizar a cualquier servicio de radiotelevisión pública. Nieto ha subrayado que estas garantías no son meras aspiraciones, sino exigencias derivadas de la legislación europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Directiva 2010/13/UE, que establecen estándares vinculantes para los medios públicos.
Durante su exposición, el presidente del Consejo de Informativos también ha aludido a la programación del último año, caracterizada por una «sobrecarga de contenidos informativos y una política de producción externa» cuyos criterios de selección no siempre han resultado transparentes. Aunque no ha detallado todos los programas mencionados en su intervención inicial, sí ha hecho referencia a espacios como Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González, como ejemplos de esta tendencia.
La comparecencia de Nieto en Bruselas no es un hecho aislado, sino la culminación de años de alertas por parte de los trabajadores de RTVE. Desde los Consejos de Informativos se han venido documentando presiones, censuras y decisiones editoriales que responden a intereses partidistas en lugar de al criterio periodístico. La falta de un sistema de elección de cargos basado en el mérito profesional y la continua injerencia política han erosionado la credibilidad de la corporación pública.
La situación de RTVE no es única en el panorama europeo, pero sí resulta especialmente preocupante por su intensidad y persistencia. Mientras otros servicios públicos de radiotelevisión han consolidado sistemas de gobernanza que blindan su independencia, la televisión española parece atrapada en un ciclo de politización que cada reforma legislativa intenta corregir, pero que, en la práctica, termina por reproducir.
El propio Nieto ha concluido su intervención instando a las instituciones europeas a supervisar de cerca la evolución de RTVE y a garantizar que se cumplan los principios de libertad de información y pluralismo que sustentan el proyecto democrático comunitario. Su mensaje es claro: sin una verdadera independencia, la radiotelevisión pública no puede cumplir su misión de servicio público y se convierte en un instrumento de propaganda partidista.
La respuesta del Parlamento Europeo a esta denuncia será determinante. La Comisión de Peticiones podría abrir un expediente de seguimiento o recomendar medidas concretas al Gobierno español. Mientras tanto, los profesionales de RTVE continúan su lucha interna por mantener el rigor periodístico en un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de un periodismo libre y veraz.
La comparecencia de Nieto ha servido para visibilizar un problema estructural que afecta a la democracia española en su conjunto. La calidad de la información que reciben los ciudadanos depende en gran medida de la solvencia de sus medios públicos. Cuando estos se ven sometidos a presiones políticas, toda la sociedad sale perjudicada y se debilita el propio sistema democrático.
En definitiva, la denuncia presentada en Bruselas no es solo una reivindicación laboral de los trabajadores de RTVE, sino una alerta ciudadana sobre el estado de la libertad de expresión en España. La lucha por una televisión pública independiente es, en el fondo, una lucha por la calidad de la democracia y por el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz, plural y ajena a intereses partidistas.