El sistema de verificación de facturas Verifactu no será de aplicación obligatoria para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos hasta 2027. Esta decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Hacienda, supone el segundo aplazamiento consecutivo de una normativa que inicialmente debía entrar en vigor en 2025 y que posteriormente se pospuso para 2026.
El anuncio oficial corrió a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, en el marco de un real decreto ley destinado a cumplir con compromisos políticos pendientes. No obstante, han sido fuentes tributarias las que han concretado a medios especializados que la moratoria finalmente se extenderá doce meses más, ofreciendo así un respiro adicional a millones de contribuyentes.
Una cronología de retrasos
La implementación de Verifactu ha estado marcada por sucesivos aplazamientos desde su concepción. La normativa, enmarcada dentro de la ley antifraude de Hacienda, buscaba inicialmente estar operativa en 2025. Ante las dificultades de adaptación manifestadas por los sectores empresariales, el Ejecutivo decidió posponerla hasta el 1 de enero de 2026 para sociedades y hasta el 1 de julio del mismo año para autónomos.
Ahora, con esta nueva prórroga, las empresas que tributan mediante el Impuesto de Sociedades contarán con doce meses adicionales para adaptar sus sistemas contables, mientras que los trabajadores por cuenta propia verán diferido su obligación hasta mediados de 2027. Esta decisión responde a las reiteradas peticiones de formaciones políticas como Junts, pero también de organizaciones empresariales y de autónomos que alertaban sobre los costes y la complejidad del proceso.
¿En qué consiste Verifactu?
El sistema Verifactu representa una transformación radical en la relación entre las empresas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Su función principal radica en la trazabilidad completa de las operaciones comerciales de aquellas compañías que utilizan un Sistema Informático de Facturación (SIF).
En la práctica, el cambio implica que el software de facturación, previamente certificado por Hacienda, transmitirá automáticamente el registro de cada factura emitida a la AEAT. Este flujo de información en tiempo real permitirá a la administración tener un control exhaustivo y directo sobre las transacciones empresariales, limitando la posibilidad de alteraciones posteriores.
Los registros únicamente podrán modificarse en caso de detectarse un error, y siempre que esta corrección se realice de forma inmediata. La medida afecta tanto a facturas completas como a facturas simplificadas, las cuales son comunes en negocios de proximidad como comercios minoristas y establecimientos de hostelería.
El impacto en pymes y autónomos
La postergación hasta 2027 responde principalmente a las dificultades de adaptación que enfrentan los pequeños empresarios y profesionales autónomos. Según datos de la AEAT, el sistema debía incorporar aproximadamente dos millones de sociedades en enero de 2026 y 2,4 millones de autónomos en julio del mismo año.
Las principales barreras identificadas por los colectivos afectados incluyen:
- Coste de los nuevos programas informáticos: La necesidad de adquirir software certificado por Hacienda representa una inversión significativa para muchas microempresas.
- Formación digital: El salto tecnológico requiere capacitación que muchos autónomos, especialmente de mayor edad, no poseen.
- Adaptación de procesos internos: La integración de sistemas en tiempo real con la AEAT obliga a revisar procedimientos contables establecidos durante décadas.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha recibido la noticia con "alivio", reconociendo que el tiempo extra permitirá una transición más ordenada y menos traumática para este colectivo.
Presión empresarial y política
La moratoria no surge espontáneamente, sino como resultado de intensas negociaciones. La patronal Pimec ha sido especialmente activa en la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, argumentando que la premura temporal generaba un estrés innecesario en un tejido empresarial ya de por sí vulnerable.
Paralelamente, formaciones políticas como Junts han incluido esta flexibilización como parte de sus exigencias para apoyar iniciativas legislativas del Gobierno. La medida se enmarca en un contexto de pactos parlamentarios donde la sensibilidad fiscal hacia el pequeño empresario ha cobrado protagonismo.
Verifactu vs factura electrónica: dos realidades distintas
Una de las confusiones más comunes entre los contribuyentes radica en equiparar Verifactu con la factura electrónica. Ambas normativas, aunque complementarias, regulan aspectos diferentes del proceso de facturación.
Mientras Verifactu se centra en la verificación y trazabilidad del registro de facturas mediante software certificado, la factura electrónica establece el formato y la estructura del documento digital que se intercambia entre empresas. Es decir, una cosa es cómo se genera y envía la factura (factura electrónica) y otra muy distinta es cómo se registra y verifica ante Hacienda (Verifactu).
La factura electrónica, por su parte, mantiene su calendario de implementación, con entrada en vigor prevista también para 2027, lo que genera un escenario de doble adaptación tecnológica para las empresas en un período corto de tiempo.
El mercado de software se prepara
Los desarrolladores de soluciones de gestión empresarial han observado en los últimos meses un incremento significativo en la demanda de información y contratación de sistemas compatibles con Verifactu. Muchas empresas, conscientes de la imposibilidad de cumplir con los plazos originales, han acelerado su digitalización preventiva.
La AEAT, por su parte, ofrece una opción pública gratuita para aquellos contribuyentes que no deseen o no puedan asumir el coste de un programa privado. Esta alternativa, aunque funcional, presenta limitaciones en cuanto a integración con otros procesos empresariales, lo que la hace menos atractiva para compañías con cierto volumen de operaciones.
Perspectiva de futuro
Con el horizonte fijado en 2027, el calendario fiscal español ofrece ahora una ventana de tres años para una transición ordenada hacia la digitalización tributaria completa. Este período debería servir no solo para la adopción tecnológica, sino también para la formación y acompañamiento de los colectivos más vulnerables al cambio.
La medida evidencia la tensión permanente entre la necesidad de modernizar la administración tributaria y la realidad de un tejido empresarial heterogéneo, con capacidades digitales muy desiguales. El éxito de Verifactu dependerá, en última instancia, de la capacidad del sistema para integrarse sin quebrantar la productividad de las pymes, que representan la columna vertebral de la economía española.
El reto ahora radica en que este aplazamiento no se convierta en una simple prolongación de la incertidumbre, sino en una oportunidad para diseñar estrategias de implementación progresiva que garanticen el cumplimiento sin comprometer la viabilidad de millones de negocios.