La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha empleado un lenguaje contundente para referirse a las recientes revelaciones sobre Francisco Salazar, exasesor de la Presidencia del Gobierno. Ante las graves acusaciones de hostigamiento sexual presentadas por varias trabajadoras del PSOE, Alegría no ha dudado en calificar las conductas descritas como "vomitivas".
El caso, que estalló en julio pasado, ha vuelto a la actualidad tras la publicación de nuevos detalles sobre el comportamiento del que fuera próximo colaborador del equipo de Pedro Sánchez. Salazar, que estaba destinado a ocupar un cargo de responsabilidad en la Secretaría de Organización del partido, vio truncada su carrera política cuando varias mujeres del entorno socialista denunciaron públicamente episodios de acoso.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría respondió con claridad a la pregunta sobre su opinión respecto a la información difundida en los últimos días. "Vomitivas", reiteró la ministra, dejando patente el rechazo absoluto del Ejecutivo hacia cualquier manifestación de acoso en el ámbito laboral.
El contexto de la polémica
El escándalo salió a la luz justo cuando Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, un puesto de notable relevancia dentro de la estructura del partido. Sin embargo, la publicación de las primeras denuncias en elDiario.es provocó una reacción inmediata: su cese fulminante en el cargo de asesor en Moncloa.
Las denuncias, recogidas por el citado medio, describen una serie de comportamientos inaceptables que habrían tenido lugar durante años. Testimonios directos de afectadas detallan actitudes vejatorias y de claro contenido sexual. Entre las conductas denunciadas figuran episodios en los que Salazar, presuntamente, se subía la bragueta frente a las trabajadoras, simulaba actos sexuales y solicitaba insistentemente que le mostraran escote.
La comida que generó dudas
La relación entre Alegría y Salazar saltó al debate público cuando se hizo pública una comida que ambos mantuvieron hace aproximadamente un mes. La ministra justificó entonces el encuentro como algo estrictamente privado: "Es una reunión que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año".
Esta explicación, sin embargo, no convenció a todos los sectores, que cuestionaban la oportunidad de mantener un encuentro de estas características con alguien en el centro de un escándalo de acoso sexual. Ahora, con sus últimas declaraciones, Alegría intenta desmarcarse definitivamente de cualquier posicionamiento ambiguo y mostrar una postura inequívoca de condena.
La defensa del Gobierno
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la actuación fue inmediata y contundente. Alegría ha recordado que, desde 2018, existen en la Presidencia del Gobierno "mecanismos antiacoso conforme a la ley que, además, se van actualizando". Según la versión oficial, en cuanto se tuvo conocimiento de las primeras informaciones, se convocó a los empleados para reforzar el mensaje de que Moncloa es un espacio seguro para realizar cualquier tipo de denuncia.
La ministra ha asegurado rotundamente que "nunca se ha recibido por ningún canal ninguna denuncia. Tampoco por los canales anónimos que existen". Esta afirmación, sin embargo, choca con las declaraciones de las propias afectadas, que aseguran haber utilizado los procedimientos establecidos.
Las contradicciones en el relato
La versión del Gobierno no coincide con el testimonio de las trabajadoras que han decidido romper el silencio. Según las fuentes consultadas por elDiario.es, las denuncias presentadas a través del canal antiacoso habrían desaparecido del sistema de Ferraz, la sede federal del PSOE.
Una de las afectadas ha manifestado su desconfianza en el proceso: "Sigo sin sentir garantías" por parte del partido. Esta declaración pone en cuestión la efectividad de los protocolos y la transparencia con la que se está gestionando el caso.
La discrepancia entre la afirmación oficial de que no existen denuncias formales y el testimonio de las trabajadoras sobre la desaparición de sus escritos genera un clima de incertidumbre y desconfianza. Críticos internos y externos del partido demandan mayor claridad y un compromiso real con las políticas de cero tolerancia.
Investigación en curso
El PSOE, por su parte, mantiene que la investigación sigue su curso. La portavoz del partido, Montse Mínguez, confirmó este lunes que el proceso no ha concluido y que la pérdida de la condición de afiliado de Salazar no implica el cierre del expediente.
Esta postura intenta transmitir un mensaje de seriedad y compromiso con la resolución del caso. Sin embargo, las dudas sobre la gestión interna y la protección de las víctimas persisten. La percepción de algunas trabajadoras es que el sistema no les ofrece las garantías necesarias para denunciar sin temor a represalias o a que sus quejas queden en saco roto.
Implicaciones políticas
El caso Salazar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones políticas significativas para el Gobierno y el PSOE. La gestión de las denuncias de acoso sexual se ha convertido en un indicador de la coherencia entre el discurso público feminista del partido y las prácticas internas.
El Ejecutivo se ha erigido como defensor de la igualdad y la lucha contra la violencia machista, por lo que cualquier sombra de duda sobre su capacidad para gestionar casos en su propia casa resulta especialmente dañino. Las declaraciones de Alegría buscan, precisamente, cerrar filas y reafirmar un compromiso que algunos perciben como cuestionado.
El debate sobre los protocolos
La situación ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos antiacoso en las instituciones y partidos políticos. Aunque la normativa existe y se actualiza, la experiencia de estas trabajadoras sugiere que la implementación real no siempre garantiza la protección de las víctimas.
Expertos en derecho laboral y organizaciones feministas insisten en que no basta con tener canales de denuncia si no se acompañan de medidas efectivas de seguimiento, protección y sanción. La desaparición de denuncias del sistema, si se confirma, sería un fallo grave que requeriría responsabilidades políticas.
El camino por recorrer
Mientras la investigación continúa, las trabajadoras afectadas esperan que su testimonio no caiga en el olvido. La sensación de impunidad y la falta de confianza en los mecanismos internos son barreras que muchas víctimas de acoso enfrentan en todos los ámbitos laborales.
El caso de Salazar sirve como recordatorio de que la lucha contra el acoso sexual requiere no solo leyes y protocolos, sino también una cultura organizacional que crea entornos seguros y escucha activa a las víctimas. Las palabras de condena, como las de Pilar Alegría, son necesarias pero insuficientes si no se traducen en acciones concretas y transparentes.
El Gobierno y el PSOE tienen ahora la oportunidad de demostrar con hechos que su compromiso con la igualdad y la dignidad de las mujeres no es solo retórica. La resolución de este caso será un test crucial para la credibilidad de sus políticas de prevención y sanción del acoso en el entorno laboral.