La Fiscalía, acusada de permitir presión a magistrados del Supremo

La decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ha desatado una oleada de críticas y presiones contra los magistrados que emitieron el veredicto. Según han confirmado fuentes del ámbito jurídico a este medio, el Ministerio Público estaría tolerando una campaña de acoso sin precedentes hacia estos jueces, en lugar de proteger su independencia judicial.

La Sala de lo Penal del alto tribunal dictaminó hace apenas diez días la inhabilitación de García Ortiz durante dos años, además de imponerle una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fallo, lejano al consenso, se aprobó por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y dos en contra.

Los magistrados que respaldaron la condena fueron el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Por el contrario, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo presentaron un voto particular discrepante, considerando que no existían los elementos necesarios para sancionar al fiscal general.

Desde el conocimiento de la resolución, los jueces que votaron a favor de la sanción se han convertido en blanco de una intensa campaña de desprestigio. Fuentes jurídicas consultadas denuncian que la Fiscalía, que aún ostenta de forma interina el propio García Ortiz hasta que tome posesión Teresa Peramato, no está adoptando medidas para frenar este hostigamiento.

El escenario descrito por estas fuentes es preocupante: figuras políticas, medios de comunicación afines al Ejecutivo y usuarios de redes sociales habrían iniciado una persecución pública contra los magistrados, difundiendo sus imágenes y vertiendo acusaciones que vulneran su honor. Los ataques, según las denuncias, no se limitan al ámbito profesional, sino que han alcanzado a familiares directos de los afectados, generando un clima de intimidación.

Esta situación genera una paradoja institucional. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece de manera explícita que corresponde al Ministerio Público velar por el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, proteger la independencia de jueces y tribunales, y defender las instituciones constitucionales. El artículo tercero de esta normativa legal encomienda a la Fiscalía la responsabilidad de garantizar que la justicia se administre conforme a la ley, ejerciendo las acciones necesarias para preservar la autonomía de los magistrados.

Expertos en derecho constitucional subrayan que la Fiscalía ha abierto diligencias en el pasado por presuntos delitos de odio en casos de gran repercusión mediática, aunque muchos de ellos no llegaran a prosperar judicialmente. La disparidad de criterios resulta evidente cuando se comparan esas actuaciones con la pasividad mostrada ante los ataques dirigidos a miembros del Supremo.

La presión mediática ha adoptado formas diversas. Publicaciones digitales próximas al Gobierno central han cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando su participación en actividades formativas para la abogacía. Concretamente, eldiario.es destacó que Martínez Arrieta, Del Moral y Berdugo impartieron conferencias en cursos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que ejerció la acusación popular en el proceso contra García Ortiz.

El propio ICAM tuvo que salir al paso de estas insinuaciones, aclarando que la colaboración de jueces y magistrados en programas de capacitación profesional es una práctica habitual y reglada que no implica ningún conflicto de intereses. La institución colegial recordó que la presencia de altos cargos judiciales en estas jornadas formativas responde a criterios de excelencia y experiencia, sin que ello pueda interpretarse como una vinculación impropia.

El contexto resulta especialmente delicado porque el propio condenado continúa al frente de la Fiscalía de forma provisional. Esta circunstancia ha generado recelos sobre la capacidad del organismo para actuar con objetividad y defender a sus propios evaluadores. La falta de una reacción institucional clara está siendo interpretada como una señal de debilidad del sistema de garantías judiciales.

La incitación al odio contra funcionarios públicos, especialmente cuando proviene de cargos con responsabilidad institucional, constituye un desafío a la separación de poderes. Los ataques sistemáticos a magistrados por el mero hecho de emitir una resolución judicial, aunque sea controvertida, erosionan la confianza ciudadana en la justicia y pueden generar efectos inhibitorios en el futuro.

Organismos internacionales como el Consejo de Europa han advertido reiteradamente sobre los riesgos de la judicialización de la política y la politización de la justicia. La situación actual en España refleja ambos fenómenos simultáneamente: un proceso judicial contra el máximo representante del Ministerio Público y una respuesta política y mediática que cuestiona la legitimidad de los jueces.

La comunidad jurídica está expectante ante la reacción que tendrá la nueva fiscal general, Teresa Peramato, una vez tome posesión del cargo. Su gestión inicial será observada con lupa para determinar si mantiene la misma línea de inacción o, por el contrario, adopta las medidas necesarias para proteger a los magistrados y restablecer la autoridad institucional.

Mientras tanto, los afectados por esta campaña deben soportar no solo la presión pública, sino también la incertidumbre sobre si contarán con el respaldo del sistema que sirven. La independencia del poder judicial no es un concepto abstracto, sino una garantía concreta que requiere defensa activa cuando se ve amenazada.

La doctrina constitucional ha establecido que la confianza en la justicia es un bien público que debe preservarse. Cualquier acción que menoscabe la percepción de imparcialidad o que castigue a los jueces por sus decisiones constituye un ataque a los cimientos del Estado de derecho. La Fiscalía, como garante de la legalidad, no puede permanecer ajena a esta responsabilidad.

El debate sobre la condena de García Ortiz es legítimo y forma parte de la salud democrática. Sin embargo, la línea entre el cuestionamiento razonable y la persecución sistemática es fina y, según las fuentes consultadas, ya ha sido traspasada. La ausencia de una respuesta firme por parte de las autoridades competentes envía un mensaje preocupante sobre la capacidad del sistema para autodefenderse.

En las próximas semanas, la evolución de este caso determinará si España consolida su compromiso con la independencia judicial o si, por el contrario, se abre una etapa de vulnerabilidad institucional sin precedentes recientes. La comunidad jurídica y la ciudadanía en general observarán con atención los pasos que dé la nueva dirección de la Fiscalía para resolver esta crisis de confianza.