Ábalos acusa a Armengol de prevaricar por no defender la inmunidad

José Luis Ábalos ha lanzado duras críticas contra Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, a la que acusa de menospreciar sus derechos parlamentarios y de incumplir de manera flagrante el Reglamento de la Cámara Baja. El exministro de Transportes, que se prepara para ingresar en prisión, ha remitido un escrito formal a la Mesa del Congreso en el que solicita que se exija al Tribunal Supremo el envío de todas las resoluciones judiciales que le conciernen. Ábalos considera que Armengol está vulnerando el artículo 14.1 del Reglamento, que establece la obligación de la presidenta de advertir a las autoridades judiciales sobre la necesidad de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que afecten personalmente a cualquier diputado. En declaraciones a la prensa, el dirigente socialista expresó su indignación: «Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso». Esta triple afrenta, en su opinión, demuestra una falta de compromiso institucional que va más allá de su situación personal. El núcleo de la disputa radica en la interpretación de la inmunidad parlamentaria. Para Ábalos, esta figura constitucional no constituye un privilegio individual, sino una garantía colectiva que protege la independencia del poder legislativo frente a injerencias indebidas del poder judicial. «La inmunidad parlamentaria tiene como fundamento asegurar la independencia e integridad del órgano legislativo y no se concibe como un privilegio personal para los diputados», argumenta en su escrito. El exsecretario de Organización del PSOE subraya que la presidenta del Congreso debería actuar como defensora de la institución, exigiendo al magistrado instructor, Leopoldo Puente, el envío completo de todas las resoluciones, no solo aquellas relativas a su libertad personal. Ábalos defiende que su recurso no busca un beneficio particular, sino proteger los derechos de la Cámara: «La apelación que planteo no la realizo en función de la reivindicación de un derecho, por mi situación personal; lo hago en defensa de la Cámara y de su derecho reconocido a la inmunidad parlamentaria». La polémica se intensifica porque el tercer auto judicial no ha sido remitido al Congreso, lo que para Ábalos constituye una violación del principio de colaboración entre poderes del Estado. «Ella tiene que defender al Congreso frente al Supremo y no lo está haciendo. No hay colaboración entre los poderes. La premisa es que se colabora desde el Congreso a cambio de que se informe a la Cámara», insistió el exministro. Además, Ábalos recalcó que el suplicatorio que autorizó la investigación se aprobó para indagar unos hechos concretos, no para imputar delitos desde el inicio. Esta distinción resulta crucial en su estrategia de defensa. El contexto político añade complejidad a este enfrentamiento institucional. El caso Koldo García, que salpica al exministro, también alcanza al Gobierno balear que presidió Armengol, que autorizó pagos millonarios a la trama. Según datos conocidos, la administración autonómica desembolsó 3,7 millones de euros públicos en contratos vinculados a esta trama de corrupción. Esta circunstancia genera suspicacias sobre posibles conflictos de interés que podrían influir en la actitud de la presidenta del Congreso. Ábalos no oculta su malestar por sentirse tratado como un diputado de segunda categoría, cuyos derechos no merecen la misma tutela institucional que el resto de la Cámara. Esta percepción de desigualdad en la aplicación del Reglamento ha convertido un asunto jurídico en una crisis de confianza política. La tensión entre el exministro y la presidenta del Congreso refleja un debate más profundo sobre el equilibrio de poderes en España. Mientras Ábalos exige una defensa estricta de las prerrogativas parlamentarias, Armengol parece priorizar una interpretación más restrictiva de sus obligaciones. El escrito presentado por Ábalos podría forzar a la Mesa del Congreso a pronunciarse sobre el alcance real de la inmunidad parlamentaria y los deberes de la presidenta ante el Tribunal Supremo. La decisión que se tome sentará un precedente para futuros casos en los que diputados investigados vean vulnerados sus derechos. Mientras tanto, el exministro prepara su ingreso en prisión con la sensación de que la institución que representa no ha hecho todo lo posible por defender sus garantías constitucionales. La batalla legal de Ábalos, lejos de ser una cuestión personal, se ha convertido en un test para la fortaleza de las instituciones democráticas españolas.