Sanidad pedirá mascarilla obligatoria ante la epidemia de gripe

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este viernes que el Gobierno central solicitará a las comunidades autónomas la implementación del uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios y residencias de personas mayores como medida de contención ante la epidemia de gripe y otros virus respiratorios en circulación. La medida formará parte de un protocolo común que se someterá a aprobación el próximo 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, la titular de Sanidad ha expresado su confianza en que las autonomías, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, acaten las recomendaciones técnicas sin repetir el veto que bloqueó el plan la temporada anterior. García ha enfatizado que el documento final es fruto de un consenso técnico entre expertos del Ministerio y las comunidades, con ajustes metodológicos menores que no alteran el espíritu de las medidas. El núcleo del protocolo mantiene el endurecimiento progresivo del uso de mascarillas en espacios sanitarios y sociosanitarios, pasando de ser una recomendación a una obligatoriedad en situaciones de máximo riesgo epidemiológico. La ministra ha defendido esta medida con contundencia: "Llegas a un centro sanitario, te pones la mascarilla, sales del centro sanitario, te la quitas, y así proteges a los pacientes, proteges a los profesionales y te proteges a ti mismo". Este mensaje, repetido durante su intervención, busca simplificar la medida y generar conciencia ciudadana sobre su importancia. No obstante, García ha matizado que el protocolo contempla una flexibilidad territorial, adaptándose a la situación epidemiológica específica de cada comunidad. Así, el uso de la mascarilla será obligatorio o recomendable según el escenario de riesgo que viva cada región. "Si estamos en un escenario de máximo riesgo, en el que la mascarilla, según el protocolo, tiene que ser obligatoria, por ejemplo, para ir a centros de salud, a hospitales o a residencias de mayores por parte de profesionales sanitarios, entiendo que las comunidades no se van a negar a seguir ese protocolo", ha declarado. La ministra ha recordado que algunas autonomías, como Aragón, ya han adelantado iniciativas similares en sus territorios, abriendo el camino a la obligatoriedad de la mascarilla en sus centros asistenciales. Este precedente fortalece la posición del Ministerio y anticipa una posible adhesión generalizada. El contexto epidemiológico justifica la premura de la medida. La curva de la gripe ya ha entrado en fase epidémica en España, y su evolución conjunta con la covid-19 y el virus sincitial respiratorio podría saturar los servicios de salud en las próximas semanas. Sanidad busca así anticiparse a un posible colapso del sistema con medidas preventivas claras y consensuadas. La ministra no ha ocultado su frustración con la actitud del Partido Popular durante la temporada pasada, cuando vetó el plan técnico consensuado. "No van a anteponer este año, una vez más, sus intereses políticos por encima de la salud de la población", ha aseverado, confiando en un cambio de postura. El protocolo, en esencia, replica el diseño de la temporada anterior, con ajustes menores que no afectan al sentido de las medidas. La estrategia se centra en proteger los entornos más vulnerables: hospitales, centros de salud y residencias de mayores, donde la población presenta mayor riesgo de complicaciones ante infecciones respiratorias. La ministra ha insistido en la responsabilidad individual como complemento a la normativa: aunque la obligatoriedad dependerá del nivel de alerta, ha instado a la población a usar la mascarilla de forma voluntaria ante síntomas compatibles con resfriado o gripe. "Yo lo siento mucho, pero a partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner, de manera responsable, una mascarilla", ha enfatizado. Esta declaración refuerza el mensaje de que la protección colectiva requiere compromiso ciudadano más allá de la normativa. La aprobación definitiva del protocolo el 3 de diciembre marcará el inicio de una nueva fase en la gestión de la salud pública respiratoria en España, con herramientas que buscan equilibrar la protección sanitaria con la adaptación a las realidades territoriales. La confianza del Ministerio en el cumplimiento autonómico será clave para el éxito de la estrategia.