La periodista Ketty Garat ha expresado con rotundidad su desacuerdo ante la decisión de la magistrada que instruye el caso de la DANA en la Comunitat Valenciana de solicitar la cuenta y el menú detallado de la comida que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, compartió con la periodista Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro.
En declaraciones que han generado un intenso debate, Garat ha calificado de morboso este tipo de requerimientos judiciales, cuestionando abiertamente su relevancia para esclarecer los hechos. "Me parece que hay un afán morboso a la hora de pedir el menú, la factura... ¿En qué va a cambiar, qué aporta realmente saber si Mazón tomó bogavante o chuletas en la comida de El Ventorro?", ha manifestado la comunicadora.
El argumento central de Garat radica en la escasa utilidad que, a su juicio, tiene este tipo de información para la investigación. La periodista defiende que el conocimiento de los platos consumidos durante ese encuentro no aporta elementos sustanciales para determinar las responsabilidades penales en la gestión de la crisis provocada por la DANA. En este sentido, insiste en que ya se ha establecido que Mazón no estuvo a la altura de sus obligaciones y mintió sobre su disponibilidad en los momentos críticos.
La postura de la comunicadora no implica, sin embargo, una oposición frontal a la investigación judicial. Garat ha dejado claro que respalda las diligencias encaminadas a descubrir el minutaje exacto y las contradicciones en las declaraciones del presidente, así como a determinar si existen responsabilidades penales derivadas de su actuación. Lo que cuestiona es el foco puesto en detalles que considera intrascendentes y que, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, alimentan el morbo mediático.
Una de las reflexiones más controvertidas de Garat apunta a que este tipo de peticiones judiciales parecen tener un objetivo diferente al puramente investigador. "Da la sensación, por el tipo de peticiones que se hacen, que lo que se pretende es alimentar eso que ha intentado alimentar el Gobierno y el PSOE de que tuvo un affaire con Maribel Vilaplana", ha señalado. Para la periodista, este enfoque desvía la atención de lo realmente importante y convierte la instrucción en un espectáculo.
La comparación con otros casos políticos
Garat ha extendido su análisis más allá del caso valenciano, estableciendo una comparación con situaciones similares en el ámbito nacional. En este sentido, ha puesto el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha situado en un contexto paralelo: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba en la India cenando con el número dos de Acciona y su mujer".
Con esta referencia, la comunicadora cuestiona si se aplicarán los mismos criterios de investigación y si se exigirá cuentas al ejecutivo central por la supuesta falta de respuesta de la vicepresidenta de Transición Ecológica a las alertas meteorológicas previas a la catástrofe. "¿Se le va a preguntar por qué su vicepresidenta de Transición Ecológica no atendió a las alertas? ¿En ese caso las responsabilidades son dispares?", ha interrogado.
Esta comparación pone de manifiesto lo que Garat considera una posible disparidad de criterios en función del color político de los investigados. La periodista sugiere que la intensidad y el enfoque de las pesquisas no siempre responden a una lógica estrictamente judicial, sino que pueden estar condicionadas por consideraciones de índole política.
Los detalles de la polémica comida
Este mismo miércoles han trascendido los detalles específicos de la comida que compartieron Mazón y Vilaplana en El Ventorro. Según la factura incorporada al sumario, ambos consumieron dos menús por un importe total de 165 euros, cargo que se hizo al PP de la Comunitat Valenciana.
El documento judicial especifica que la comida tuvo lugar en la mesa 106 del establecimiento, donde disfrutaron de "dos menús concertados". La factura, cuya hora de expedición no consta en el texto facilitado, ha sido aportada por el propietario del restaurante, quien ya ha prestado declaración como testigo ante la jueza de Catarroja.
Además de la documentación contable, el propietario de El Ventorro ha entregado a la instrucción dos fotografías del reservado donde se ubicaron los comensales. Las imágenes muestran una mesa ovalada con cinco sillas dispuestas en una sala de 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho, decorada con dos amplios ventanales y un pequeño mueble auxiliar. También se ha incorporado el plano en planta de la estancia.
Estos detalles, que la defensa de Mazón considera irrelevantes, han sido precisamente los que han desatado la crítica de Garat. Para la periodista, este nivel de minuciosidad refuerza su tesis de que la investigación pierde foco y se enreda en cuestiones que no contribuyen a esclarecer las responsabilidades reales en la gestión de la emergencia.
El debate sobre la independencia judicial
Las declaraciones de Garat han reabierto el debate sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia en casos de alto perfil político. La comunicadora, sin cuestionar la necesidad de investigar las presuntas negligencias, sí pone en duda la utilidad de ciertas diligencias que considera más propias de la curiosidad morbosa que de una investigación seria y rigurosa.
El caso de la DANA en la Comunitat Valenciana ha generado una intensa polémica social y política, con numerosas críticas a la gestión de la emergencia por parte de las autoridades autonómicas. La investigación judicial busca determinar si existieron negligencias en la activación de los protocolos de alerta y si las autoridades estaban disponibles y coordinadas en los momentos críticos.
En este contexto, la figura de Mazón ha quedado bajo el escrutinio público, especialmente después de que se conociera que estaba en un restaurante mientras se desarrollaba la catástrofe. La justicia debe determinar si su ausencia constituye un delito de prevaricación o negligencia grave, pero para Garat, el camino no pasa por saber si el menú incluía marisco o carne.
La periodista defiende que una instrucción judicial seria debe centrarse en los horarios, las comunicaciones, las decisiones tomadas y los protocolos activados, no en los detalles gastronómicos de una comida que, de por sí, ya ha sido ampliamente cuestionada por la opinión pública.
Una polémica que divide opiniones
Las palabras de Ketty Garat han generado reacciones encontradas. Por un lado, quienes comparten su visión de que la justicia no debe convertirse en un circo mediático donde el morbo sustituye a la evidencia. Por otro, quienes consideran que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser relevante para reconstruir la verdad de los hechos.
La factura del restaurante, por ejemplo, podría servir para confirmar o desmentir las declaraciones previas de los implicados sobre la duración y naturaleza del encuentro. Sin embargo, Garat sostiene que este tipo de información debería ser secundario y no el centro de la investigación.
El tiempo dirá si la magistrada considera relevante este tipo de pruebas o si, por el contrario, se centra en los aspectos que la periodista considera realmente determinantes: el minutaje exacto, las comunicaciones oficiales y las decisiones de gestión tomadas durante la crisis.
Mientras tanto, la polémica sirve para poner sobre la mesa un debate más amplio sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones cuando están en juego altos cargos públicos y si la sociedad y los medios de comunicación no contribuyen, con su demanda de detalles cada vez más íntimos, a una judicialización excesiva de la política.
Para Garat, la línea entre la rendición de cuentas legítima y el escarnio público es cada vez más delgada, y la petición del menú del restaurante sería un claro ejemplo de cómo se puede cruzar esa línea sin aportar valor real a la búsqueda de la verdad.