La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha posicionado claramente su visión sobre la crisis habitacional en España. En su último informe, el Estudio Económico de España 2025, el organismo parisino defiende que las ayudas directas al inquilino representan una herramienta mucho más eficiente que las políticas de contención de precios o la tributación sobre inmuebles desocupados.
El documento, elaborado con carácter bianual, analiza en profundidad las particularidades del mercado residencial español. Según sus expertos, la escasez de vivienda social y la fragmentación de los programas de asistencia actualmente vigentes justifican un cambio de enfoque hacia un modelo más centralizado y focalizado.
Las carencias del sistema actual de ayudas
La OCDE no duda en calificar el panorama actual de asistencia al arrendamiento como limitado y disperso. Las ayudas, gestionadas principalmente por las comunidades autónomas, sufren de una financiación insuficiente y una focalización deficiente que merma su impacto real en los hogares más vulnerables.
El organismo alerta que esta atomización territorial impide crear un marco homogéneo que garantice la equidad entre territorios. Un ciudadano de Madrid puede acceder a un tipo de subsidio que otro de Castilla-La Mancha no tiene, generando desigualdades en el acceso a la vivienda que dependen únicamente del código postal.
Ante esta situación, la OCDE aboga por la creación de un esquema nacional unificado que aglutine todos los programas existentes bajo criterios comunes. Este sistema debería ser selectivo según los ingresos del hogar y vinculado directamente a contratos de arrendamiento en el mercado privado, lo que permitiría una mejor distribución de los recursos públicos.
Por qué las ayudas directas son más efectivas
La principal virtud de los subsidios al inquilino, según el informe, radica en su capacidad para mejorar la equidad sin distorsionar el mercado. Al fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias con menos recursos, se facilita su acceso a la vivienda sin interferir directamente en la formación de precios.
La OCDE insiste en que cualquier ampliación de estas ayudas debe coordinarse necesariamente con políticas que incrementen la oferta de vivienda. De lo contrario, el riesgo es evidente: una mayor demanda artificial sin un parque inmobiliario acorde puede desembocar en una inflación de precios que acabe beneficiando a los propietarios, quienes captarían gran parte de la subvención pública a través de alquileres más elevados.
Este fenómeno, conocido como "captura de la ayuda", se produce cuando los subsidios no van acompañados de medidas de oferta. El dinero público termina en manos de los arrendadores en lugar de aliviar la carga de los arrendatarios, lo que perpetúa el problema en lugar de solucionarlo.
Los topes de alquiler, una solución parcial
Respecto a la medida estrella de muchas administraciones, la OCDE muestra escepticismo. Considera que la efectividad de los límites máximos a la subida de precios resulta muy limitada si no se acompaña de una expansión significativa del parque disponible.
El informe cita la experiencia de países como Estados Unidos y Reino Unido, donde la regulación de precios sin incremento de oferta ha generado efectos contraproducentes. En muchas ciudades, los controles han reducido la rentabilidad de los propietarios, disuadiéndoles de poner sus inmuebles en el mercado y, paradójicamente, agravando la escasez.
La conclusión es clara: los topes de alquiler pueden funcionar como medida temporal, pero no constituyen una solución estructural al problema de fondo, que es la insuficiencia de vivienda en las zonas de mayor demanda.
El impuesto a viviendas vacías, complejo de aplicar
Otra de las propuestas recurrentes en el debate nacional es la tributación de inmuebles desocupados
. La OCDE, aunque reconoce la buena intención detrás de esta iniciativa, califica su implementación de "compleja".El organismo se apoya en el caso de Portugal, donde el impuesto sobre viviendas vacías ha enfrentado importantes dificultades de aplicación. La limitada capacidad administrativa de los ayuntamientos para identificar y gestionar estas propiedades ha mermado significativamente su eficacia.
Además, la OCDE advierte de la necesidad de definir con precisión qué se entiende por vivienda vacía. La distinción entre una propiedad desocupada temporalmente, una segunda residencia o un inmueble en proceso de venta requiere una regulación minuciosa que muchas administraciones locales no están preparadas para asumir.
El informe sugiere que, de aplicarse, el gravamen debería ser progresivo según el tiempo de desocupación y la ubicación del inmueble, siendo más elevado en zonas de alta demanda residencial.
La realidad de las viviendas desocupadas en España
España cuenta con aproximadamente 3,8 millones de viviendas vacías, un dato que a primera vista sugiere un desequilibrio evidente entre oferta y demanda. Sin embargo, la OCDE matiza esta cifra con un análisis geográfico detallado.
El 33% de estas propiedades se localiza en municipios de menos de 1.000 habitantes, zonas que sufren de falta de oportunidades laborales y de servicios básicos. En estas áreas rurales, el problema no es la accesibilidad económica, sino la viabilidad de residir en ellas.
Por el contrario, solo el 18% de las viviendas vacías se encuentran en ciudades medianas o grandes, que concentran el 53% de la población española. Esta distribución territorial explica por qué la simple existencia de millones de casas desocupadas no resuelve el problema de acceso en las zonas donde realmente se demanda vivienda.
La conclusión es contundente: la mayoría de las viviendas vacías están donde "la gente no quiere vivir", como señala literalmente el informe. Por tanto, cualquier política que pretenda movilizar este parque debe enfocarse en la rehabilitación y la creación de oportunidades en estos territorios, no solo en su tributación.
Recomendaciones para una política habitacional integral
La OCDE no se limita a criticar las medidas existentes, sino que traza una hoja de ruta para una política de vivienda más efectiva. El eje central es la coordinación entre ayudas a la demanda y estímulos a la oferta.
Entre sus recomendaciones destacan:
- Consolidar los programas de ayuda en un sistema nacional con criterios uniformes de selección.
- Vincular los subsidios a ingresos del hogar para garantizar que lleguen a quienes más los necesitan.
- Incrementar la oferta pública y privada mediante incentivos fiscales y agilización de tramitaciones.
- Mejorar la eficiencia energética del parque existente para reducir costes de mantenimiento.
- Desarrollar instrumentos de datos que permitan monitorizar en tiempo real el estado del mercado.
El organismo insiste en que la vivienda es un pilar fundamental de la cohesión social y que su escasez en zonas de oportunidad limita la movilidad social y el crecimiento económico. Por ello, urge a las administraciones a adoptar un enfoque de largo plazo que vaya más allá de las soluciones coyunturales.
En definitiva, la OCDE dibuja un panorama donde la intervención directa en favor del inquilino, combinada con una política activa de incremento de la oferta, supera con claridad a las medidas de control de precios o tributación de vacantes. La clave está en la eficiencia, la focalización y la coordinación de todas las políticas implicadas.