La estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid para dar salida a sus viviendas de alquiler asequible ha dado un giro controvertido. Más de 130 pisos del Plan Vive, la iniciativa estrella de Isabel Díaz Ayuso para facilitar el acceso a la vivienda, permanecen vacíos en localidades como San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos. Ante esta situación, la empresa concesionaria Sogeviso ha decidido anunciarlos en el portal inmobiliario Idealista bajo la marca comercial Park View Madrid, sin mencionar explícitamente que se trata de vivienda pública.
El Plan Vive nació con el objetivo de convertirse en la solución a la crisis de acceso a la vivienda en la región. Con cifras que superan las 5.000 unidades entregadas, según los comunicados oficiales, la administración madrileña presenta el programa como un éxito rotundo. Sin embargo, la realidad en el terreno muestra una imagen diferente. Los pisos vacíos acumulados en determinadas promociones han obligado a buscar alternativas creativas, aunque cuestionables, para atraer inquilinos.
La táctica de marketing adoptada consiste en ocultar la titularidad pública de estas viviendas. Bajo el nombre de Park View Madrid, los anuncios ofrecen pisos de obra nueva de 85 metros cuadrados con tres habitaciones por 1.284 euros mensuales en San Sebastián de los Reyes. La descripción detalla las características del inmueble y la urbanización, pero omite cualquier referencia al carácter público de la vivienda o al Plan Vive. Esta omisión no es casual, sino una decisión estratégica para competir en el mercado privado sin las connotaciones que pueda tener para algunos sectores el etiquetado de "vivienda pública".
Los datos de visualización del portal hablan por sí mismos. La oferta mencionada ha acumulado más de 62.000 visitas, con casi 6.000 usuarios guardándola en favoritos. Estas cifras demuestran el interés por este tipo de viviendas, pero también la confusión generada al presentarlas como una opción privada más del mercado. La pregunta que surge es por qué viviendas consideradas "asequibles" no encuentran ocupantes a través de los canales administrativos tradicionales.
El principal escollo parece ser el precio. Los 1.284 euros de ejemplo, que pueden alcanzar los 1.400 euros en otras unidades, chocan frontalmente con el concepto de asequibilidad para gran parte de la población madrileña. Narciso Romero, ex alcalde de San Sebastián de los Reyes y actual portavoz de la oposición socialista, no duda en calificar la situación de "tomadura de pelo". Según su visión, si realmente fueran viviendas asequibles, no tendrían problemas para encontrar inquilinos a través de los procedimientos administrativos establecidos.
La crítica va más allá. Romero considera que el modelo está fallando y que anunciarse en Idealista "es ya el colmo de este disparate". La contradicción entre denominar "asequible" un alquiler de 1.400 euros mensuales y la necesidad de camuflarlo como producto privado revelaría las debilidades estructurales del programa. El hecho de que se utilice suelo público para promociones con precios cercanos al mercado privado genera rechazo entre los sectores más críticos.
Desde la óptica del consumidor, la falta de transparencia plantea interrogantes sobre la legalidad de la práctica. Actualmente, el Ministerio de Consumo confirma que ofrecer vivienda pública sin especificar su condición no constituye una infracción legal. Sin embargo, el panorama cambiará próximamente. La futura Ley de Atención a la Clientela, ya aprobada por el Congreso y pendiente de su paso por el Senado, establecerá la obligatoriedad de informar claramente sobre la naturaleza pública de estas viviendas.
Esta situación pone de manifiesto el debate sobre qué entendemos por vivienda asequible y cómo debe gestionarse. Mientras en otras comunidades autónomas se apuesta por modelos de control de precios y vivienda social con alquileres significativamente más bajos, Madrid defiende un sistema que se acerca a las dinámicas del mercado libre. La diferencia radica en que el suelo es público y que, teóricamente, los precios deberían estar por debajo de los del mercado.
La estrategia de marketing desesperada de Sogeviso refleja una tendencia preocupante: la privatización encubierta de servicios públicos. Al presentar viviendas públicas como productos privados, se diluye la responsabilidad social del programa y se confunde al ciudadano. ¿Está buscando vivienda pública quien navega por Idealista buscando opciones privadas? ¿O al revés? La falta de claridad perjudica tanto a potenciales inquilinos que desconocen estas opciones como a la propia eficacia del programa.
El éxito del Plan Vive, medido únicamente por unidades construidas y entregadas, pierde sentido si una parte significativa permanece vacía. La ocupación real debe ser el indicador clave de cualquier política de vivienda. Anunciarse en portales privados puede ser una solución temporal, pero no aborda el problema de fondo: la desconexión entre precios y capacidad adquisitiva de la población objetivo.
La polémica llega en un momento de máxima tensión en el mercado madrileño, donde los precios del alquiler han alcanzado niveles históricos. Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda llevan años denunciando la insuficiencia de las políticas regionales. Para ellas, casos como el de Park View Madrid demuestran que el modelo actual no responde a las necesidades reales de las familias.
La administración regional, por su parte, mantiene el discurso del éxito y la innovación en la gestión. La colaboración público-privada es su bandera, y argumentan que la flexibilidad en la comercialización es necesaria para garantizar la sostenibilidad del programa. Sin embargo, la opacidad en la comunicación genera desconfianza y abre el flanco a críticas sobre la gestión de recursos públicos.
A medida que se acerca la entrada en vigor de la nueva normativa de consumo, Sogeviso y otras empresas concesionarias tendrán que adaptar sus estrategias. La obligatoriedad de transparentar la condición pública de las viviendas podría suponer un punto de inflexión. ¿Continuarán anunciándose en portales privados con la etiqueta de vivienda pública? ¿O desarrollarán canales propios más efectivos?
Lo que está claro es que la crisis de la vivienda requiere soluciones reales, no maquillaje de marketing. Mientras los jóvenes y familias de rentas medias y bajas siguen viendo imposible acceder a un alquiler digno en Madrid, las políticas públicas deben priorizar la efectividad sobre la propaganda. El caso de Park View Madrid en Idealista es un síntoma de un modelo que necesita revisión profunda.
La transparencia, la asequibilidad real y la accesibilidad deben ser los pilares de cualquier política de vivienda pública. Ocultar la naturaleza de estas viviendas para colocarlas en el mercado no solo es una estrategia cuestionable, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones. El derecho a la vivienda no se resuelve con anuncios en portales inmobiliarios, sino con precios acordes a los salarios y procesos claros y accesibles para todos.