El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vuelto a echar mano de un instrumento jurídico excepcional para sacar adelante las cuentas municipales y blindar su posición al frente del consistorio. Se trata de la denominada cuestión de confianza, un mecanismo previsto en la legislación electoral que permite a los regidores someter su liderazgo a votación y condicionar la aprobación de decisiones clave al resultado de esa consulta.
Este miércoles, el pleno del Ayuntamiento barcelonés ha debatido esta cuestión de confianza, que finalmente no ha recibido el respaldo de la mayoría de formaciones políticas. Todos los grupos salvo el PSC y ERC han rechazado otorgar su aval al gobierno municipal. Sin embargo, este revés temporal podría convertirse en un éxito para Collboni si en las próximas semanas no se articula una alternativa de gobierno con suficiente apoyo numérico.
El marco legal de la cuestión de confianza
La ley orgánica de régimen electoral regula este procedimiento especial que vincula la supervivencia política del alcalde con la aprobación de determinados acuerdos estratégicos. Concretamente, la normativa permite asociar la cuestión de confianza a cuatro tipos de decisiones fundamentales: los presupuestos municipales, el reglamento orgánico del consistorio, las ordenanzas fiscales y la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico general.
El objetivo de esta herramienta es doble: por un lado, desbloquear situaciones de estancamiento en asuntos cruciales para la gestión municipal; por otro, poner a prueba la solidez del gobierno local. Cuando un alcalde activa este mecanismo, está poniendo su cargo sobre la mesa como garantía para que se aprueben medidas que considera imprescindibles.
Consecuencias de un rechazo en el pleno
Cuando la cuestión de confianza no obtiene la mayoría necesaria, las consecuencias son inmediatas pero no definitivas. La ley establece que el edil que no consigue revalidar la confianza cesa automáticamente en su cargo, aunque permanece en funciones hasta que se produzca la toma de posesión de quien deba sustituirle.
No obstante, este cese no es automáticamente efectivo. La normativa contempla un período de reflexión de un mes durante el cual puede presentarse una moción de censura con un candidato alternativo. Si transcurrido ese plazo no se ha registrado ninguna moción, o si la presentada no prospera, se entenderá que la confianza ha sido otorgada de forma tácita y el proyecto vinculado quedará aprobado.
En el caso de Barcelona, la aritmética política hace inviable una alternativa de gobierno. Las fuerzas que han rechazado la cuestión de confianza son antagónicas entre sí y no disponen de los apoyos necesarios para construir una mayoría estable. Por tanto, todo apunta a que, pese al rechazo inicial, Collboni saldrá reforzado del proceso y los presupuestos terminarán aprobándose.
Límites y restricciones del mecanismo
La legislación no permite el uso indiscriminado de esta herramienta. La ley de régimen electoral establece claras limitaciones: cada alcalde solo puede plantear una cuestión de confianza por año, contando desde el inicio de su mandato. Además, durante toda la legislatura no puede recurrir a este mecanismo más de dos veces.
Otra restricción importante es la prohibición de activar una cuestión de confianza durante el último año de mandato. Esta medida busca evitar que los alcaldes en funciones utilicen esta herramienta en periodos preelectorales para condicionar la agenda política.
Collboni ya empleó este mecanismo en su primer año de mandato para aprobar los presupuestos. El año pasado, al no contar con apoyos suficientes, tuvo que conformarse con una prórroga de las cuentas. Ahora, en su tercer intento, vuelve a la carga con la cuestión de confianza, consumiendo así su segunda y última oportunidad de esta legislatura.
El contexto político barcelonés
La situación de Collboni refleja la complejidad del panorama municipal barcelonés. Desde que accedió a la Alcaldía, el socialista ha tenido que navegar sin mayoría absoluta y buscar apoyos puntuales para sacar adelante su agenda. Los presupuestos se han convertido en su talón de Aquiles, resistiéndose en cada ejercicio.
En esta ocasión, el alcalde ha decidido jugárselo todo a una carta. Consciente de que no logrará el respaldo explícito del pleno, confía en que la incapacidad del resto de fuerzas para articular una alternativa le permitirá mantenerse en el cargo y ver aprobados los presupuestos por la vía de la no-presentación de una moción de censura.
La estrategia es arriesgada pero calculada. La ley de régimen electoral especifica que "se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera". Esta redacción clara deja poco margen a la interpretación.
Implicaciones para la gobernabilidad
El uso recurrente de la cuestión de confianza plantea debates sobre la salud democrática de las instituciones locales. Por un lado, permite desbloquear situaciones de parálisis y garantiza que los gobiernos puedan cumplir con sus funciones básicas. Por otro, evidencia la dificultad de los alcaldes para construir mayorías estables y negociar acuerdos duraderos.
En el caso de Barcelona, el mecanismo ha demostrado ser un comodín efectivo para Collboni, aunque también revela su debilidad parlamentaria. La oposición, por su parte, se ve obligada a una danza compleja: debe votar en contra para mantener su discurso crítico, sabiendo que su rechazo no conducirá al cambio de gobierno que proclaman.
La situación también pone de manifiesto las particularidades del sistema municipal español, donde la figura del alcalde goza de una protección especial frente a la inestabilidad política. Mientras no exista una alternativa clara y mayoritaria, el ejecutivo local puede mantenerse en el poder incluso tras perder votaciones concretas.
Perspectivas de futuro
Con esta segunda cuestión de confianza consumida, Collboni se queda sin esta herramienta para el resto de su mandato. El próximo año, si vuelve a encontrarse sin apoyos para los presupuestos, deberá buscar otras vías de negociación o recurrir a la prórroga de cuentas.
El mecanismo, previsto como excepcional, se ha convertido en una práctica recurrente en la política municipal barcelonesa. Su uso pone en cuestión la capacidad de diálogo y pacto entre las fuerzas políticas y refuerza la tendencia a la personalización del poder en la figura del alcalde.
Mientras tanto, los barceloneses contemplan cómo sus representantes utilizan mecanismos legales complejos para sortear la falta de acuerdos. La efectividad de la cuestión de confianza como herramienta de gobierno queda demostrada, pero también sus costes en términos de legitimidad y confianza institucional.