La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido un informe en el que reconoce el excelente comportamiento de la economía española, que ha superado las previsiones de crecimiento respecto a otros países europeos. Sin embargo, este reconocimiento viene acompañado de una serie de advertencias y recomendaciones que ponen el foco en dos grandes desafíos: la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de una reforma fiscal integral.
El documento, presentado este miércoles, no se limita a un análisis del momento actual, sino que dibuja un mapa de actuación para las próximas décadas. Y en ese horizonte, la institución que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo ve problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas.
El reto de las pensiones: un gasto creciente sin freno
A pesar de las reformas recientes implementadas por el Gobierno español —como el incremento de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la renovación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos— la OCDE considera que estas medidas son insuficientes. Según sus proyecciones, la distancia entre el gasto y los ingresos del sistema público de pensiones se seguirá ampliando en las próximas décadas.
El organismo internacional propone una batería de medidas adicionales para cerrar esta brecha. Entre las más destacadas figura la creación de un mecanismo automático de ajuste vinculado a la esperanza de vida, que ya supera los 84 años en España. Esta medida implicaría retrasar la edad de jubilación o modificar las condiciones de acceso a la pensión completa en función de la evolución de la longevidad de la población.
Otra recomendación clave es la ampliación del periodo de referencia para calcular la pensión. Actualmente, el sistema español considera los últimos 25 años de cotización, pero la OCDE sugiere ampliar este marco temporal para reflejar mejor la trayectoria laboral completa de los trabajadores y evitar distorsiones.
El informe cita los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que estima que el gasto en pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050. Si a esto se suman otros gastos relacionados con el envejecimiento, como la dependencia y la sanidad, la cifra alcanza los 5,2 puntos adicionales de PIB.
La carga sobre el trabajo, un freno al empleo
Una de las críticas más contundentes de la OCDE se dirige a la presión fiscal que recae sobre el trabajo. El organismo advierte que nuevos incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social podrían tener efectos negativos sobre la creación de empleo y la competitividad de la economía española.
En 2023, la ratio de impuestos respecto al PIB en España alcanzó el 37,3%, una cifra superior al promedio del 33,9% entre los países de la OCDE. Sin embargo, esta mayor presión fiscal no se traduce en una recaudación más eficiente, sino que refleja una estructura desequilibrada que penaliza excesivamente las rentas del trabajo.
El informe subraya que esta configuración fiscal desincentiva la contratación y puede ralentizar la recuperación del mercado laboral, especialmente para colectivos vulnerables como los jóvenes y los trabajadores de mayor edad.
Más impuestos al consumo, menos al trabajo
Frente a la carga sobre las nóminas, la OCDE aboga por un reequilibrio hacia la tributación del consumo. España recauda menos por esta vía que la mayoría de sus socios europeos, lo que representa una oportunidad para aumentar los ingresos públicos sin dañar la competitividad laboral.
Entre las medidas concretas que propone el organismo destacan:
- Armonizar los tipos del IVA y reducir las exenciones y tipos reducidos que actualmente existen para numerosos productos y servicios.
- Igualar los impuestos especiales sobre diésel y gasolina, eliminando la ventaja fiscal que actualmente tiene el combustible diésel.
- Reforzar la tributación sobre la energía y los vehículos, alineándose con los objetivos de transición ecológica y sostenibilidad medioambiental.
- Reducir las cuñas fiscales para las familias de bajos ingresos, protegiendo así a los hogares más vulnerables de un posible efecto regresivo de estas medidas.
Esta reforma fiscal integral busca no solo aumentar la recaudación, sino también mejorar la eficiencia del sistema y reducir el gasto público ineficiente que, según la OCDE, aún persiste en diversas áreas de la Administración.
El envejecimiento, la factura pendiente
El informe dedica gran parte de sus 132 páginas a analizar el impacto de la transición demográfica en las finanzas públicas españolas. El envejecimiento de la población no es una novedad, pero sus consecuencias económicas se acelerarán en las próximas décadas.
La OCDE advierte que el gasto en pensiones creará un volumen creciente de pasivos implícitos que actualmente no están provisionados. La indexación de las pensiones a la inflación, combinada con la ausencia de ajustes automáticos por longevidad, incrementará los costes del sistema de forma exponencial.
Este escenario pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo. Para que España mantenga una trayectoria de reducción del endeudamiento, es imprescindible —según el organismo— abordar de forma decidida estos desafíos estructurales.
El dilema político y social
Las recomendaciones de la OCDE no son vinculantes, pero sí influyentes. Su análisis técnico refuerza el debate sobre la necesidad de una gran pacto de Estado por las pensiones que trascienda legislaturas y garantice la viabilidad del sistema.
Sin embargo, estas propuestas chocan con líneas rojas políticas. El ajuste por esperanza de vida, por ejemplo, ha sido rechazado en el pasado por sindicatos y partidos de izquierdas, que lo consideran una forma encubierta de recortar derechos adquiridos. Por su parte, la subida de impuestos al consumo es una medida impopular que afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos.
El Gobierno español ha defendido sus reformas recientes, argumentando que el MEI ya contempla un ajuste automático vinculado a la evolución del sistema. No obstante, la OCDE insiste en que estas medidas son insuficientes para hacer frente al tsunami demográfico que se avecina.
Una hoja de ruta para la sostenibilidad
Más allá de las pensiones y los impuestos, el informe de la OCDE dibuja una hoja de ruta más amplia para fortalecer la economía española. Destaca la importancia de seguir avanzando en la digitalización del sector público, mejorar la eficiencia en la gestión sanitaria y reducir la temporalidad laboral.
El organismo también alaba los avances en la transición energética y la capacidad de España para atraer inversión extranjera, pero advierte que estos logros podrían verse eclipsados si no se resuelven las tensiones fiscales estructurales.
En definitiva, la OCDE envía un mensaje claro: España ha gestionado bien la crisis reciente, pero debe prepararse para los desafíos de largo plazo con decisión política y reformas ambiciosas. La sostenibilidad de las pensiones y la equidad del sistema fiscal no son problemas que puedan posponerse indefinidamente.
El reto está en traducir estas recomendaciones técnicas en políticas públicas viables social y políticamente, sin comprometer la viabilidad futura del Estado de bienestar. Un equilibrio complejo, pero necesario para garantizar la prosperidad de las próximas generaciones.