El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha protagonizado una contundente declaración pública tras conocerse la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una entrevista concedida al programa 24 horas de Radio Nacional de España, Lobato ha defendido un principio básico: las irregularidades deben perseguirse sin importar el color político del afectado. Esta postura surge en un momento de máxima tensión institucional, justo después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestara que el Gobierno respeta pero no comparte el fallo del Tribunal Supremo.
Las palabras de Lobato resuenan con especial intensidad en el actual clima político español. "Aquí se han hecho cosas mal. Es importante que en este país tengamos consenso de lo que está bien y lo que está mal", ha enfatizado el dirigente socialista, marcando una línea clara entre la lealtad partidaria y la responsabilidad institucional. Su mensaje busca trascender las divisiones ideológicas para establecer un estándar común de conducta pública.
El exlíder de los socialistas madrileños ha hecho una llamada a la honestidad política, instando a reconocer como hecho cierto la filtración de información privada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Paralelamente, ha calificado de "lamentable" la comisión de un fraude fiscal en este caso, demostrando su capacidad para condenar simultáneamente ambas irregularidades sin entrar en relativismos partidistas.
Una de las afirmaciones más controvertidas de Lobato ha sido su defensa del fiscal condenado. A pesar de la sentencia, ha mantenido que García Ortiz no debe ser tratado como un "delincuente común", sino que el propio proceso judicial demuestra que "funciona el Estado de derecho". Esta distinción entre la gravedad del delito y la naturaleza del infractor refleja una visión matizada del sistema de justicia, donde el proceso mismo valida la solidez institucional.
Además, Lobato ha aprovechado la ocasión para desmentir categóricamente cualquier tipo de contacto previo con el fiscal general. "Nunca he recibido información ni documentación por su parte", ha asegurado, desvinculándose así de las presuntas filtraciones que llevaron a su dimisión el pasado 27 de noviembre.
La renuncia de Lobato a su cargo se produjo en medio de una tormenta política sin precedentes. El escándalo estalló cuando se hizo público su registro notarial de conversaciones mantenidas con Pilar Sánchez Acera, asesora del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Estos mensajes versaban sobre los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, convirtiéndose rápidamente en el centro de un huracán mediático.
En su momento, Lobato denunció lo que consideró un "linchamiento" por parte de los propios dirigentes de su formación política. Justificó su dimisión como un acto de responsabilidad: "Para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido", explicó. Su objetivo era proteger al PSOE madrileño de los daños colaterales y preservar la unidad construida durante tres años de trabajo.
La comparecencia de Lobato como testigo en la tercera jornada del juicio al fiscal general marcó un punto de inflexión. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, desvinculó completamente a la Moncloa de cualquier participación en la filtración de los correos electrónicos del caso de fraude fiscal. Esta testimonio resultó crucial para la defensa del Ejecutivo, aunque también le expuso a críticas internas.
En su intervención radial, Lobato ha extendido su crítica al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Les ha instado a "elevar el debate" y a abstenerse de solicitar dimisiones indiscriminadas. "Que el PP salga a pedir dimisiones... Sería una buena oportunidad para que Feijóo se elevara por encima de este debate", ha sostenido, en respuesta a las demandas del líder conservador, quien había reclamado la marcha de Pedro Sánchez y nuevas elecciones si tenía "un mínimo de decencia".
La visión de Lobato sobre el papel del fiscal en esta trama es implacable. Considera que García Ortiz "se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo" y actuó con "ciega obediencia" en una operación diseñada para atacar al Partido Popular, concretamente a la presidenta de una comunidad autónoma. Esta interpretación sugiere una manipulación institucional que, según él, trasciende la mera responsabilidad individual.
Respecto a la inminente declaración de Isabel Díaz Ayuso, anunciada para este viernes, Lobato ha mostrado escasa expectativa. "La estrategia de Ayuso es la provocación", ha remarcado, anticipando una intervención diseñada para la confrontación política más que para la aclaración de los hechos. Esta previsión refleja la profunda desconfianza entre ambas formaciones políticas.
El análisis de Lobato revela una preocupación fundamental por la salud de las instituciones democráticas. Su llamado a un consenso básico sobre límites éticos busca despolitizar la rendición de cuentas. En un momento donde la polarización amenaza con erosionar la confianza ciudadana, su postura representa un intento de reestablecer estándares mínimos de conducta pública.
La complejidad del caso radica en la superposición de dos problemas distintos pero interrelacionados: la filtración de datos privados por parte de instituciones del Estado y la comisión de delitos fiscales por parte de particulares. Lobato insiste en que ambos aspectos deben juzgarse por separado, sin que uno justifique el otro, estableciendo así un principio de responsabilidad universal.
La dimisión de Lobato, lejos de ser un acto de debilidad, puede interpretarse como una defensa de la cohesión partidaria frente a presiones externas e internas. Su gesto, aunque le costó el liderazgo regional, le permite ahora hablar con una autoridad moral que pocos dirigentes socialistas pueden reclamar. Ha pasado de ser protagonista de la polémica a crítico independiente de sus consecuencias.
La reacción del Gobierno, a través de Félix Bolaños, ilustra el dilema entre lealtad institucional y discrepancia política. Respetar sin compartir es una fórmula que busca equilibrar la defensa de un alto cargo con la necesidad de marcar distancias con decisiones judiciales impopulares. Esta ambigüedad, sin embargo, genera más preguntas que respuestas sobre la coherencia del Ejecutivo.
El futuro inmediato de la política española parece marcado por esta crisis. Las demandas de dimisión cruzadas, las filtraciones, los juicios y las contrarreplicas configuran un escenario de combate político donde las instituciones se convierten en campo de batalla. La voz de Lobato, aunque desde la orilla, intenta introducir una nota de racionalidad en este clima de confrontación.
En última instancia, el mensaje del exdirigente socialista apela a una regeneración democrática basada en hechos, no en intereses. Su experiencia personal le convierte en testigo privilegiado de los riesgos de la politización de la justicia. La pregunta que queda en el aire es si sus colegas, tanto en el PSOE como en el PP, estarán dispuestos a escuchar su llamado a la responsabilidad compartida.