En el corazón de la provincia de Toledo, la localidad de Alberche del Caudillo sigue arrastrando un nombre impuesto durante la dictadura franquista. Aunque la Ley de Memoria Democrática de 2022 exige la eliminación de topónimos que glorifiquen al régimen, este municipio —con apenas 1.717 habitantes— ha decidido paralizar el proceso de cambio desde febrero de 2023. La razón oficial: la ausencia de un catálogo oficial de vestigios franquistas, un documento que aún no ha sido publicado por el Gobierno central.
Alberche del Caudillo es una entidad menor dependiente del Ayuntamiento de Calera y Chozas. Su nombre fue impuesto en 1958 por el Instituto Nacional de Colonización, una institución que repobló zonas agrícolas con nombres que exaltaban a Franco. Hoy, solo seis pueblos en toda España conservan estos topónimos: además de Alberche, están Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Hasta agosto de 2024, también figuraba Villafranco del Guadalhorce (Málaga), pero su pedanía aprobó finalmente el cambio.
El proceso en Alberche comenzó con una resolución firmada por la alcaldesa pedánea, Ana Isabel Rivelles (PP), que instaba a la “redefinición inmediata del nombre”. Sin embargo, poco después, el Ayuntamiento de Calera y Chozas —al que pertenece administrativamente Alberche— encargó un informe jurídico que justificaba la paralización. Según el alcalde de Calera y Chozas, Gregorio López, no se puede actuar sin un catálogo oficial que identifique los símbolos franquistas. “Nosotros estamos para cumplir la ley, pero si ésta no se ha desarrollado...”, declaró a SER Toledo. Añadió que reanudarán el procedimiento “cuando se publique el catálogo y esté dentro”, asegurando: “Se hará”.
Este argumento ha sido criticado por Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria democrática. Para él, la ley no exige esperar a ese catálogo para actuar en casos claros como este. “Es una interpretación poco rigurosa”, señala Ranz. Según el letrado, la norma incluye un artículo específico sobre topónimos franquistas y solo sería necesario esperar al catálogo si hubiera duda o confusión sobre la naturaleza del nombre —algo que no ocurre en Alberche.
Ranz también ha denunciado la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la ley le otorga competencias exclusivas para sancionar incumplimientos —incluso congelando subvenciones—, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida. “Al Ayuntamiento de Alberche, este incumplimiento le está saliendo gratis”, lamenta. El abogado incluso recurrió al Defensor del Pueblo, pero hasta la fecha, “todo sigue igual”.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente un decreto para la elaboración del catálogo de símbolos franquistas en espacios públicos. Será una comisión técnica la encargada de su redacción, y se actualizará periódicamente con nuevas propuestas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el documento estará listo antes de que termine el año. Pero aún no está claro si incluirá los nombres de municipios como Alberche.
En paralelo, Llanos del Caudillo (Ciudad Real) vive una situación similar. En 2018, un tribunal falló a favor del Ayuntamiento, argumentando que la ley vigente en ese momento —la Ley de Memoria Histórica— no mencionaba explícitamente los topónimos. Antes, en 2004, con un gobierno municipal del PSOE, se realizó una consulta popular: de 400 votos, solo 50 apoyaron el cambio. “Tenemos dificultades para recuperar a nuestros olvidados, pero también sufrimos la indignidad de ver calles, plazas y avenidas dedicadas a quienes ordenaron asesinar a nuestros familiares”, denuncia Ranz.
La paralización en Alberche del Caudillo refleja una tensión entre el cumplimiento de la ley y la interpretación política de sus exigencias. Mientras el Gobierno central trabaja en el catálogo, los vecinos de estos pueblos siguen viviendo bajo nombres que evocan una época que la democracia española busca superar. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo se permitirá que estos topónimos permanezcan sin consecuencias legales? La ley está, pero su aplicación depende de la voluntad política —y del catálogo que aún no existe.