Más de dos décadas han pasado desde que Juan Carretero, un jornalero de 66 años, quedó tetrapléjico tras un accidente de tráfico en una carretera de Sevilla. A pesar de que un juez ordenó una indemnización de un millón de euros, la familia aún no ha recibido esa cantidad. Lo que debería haber sido un proceso de justicia reparadora se ha convertido en una odisea burocrática que refleja el colapso del sistema judicial en el Juzgado de Utrera.
El accidente ocurrió el 29 de febrero de 2004, cuando Carretero viajaba en un vehículo que colisionó con una mula en la carretera que conecta Utrera con Los Palacios y Villafranca. El hombre, originario de Algodonales (Cádiz), se dirigía a trabajar en Huelva cuando su vida cambió para siempre. La sentencia judicial, emitida años después, reconoció su derecho a una indemnización millonaria, pero el cumplimiento de esa decisión se ha visto obstaculizado por una serie de fallos administrativos y retrasos inexplicables.
Según su abogado, Fernando Osuna, la familia solo ha logrado cobrar diez euros —una cantidad simbólica— en 2020, tras un proceso de embargo que apenas rozó los activos de los condenados. Este hecho no solo es indignante, sino que evidencia un fracaso institucional que ha dejado a la familia sin recursos y sin esperanza. En 2018, la Justicia reconoció el mal funcionamiento del juzgado y ordenó una multa adicional de 60.000 euros, pero incluso esa cantidad tardó un año en ser entregada.
La frustración de Carretero fue tan profunda que, según su letrado, murió con la sensación de haber sido abandonado por el sistema que debía protegerlo. "Murió frustrado tras 14 años de pésimo funcionamiento del órgano judicial de Utrera", afirmó Osuna. Entre los errores más absurdos, se cuenta que un atestado judicial tardó un año en trasladarse entre dos oficinas judiciales separadas por apenas 30 metros —y, para colmo, se entregó el documento equivocado, correspondiente a otro caso.
La familia ha solicitado el embargo de una finca propiedad de los condenados, pero hasta la fecha, esa petición sigue sin respuesta. Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural en la administración de justicia en España, donde los retrasos y la ineficiencia pueden convertir una sentencia en un papel sin valor.
¿Qué significa esto para la sociedad? Que la justicia no solo debe ser imparcial y rápida, sino también efectiva. Una sentencia que no se ejecuta no es justicia, es una promesa incumplida. En este caso, la falta de diligencia ha tenido consecuencias humanas devastadoras: un hombre que perdió su movilidad, su trabajo y su dignidad, y una familia que ha vivido dos décadas en la incertidumbre, sin recibir la compensación que la ley les otorgó.
El caso de Juan Carretero debería servir como un llamado de atención para las autoridades competentes. La justicia no puede depender de la buena voluntad de los funcionarios ni de la suerte de que los documentos lleguen a su destino. Se necesitan reformas estructurales, más recursos y una cultura de responsabilidad en los órganos judiciales. De lo contrario, casos como este seguirán multiplicándose, y con ellos, la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La familia de Carretero no busca solo dinero; busca reconocimiento, reparación y, sobre todo, justicia. Y aunque el tiempo no puede devolverle la movilidad ni la vida que perdió, sí puede devolverle la dignidad que le fue arrebatada por la negligencia institucional. Mientras tanto, su historia permanece como un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando el sistema falla a quienes más lo necesitan.
Es hora de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible para todos, sin excepciones. Porque si un millón de euros no puede cobrarse en 20 años, ¿qué garantías tenemos el resto de los ciudadanos de que la justicia nos alcanzará cuando la necesitemos?