Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han registrado este jueves por la mañana las instalaciones del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) en Bellaterra, como parte de la investigación judicial sobre el brote de peste porcina africana detectado en jabalís del parque de Collserola a finales de noviembre.
La operación, autorizada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, ha permitido la incautación de cepas virales manipuladas en el centro para cotejarlas con el patógeno identificado en los suidos salvajes afectados. Los animales fueron localizados muertos a menos de un kilómetro del laboratorio, lo que ha intensificado las sospechas sobre un posible escape del microorganismo desde las instalaciones de investigación.
Cerca de cuarenta efectivos del equipo conjunto de ambos cuerpos policiales se han presentado en la sede del CReSA poco antes de las nueve horas. En un comunicado oficial, las fuerzas de seguridad han destacado que la entrada se ha ejecutado respetando estrictamente los protocolos de bioseguridad propios de un centro de alto nivel de contención. La extracción de las muestras ha corrido a cargo de la unidad NRBQ de los Tedax, especialistas en amenazas nucleares, radiológicas, bacteriológicas y químicas, quienes han operado equipados con trajes de protección biológica.
Las muestras obtenidas serán trasladadas al Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura, ubicado en Algete (Madrid). Allí se realizará una primera comparación genómica para identificar similitudes en secuencias características del virus. Si se encuentran coincidencias significativas, los análisis pasarán al laboratorio de referencia de la Unión Europea, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos, donde se llevará a cabo una confirmación exhaustiva. Este mismo itinerario ya ha seguido el material remitido voluntariamente por el CReSA desde que se declaró la alerta.
Fuentes policiales consultadas matizan que esta actuación responde a la evolución lógica de una investigación que se abrió tras el primer atestado, presentado el pasado 9 de diciembre, y que fue declarada secreta por el juzgado. El registro no implica una presunción de culpabilidad del centro, sino que forma parte del procedimiento penal por posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que exige la intervención directa de los agentes en la recogida y custodia de pruebas biológicas.
Además del material biológico, los investigadores han requerido documentación técnica y han procedido a la clonación forense de dispositivos electrónicos y equipos informáticos del laboratorio. Esta medida busca reconstruir las cadenas de custodia de los virus estudiados y verificar cualquier anomalía en los procedimientos de seguridad.
El CReSA forma parte de la red de centros del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), una entidad pública dependiente de la Generalitat de Cataluña dedicada a la investigación en sanidad animal y seguridad alimentaria. Su labor incluye el estudio de enfermedades infecciosas de alto riesgo para el sector ganadero, como la peste porcina africana, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos y jabalís y que supone una amenaza devastadora para la industria porcina.
El brote detectado el 27 de noviembre en Collserola representa la primera aparición de la enfermedad en Cataluña y ha generado una alerta sanitaria de máximo nivel. La proximidad geográfica entre el foco de infección y el laboratorio que manejaba el patógeno ha centrado las pesquisas en el centro de investigación, aunque las autoridades sanitarias mantienen abiertas otras líneas de investigación.
La operación de este jueves marca un punto de inflexión en la crisis, al permitir la comparación directa entre las cepas del laboratorio y el virus circulante. Los resultados de los análisis, que podrían conocerse en las próximas semanas, determinarán si el origen del brote fue una fuga accidental o si, por el contrario, la coincidencia es fruto de la casualidad.
Mientras tanto, se mantienen las medidas de contención en el entorno de Collserola, con la instalación de zonas de restricción para el movimiento de animales y la intensificación de la vigilancia epidemiológica. El sector porcino catalán, que representa una parte significativa de la economía agraria regional, aguarda con preocupación los resultados, conscientes de que un brote no controlado podría tener consecuencias catastróficas.
La investigación judicial continúa su curso bajo secreto de sumario, con la colaboración de los servicios veterinarios autonómicos y estatales. La complejidad técnica del caso requiere la intervención de expertos internacionales, dada la relevancia de la peste porcina africana en el ámbito de la sanidad animal global.