Una nueva controversia surge en torno al histórico caso de la cantante mexicana Gloria Trevi, quien fue exonerada en 2004 de los delitos de corrupción y abuso de menores. Según información revelada por la periodista de investigación María Idalia Gómez, las autoridades judiciales de México estarían evaluando la posible reapertura del proceso que involucró a Trevi, al productor Sergio Andrade y a la también artista Mary Boquitas.
La comunicadora detalló durante una emisión del programa 'Aristegui Noticias' del 28 de noviembre que el motivo principal de esta revisión radica en una presunta irregularidad en la titulación del juez que dictaminó sobre el caso. El magistrado en cuestión, Javier Pineda Sola, quien en aquel entonces absolvió a Trevi y Boquitas mientras sentenciaba a Andrade, no contaría con la documentación oficial necesaria para ejercer como abogado y, por ende, como juez.
"En este momento se está analizando si el proceso o caso judicial que exoneró, por un lado, a Gloria Trevi y Mary Boquitas, y por el otro, sentenció muy bajito a Sergio Andrade, puede ser repuesto o no", manifestó Gómez en la transmisión. La periodista enfatizó que esta revisión judicial se sustenta en la reciente revelación de que Pineda Sola carecía de cédula profesional.
El escándalo se amplía al conocerse que el mencionado magistrado actualmente integra el equipo de defensa de Gloria Trevi, lo que ha generado cuestionamientos adicionales sobre conflictos de interés. La situación se complica aún más al recordar que el juez mantenía una relación personal directa con la fiscalía: era cónyuge de Patricia González Rodríguez, quien en ese momento ocupaba el cargo de fiscal de Chihuahua y participó activamente en la investigación.
El origen de este complejo caso judicial se remonta a 1999, cuando Teresita de Jesús Gómez, madre de la joven Karina Yapor, interpuso una denuncia formal contra Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel Portillo (Mary Boquitas) y Marlene Calderón. Las acusaciones incluían delitos graves como corrupción de menores, rapto, abuso sexual y violación, presuntamente cometidos dentro de un esquema que reclutaba adolescentes para el grupo musical dirigido por Andrade.
Tras una intensa búsqueda internacional, el 13 de enero de 2000, las autoridades brasileñas detuvieron en Río de Janeiro a Trevi, Andrade y Boquitas. Los tres permanecieron en prisión preventiva en Brasil mientras se gestionaba su extradición a México. El proceso judicial en territorio nacional culminó con resultados dispares: mientras que Andrade recibió una condena de 7 años y 10 meses de prisión por corrupción de menores en 2005, Trevi y Boquitas fueron completamente exoneradas en 2004.
La posible nulidad del juicio plantea profundos interrogantes sobre la validez de las sentencias dictadas. Los expertos legales consultados sobre el tema indican que si se confirma que el juez Pineda Sola ejercía sin título, todas sus resoluciones podrían ser consideradas inválidas desde su origen, aplicando el principio de inexistencia jurídica. Esto abriría la puerta no solo a un nuevo juicio, sino también a la revisión de la sentencia contra Sergio Andrade, quien ya cumplió su condena. Además, podría generar responsabilidades administrativas y penales para quienes permitieron que una persona sin titulación ejerciera como juez durante años.
La periodista María Idalia Gómez ha señalado que esta información está siendo analizada actualmente por las instancias correspondientes, aunque no ha proporcionado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones. La complejidad del caso radica en el tiempo transcurrido: casi tres décadas desde los hechos denunciados y dos décadas desde la resolución judicial.
La reapertura de un caso de esta magnitud implicaría revisar extensas evidencias, reinterrogar testigos cuyos recuerdos pueden haberse desvanecido con el tiempo, reevaluar las circunstancias que rodearon el proceso original y enfrentar desafíos probatorios significativos. Además, generaría un impacto mediático significativo debido a la notoriedad de las personas involucradas y a la gravedad de los delitos inicialmente imputados. Los costos económicos y emocionales de un nuevo proceso serían considerables para todas las partes.
Para la defensa de Trevi, esta nueva situación representa un desafío legal inesperado. El hecho de que el juez ahora forme parte de su equipo de abogados podría ser utilizado por las partes contrarias para cuestionar la imparcialidad del proceso original. Sin embargo, también podría argumentarse que su incorporación posterior al equipo demuestra confianza en su actuación judicial.
El caso Trevi-Andrade ha sido uno de los más mediáticos en la historia del espectáculo mexicano, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre el trato de menores en la industria del entretenimiento. La posibilidad de que se reabra el proceso judicial reaviva el debate sobre la justicia y la responsabilidad en casos de abuso de poder dentro del mundo artístico.
Mientras las autoridades continúan analizando la viabilidad de esta reapertura, la opinión pública permanece dividida. Por un lado, quienes consideran que cualquier irregularidad procesal debe ser corregida para garantizar la integridad del sistema judicial y evitar que se repitan casos similares. Por el otro, quienes argumentan que el tiempo transcurrido, las circunstancias ya resueltas y el daño causado a las víctimas y procesados no justifican revivir un proceso que generó tanto daño a todas las partes involucradas. La polarización social en torno a este caso refleja las complejidades de aplicar la justicia cuando han pasado décadas.
La decisión final dependerá de la interpretación que hagan las instancias legales sobre la gravedad de la falta de titulación del juez y sus consecuencias sobre la validez de las sentencias. Mientras tanto, el caso continúa generando controversia y manteniendo a la opinión pública expectante ante la posibilidad de un nuevo capítulo en esta larga historia judicial.