Cada fin de semana, cuando el fútbol español cobra vida en las pantallas, una batalla silenciosa se libra en el mundo digital. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha convertido la lucha contra el fútbol pirata en una cruzada personal. Con el respaldo de una resolución judicial desde febrero de 2025, su estrategia se ha centrado en bloquear cientos de direcciones IP que alojan páginas ilegales. Pero lo que empezó como una medida focalizada se ha convertido en un efecto colateral masivo: negocios legítimos, medios de comunicación, instituciones y plataformas globales están siendo afectados sin previo aviso.
La lógica detrás de estos bloqueos es simple: si una IP ha sido usada para transmitir partidos de forma ilegal, se corta el acceso a esa dirección durante las horas clave de la jornada. Sin embargo, en la práctica, una sola IP puede alojar decenas —o cientos— de sitios web legítimos. Así, una escuela de surf en Cantabria, un laboratorio de impresión 3D en Valencia o incluso la propia Real Academia Española (RAE) han quedado inaccesibles para los usuarios españoles durante partidos de LaLiga.
El impacto no se limita a pequeños negocios. Plataformas como X (antes Twitter), PayPal, Redsys o Steam también han sufrido interrupciones. Esto no sólo genera frustración entre los usuarios, sino pérdidas económicas reales para quienes dependen de su presencia online. "Estamos ante una medida que, bajo el pretexto de proteger derechos de autor, está coartando derechos fundamentales", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas. Según ella, la Constitución española garantiza el acceso a la información y la libertad de navegación —derechos que, en estos casos, quedan suspendidos por decisión judicial.
La justicia, sin embargo, no ve el problema. El juez encargado del caso ha argumentado que no hay "perjuicio a terceros" significativo, a pesar de las múltiples denuncias. Esta postura ha generado críticas de expertos en derechos digitales, quienes señalan que el bloqueo masivo de IPs es una solución desproporcionada y poco precisa.
Uno de los afectados, Alejandro Martínez, ingeniero de sistemas, decidió tomar cartas en el asunto. Creó la web ¿Hay ahora fútbol?, una plataforma que registra en tiempo real las IPs bloqueadas cada jornada. "No están todas, pero sí las que he podido rastrear y las que la comunidad me ha reportado", explica. En un solo fin de semana, su base de datos registró más de 130 IPs afectadas. Cada una de ellas puede estar asociada a decenas de sitios legítimos, lo que amplifica el alcance del daño.
La polémica no termina ahí. Muchos usuarios se quejan de que no reciben notificación alguna sobre los bloqueos, ni tienen forma de saber si su sitio web o servicio está en riesgo. "Es como si te cortaran la electricidad sin avisar, sólo porque alguien en tu vecindario usó un enchufe ilegal", compara un pequeño empresario afectado.
LaLiga, por su parte, defiende su postura. Alega que la piratería del fútbol causa pérdidas millonarias y que los bloqueos son necesarios para proteger su modelo de negocio. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto es aceptable sacrificar la libertad digital de millones de usuarios para proteger los intereses de una sola entidad?
Mientras tanto, la batalla continúa. Los afectados buscan alternativas técnicas, como cambiar de proveedor o usar redes privadas virtuales (VPNs), pero estas soluciones no son accesibles para todos. Y mientras el fútbol sigue siendo el rey del entretenimiento, su guerra contra la piratería está dejando un rastro de colateral digital que muchos consideran inaceptable.