El Ministerio de Trabajo y las principales organizaciones sindicales han sellado un pacto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales durante la presente legislatura. Este incremento, que representa un 3,1% de aumento respecto al año anterior, se traduce en 37 euros adicionales en la nómina de los trabajadores que perciben este indicador económico. La medida, anunciada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, será ratificada por el Consejo de Ministros en la tercera semana de febrero, concretamente el día 17, y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
La cuantía acordada se establece en 14 pagas anuales, manteniendo la estructura tradicional de pago en el sistema laboral español. Sin embargo, la decisión no ha sido unánime, ya que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han manifestado su rotundo desacuerdo con la medida, calificándola de "intervencionista" y cuestionando la metodología empleada por el Ejecutivo para alcanzar este compromiso.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, mediante la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI ha experimentado una transformación sin precedentes. En estos siete años, el suelo salarial ha pasado de 736 euros a los 1.221 euros pactados para 2025, lo que supone un crecimiento acumulado del 66%. Esta evolución contrasta notablemente con el comportamiento de la inflación en el mismo período, que se ha situado en torno al 23%, generando así una mejora real del poder adquisitivo de aproximadamente 40 puntos porcentuales para los trabajadores que perciben este salario.
El objetivo estratégico del Ejecutivo consiste en situar el SMI por encima del 60% del salario medio neto del país, una meta que ya se ha alcanzado con ligeros márgenes gracias a esta nueva subida. Los cálculos realizados por el grupo de expertos designado para analizar la evolución del indicador —conformado por académicos, técnicos del Gobierno y representantes sindicales— establecían que un incremento del 1,8% sería suficiente para cumplir con dicho objetivo. No obstante, las partes negociadoras decidieron elevar la cuantía hasta el 3,1% para garantizar que el poder adquisitivo no se viera erosionado por la escalada de precios.
La referencia tomada para este cálculo fue la tasa interanual de inflación de octubre, el último dato disponible en el momento de las negociaciones, que arrojaba un incremento de precios similar. El dato medio de inflación proyectado para 2025 se estima en el 2,7%, por lo que la subida del SMI supera ligeramente esta previsión, asegurando una pequeña ganancia de poder adquisitivo real para los trabajadores.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo radica en el compromiso de blindar el incremento mediante la prohibición de absorción. Esta cláusula pretende evitar que las empresas compensen el aumento del SMI eliminando complementos salariales o pluses establecidos en los convenios colectivos. El Gobierno se ha comprometido a regular esta cuestión mediante decreto ley, sin necesidad de someter la medida a la aprobación parlamentaria, lo que agilizaría su implementación.
Las centrales sindicales ya habían exigido esta garantía en negociaciones anteriores, pero su aplicación ha sido postergada en múltiples ocasiones. Ahora, el Ejecutivo asegura que esta vez sí materializará el cambio normativo. "En derecho el debate siempre está abierto, pero nuestra opinión jurídica es que hay base suficiente para avanzar en un real decreto", manifestó Pérez Rey durante la presentación del acuerdo.
La postura de la patronal es diametralmente opuesta. Los representantes empresariales consideran que esta intervención vulnera el ámbito de la negociación colectiva y constituye una intromisión en la autonomía de las empresas. Además, argumentan que modificar esta dinámica requiere un proyecto de ley con tramitación parlamentaria, no un decreto. Ante la insistencia del Gobierdo en aplicar la medida por vía rápida, CEOE y Cepyme han anunciado que acudirán a la vía judicial para impugnar la normativa si finalmente se aprueba.
El secretario de Estado defendió la legalidad del decreto argumentando que si un trabajador tiene derecho a un plus de 50 euros mensuales por peligrosidad, "no es razonable" que la empresa pueda eliminarlo argumentando que el SMI ya ha subido. Esta lógica, según la Administración, justifica la intervención normativa para proteger los derechos adquiridos.
Otro elemento clave del acuerdo es el mantenimiento de la exención fiscal del SMI. El salario mínimo seguirá sin tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida que beneficia directamente a los trabajadores con menores ingresos y que ha sido defendida tanto por el Ministerio de Trabajo como por los sindicatos. Esta decisión contrasta con la propuesta inicial de Hacienda, que contemplaba una deducción fiscal para atraer a la patronal al diálogo, estrategia que finalmente no fructificó.
La subida del SMI se enmarca en una política salarial expansiva que ha caracterizado a los últimos gobiernos socialistas. La intención es doble: por un lado, garantizar unos ingresos dignos a los trabajadores con menor cualificación o en sectores más vulnerables; por otro, estimular el consumo interno mediante el incremento del poder adquisitivo de estas familias.
Los economistas dividen opiniones sobre los efectos de esta política. Mientras algunos destacan la capacidad de reducir la desigualdad y combatir la pobreza laboral, otros advierten sobre posibles efectos negativos en la creación de empleo, especialmente en sectores con menor productividad o en regiones con economías más débiles. La evidencia empírica de los últimos años, sin embargo, no ha mostrado una correlación clara entre la subida del SMI y la destrucción de puestos de trabajo.
La negociación del SMI se ha convertido en un ejercicio de equilibrio político y económico. Por un lado, el Gobierno necesita el respaldo sindical para mantener la paz social; por otro, debe gestionar las presiones empresariales que alertan sobre la pérdida de competitividad. El rechazo patronal, aunque no impide la aprobación de la medida, genera incertidumbre sobre la estabilidad futura de las relaciones laborales.
El anuncio de acciones legales por parte de CEOE y Cepyme abre un nuevo frente de conflicto. Si la patronal finalmente impugna el decreto ante los tribunales, el proceso judicial podría prolongarse meses, generando inseguridad jurídica para empresas y trabajadores. Mientras tanto, el incremento salarial se aplicará con efecto retroactivo, lo que obligará a las empresas a realizar pagos compensatorios por los meses de enero y febrero.
La situación pone de manifiesto la creciente polarización en el diálogo social español. Con un Gobierno que avanza en la protección de los derechos laborales y una patronal que se siente marginada de las decisiones clave, el escenario para futuras negociaciones se presenta complejo. La reforma laboral, la negociación colectiva y ahora la fijación del SMI han dejado ver fisuras profundas en el modelo de relaciones laborales español.
Para los trabajadores que perciben el SMI, la noticia es positiva. No solo verán incrementada su nómina en 37 euros mensuales, sino que también mantendrán su capacidad de compra frente a la inflación. Además, la exención de IRPF asegura que el incremento neto sea mayor al que tendrían si este salario tributara como el resto de rentas.
El acuerdo también incluye medidas de seguimiento para evaluar el impacto real de la subida en el tejido empresarial. El Gobierno se compromete a monitorear la evolución del empleo, la productividad y la competitividad en los sectores más afectados, con el objetivo de realizar ajustes si fuera necesario en futuras revisiones.
En el ámbito internacional, España se posiciona entre los países europeos con mayor ratio SMI/salario medio, superando la recomendación de la Carta Social Europea. Esta política salarial ambiciosa refuerza el compromiso del Ejecutivo con el modelo social europeo, aunque genera tensiones con el sector empresarial, que demanda mayor flexibilidad y menor intervencionismo estatal.
La resolución de este conflicto marcará el tono de las relaciones laborales en los próximos años. Si el Gobierno logra implementar el decreto sin obstáculos judiciales, reforzará su posición en futuras negociaciones. Por el contrario, si la patronal consigue bloquear la medida en los tribunales, el Ejecutivo deberá buscar vías alternativas o someterse a un proceso legislativo más largo y complejo.
Mientras tanto, los trabajadores pueden contar con una mejora salarial garantizada desde el inicio del año, aunque la incertidumbre legal persista. La batalla por el SMI ha dejado claro que, en el actual contexto político, cualquier avance en derechos laborales estará sujeto a intensos debates y posibles confrontaciones judiciales.