El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha decidido sancionar a Openbank, la entidad digital del Grupo Santander, con una multa de 40 millones de euros. Esta medida responde a la identificación de diversas deficiencias en los procedimientos y mecanismos de vigilancia internos de la institución bancaria.
La información, que ha trascendido a través de la agencia Bloomberg, sitúa esta sanción como una de las más significativas que el conglomerado financiero presidido por Ana Botín ha tenido que afrontar en los últimos ejercicios. No obstante, fuentes cercanas al caso sugieren que la cuantía de la penalización está más relacionada con la dimensión corporativa del grupo que con la gravedad intrínseca de las irregularidades detectadas.
La versión oficial del banco
Desde Santander han emitido un comunicado en el que matizan el alcance real de esta sanción. Según sus representantes, la inspección del Sepblac se centró en aspectos operativos de Openbank en territorio español correspondientes a ejercicios anteriores, incidencias que, aseguran, ya han sido completamente resueltas.
"La revisión del Sepblac se refiere a cuestiones relacionadas con la actividad de Openbank en España de hace algunos años y que ya han sido plenamente subsanadas. No guarda relación con ningún caso de blanqueo de capitales y se refiere a cuestiones de carácter interpretativo sobre normas de procedimientos y de control, en particular, en relación a cuentas de clientes inactivas que estaban bloqueadas o no operativas", han manifestado fuentes oficiales de la entidad.
El banco enfatiza que su filial digital ya ha respondido a las conclusiones del supervisor y reitera su compromiso inquebrantable con los estándares regulatorios más exigentes y con el cumplimiento normativo de máximo nivel.
Un problema recurrente en el grupo
Esta no es la primera vez que el Santander se enfrenta a sanciones de este tipo. El conglomerado ha recibido diversas multas en diferentes jurisdicciones por debilidades en sus sistemas de prevención del lavado de capitales y financiación del terrorismo.
En Brasil, la filial local acordó a finales de 2023 el pago de una multa de 19,7 millones de reales (aproximadamente 3,2 millones de euros) con el Banco Central del país. Esta sanción respondía a carencias en la supervisión de operaciones susceptibles de blanqueo entre 2015 y 2017. Al igual que en el caso español, las autoridades brasileñas identificaron fallos en los controles, pero no detectaron actividades de lavado de dinero efectivas.
Como parte del acuerdo, Santander Brasil se comprometió a implementar un plan de acción correctiva que incluye mejoras sustanciales en sus protocolos de prevención de delitos financieros. Además, la entidad deberá contratar los servicios de una firma auditora independiente para certificar la correcta ejecución de estas medidas.
En el Reino Unido, Santander UK pactó hace tres años el pago de 108 millones de libras esterlinas (unos 125 millones de euros) con el regulador financiero británico. Esta sanción se originó por deficiencias en la vigilancia del lavado de capitales en su división de banca para autónomos y pequeños empresarios durante el periodo comprendido entre 2012 y 2017.
Nuevo marco de prevención
Ante este contexto de creciente escrutinio regulatorio, el Grupo Santander ha aprobado recientemente un nuevo marco global de prevención contra el crimen financiero. Esta actualización normativa busca alinearse con las expectativas de los supervisores internacionales y fortalecer la resiliencia de sus sistemas de control.
La entidad no revisaba su política de prevención de blanqueo de capitales desde julio de 2021, por lo que esta actualización representa una respuesta proactiva a las observaciones recibidas de las autoridades de diferentes países.
El nuevo marco establece protocolos más rigurosos para la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos, así como procedimientos claros para la gestión de cuentas inactivas y la debida diligencia en la relación con clientes. La implementación de estas medidas busca prevenir futuras sanciones y consolidar la reputación del grupo en materia de cumplimiento normativo.
Implicaciones para el sector bancario digital
El caso de Openbank pone de manifiesto los desafíos específicos que enfrentan las entidades bancarias digitales en materia de cumplimiento regulatorio. La naturaleza descentralizada y altamente automatizada de estos modelos de negocio puede generar vacíos en la supervisión de operaciones, especialmente en lo que respecta a la gestión de clientes inactivos o cuentas con bajo movimiento.
Los supervisores bancarios, tanto en España como en el resto de Europa, han intensificado su foco en estas entidades, exigiendo que los sistemas digitales de control sean tan robustos como los de las bancas tradicionales. La sanción al banco online de Santander sirve como recordatorio de que la innovación tecnológica no exime del cumplimiento de las normativas de prevención de blanqueo.
Análisis del contexto regulatorio
La actuación del Sepblac se enmarca dentro de una tendencia creciente de mayor exigencia por parte de los supervisores financieros globales. Desde la crisis financiera de 2008, las autoridades han incrementado significativamente los estándares de prevención de lavado de capitales, y las penalizaciones por incumplimiento se han multiplicado tanto en número como en cuantía.
En el caso específico de España, el Sepblac ha intensificado su labor de inspección sobre las entidades financieras, particularmente sobre aquellas con modelos operativos basados en tecnología. La interpretación de las normativas sobre cuentas inactivas y bloqueadas ha sido un punto de especial atención, ya que estas cuentas pueden representar un riesgo de ser utilizadas como instrumentos para ocultar fondos de origen ilícito.
Reacción del mercado y reputación corporativa
Aunque la multa de 40 millones representa una cifra considerable, su impacto económico en un grupo del tamaño de Santander es relativamente limitado. No obstante, el daño reputacional potencial y la confianza de los reguladores son aspectos que las entidades financieras no pueden menospreciar.
Las acciones de Santander en bolsa no han mostrado una reacción significativa ante la noticia, lo que sugiere que los inversores consideran esta sanción como un coste operativo más dentro de un entorno regulatorio cada vez más estricto. Sin embargo, la acumulación de multas en diferentes jurisdicciones podría generar preocupación sobre la efectividad de los sistemas de control del grupo a nivel global.
Lecciones aprendidas y recomendaciones
Este caso ofrece varias enseñanzas para el sector financiero. En primer lugar, subraya la importancia de mantener sistemas de cumplimiento actualizados y adaptados a la evolución regulatoria. Las interpretaciones de las normativas pueden cambiar, y las entidades deben estar preparadas para ajustar sus procesos de manera proactiva.
En segundo lugar, evidencia la necesidad de una comunicación transparente y rápida con los supervisores. La colaboración con las autoridades y la implementación voluntaria de medidas correctivas pueden mitigar el impacto de las sanciones y demostrar compromiso con la integridad del sistema financiero.
Finalmente, el caso de Openbank ilustra cómo las entidades digitales deben equilibrar la eficiencia operativa con la robustez de sus controles. La automatización y la inteligencia artificial pueden optimizar los procesos, pero no deben sustituir la supervisión humana en la identificación de riesgos complejos.
Perspectivas futuras
Con la implementación de su nuevo marco de prevención, Santander busca cerrar este capítulo y fortalecer su posición como referente en cumplimiento normativo. La entidad ha anunciado que destinará recursos adicionales a la formación de su personal y a la mejora de sus sistemas tecnológicos de detección de actividades sospechosas.
Para Openbank, este episodio representa una oportunidad para demostrar que puede operar con los mismos estándares de cumplimiento que las entidades tradicionales, manteniendo su agilidad y capacidad de innovación. La supervisión continuará, y el banco digital deberá mostrar resultados concretos en la mejora de sus controles internos.
El sector bancario en su conjunto observará de cerca la evolución de este caso, ya que establecerá un precedente importante sobre cómo los supervisores evalúan los riesgos de cumplimiento en los modelos de banca digital pura. La capacidad de adaptación y mejora continua será clave para evitar futuras sanciones y mantener la confianza de clientes y reguladores por igual.