La cumbre de Davos ha vuelto a concentrar la atención mundial sobre los desafíos económicos globales, pero entre tanto ruido mediático, una voz alerta emerge desde el Lejano Oriente. Japón, la tercera economía mundial, podría convertirse en el detonante de una crisis de deuda pública sin precedentes que afectaría a todo el planeta. Durante ocho décadas, el país nipón ha mantenido un modelo de crecimiento basado en la emisión masiva de bonos soberanos y tipos de interés cercanos a cero, o incluso negativos, con el objetivo de sostener su industria y sus cuentas públicas. Sin embargo, este modelo, que hasta ahora parecía sostenible, muestra signos de agotamiento que podrían tener consecuencias catastróficas para la economía global.
El sistema financiero japonés ha sido durante años un caso único en el mundo. Mientras otras economías occidentales experimentaban con políticas monetarias expansivas, Japón las llevaba al extremo. La deuda pública japonesa supera el 250% de su PIB, un nivel que en cualquier otro contexto habría desencadenado una crisis de confianza hace años. La clave de su supervivencia ha sido la capacidad de financiarse internamente, con unos ciudadanos que han aceptado rendimientos mínimos o negativos por sus inversiones en bonos del Estado, convencidos de la solvencia de su gobierno. Pero esta confianza, que ha durado generaciones, empieza a resquebrajarse.
El problema no es exclusivamente japonés. Representa el colapso de un paradigma que ha dominado el pensamiento económico occidental desde la Segunda Guerra Mundial: el Estado del Bienestar financiado con deuda futura. Hemos construido un sistema donde los servicios públicos actuales se pagan con dinero prestado que deberán devolver generaciones venideras. Es como si una familia, incapaz de llegar a fin de mes, solicitara un préstamo para comprar la comida diaria, sin ningún plan para devolver el capital. Esta lógica, aplicada a escala nacional, ha creado una burbuja de deuda que eventualmente debe explotar.
La verdadera esencia de la justicia social no radica en la expansión indefinida de lo público, sino en la protección de la propiedad privada pequeña y mediana, esa que permite a las familias y pequeños empresarios construir un futuro estable. Sin embargo, el culto a lo público ha desviado recursos masivos hacia un aparato estatal ineficiente, creando una dependencia que resulta difícil de revertir. Los servicios públicos, lejos de ser gratuitos, se han convertido en una carga oculta que se traduce en impuestos futuros y menor capacidad de inversión privada.
La crisis se materializa cuando los inversores, nacionales o extranjeros, dejan de confiar en la capacidad de un Estado para devolver su deuda. En ese momento, o dejan de comprar los bonos soberanos o exigen intereses abusivos para compensar el riesgo. Esto crea un círculo vicioso: cuanto mayor es el interés que debe pagar el Estado, más se dispara su necesidad de endeudamiento, lo que a su vez aumenta el riesgo de impago y, por tanto, los intereses futuros. Japón se acerca a este punto de inflexión, donde la confianza interna ya no será suficiente para absorber nuevas emisiones de deuda.
Este modelo ha forjado una clase política irresponsable, adicta al gasto público como herramienta de perpetuación en el poder. Los políticos han creado un electorado cautivo, dependiente de subvenciones y servicios públicos financiados con deuda, sin asumir las consecuencias de sus decisiones. El ciclo electoral se ha convertido en una subasta de promesas de gasto, donde raramente se discute cómo se pagarán las cuentas. Esta dinámica ha generado una casta gobernante desconectada de la realidad fiscal, acostumbrada a resolver problemas a corto plazo con endeudamiento a largo plazo.
Ante este escenario, las opciones son limitadas y dolorosas. La primera consiste en aumentar masivamente los impuestos para cubrir el déficit y empezar a amortizar la deuda acumulada. Esta vía, sin embargo, llevaría directamente al colapso económico, ya que ahogaría la actividad privada, reduciría la inversión y aumentaría el paro. La segunda opción es reducir drásticamente el gasto público, recortando servicios sociales y subvenciones. Esta alternativa, aunque económicamente más sana, es políticamente suicida para cualquier gobierno que la intente, pues enfrentaría la ira de millones de ciudadanos acostumbrados a beneficios que consideran derechos adquiridos.
Es probable que necesitemos un periodo de austeridad fiscal sincronizada, donde se mantengan los impuestos actuales mientras se reduce progresivamente el gasto público hasta alcanzar un equilibrio sostenible. Pero esta transición será extremadamente dolorosa para sociedades que han internalizado la idea de que los servicios públicos son gratuitos y de calidad. La realidad es que hemos aceptado una sanidad y educación públicas de baja calidad, y un sistema de pensiones insostenible, a cambio de no asumir el coste real de estos servicios. El ajuste, tarde o temprano, será inevitable.
La exaltación de lo público como valor supremo ha actuado como un virus en el pensamiento económico occidental. Ha llevado a imputar al Estado responsabilidades que exceden con creces su capacidad de gestión eficiente, mientras se demoniza la iniciativa privada y se menosprecia la importancia de la responsabilidad individual. Este virus ideológico ha infectado a políticos, académicos y ciudadanos, creando una narrativa donde cualquier recorte es presentado como un ataque a los derechos sociales, y donde el endeudamiento es visto como una herramienta legítima y sin costes.
La crisis que se avecina no es culpa de ningún líder político específico, como algunos intentan atribuir a Trump o a otros gobernantes. Es el resultado de décadas de irresponsabilidad fiscal colectiva, de priorizar el consumo presente sobre la solvencia futura, de construir un sistema donde el voto se compra con promesas de gasto que no se pueden cumplir sin endeudar a las generaciones venideras. Japón simplemente será el primero en llegar al límite de este modelo, pero le seguirán rápidamente otras economías desarrolladas con niveles de deuda insostenibles.
El desenlace parece inevitable. O bien los mercados forzarán un ajuste brusco mediante una crisis de confianza en los bonos soberanos, o bien los gobiernos tendrán el coraje de implementar reformas estructurales profundas antes de que sea demasiado tarde. La historia sugiere que la primera opción es más probable. Los gobiernos raramente actúan con la anticipación necesaria cuando las decisiones son impopulares. Esperarán hasta que la crisis estalle, y entonces implementarán medidas de emergencia que serán aún más dolorosas que las que podrían haberse adoptado antes.
Lo que está en juego es nada menos que la sostenibilidad del modelo de crecimiento occidental basado en el endeudamiento. Japón nos está mostrando el futuro que nos espera si no cambiamos de rumbo. La pregunta no es si habrá una crisis de deuda, sino cuándo y dónde empezará. Y todas las señales apuntan a que el primer dominó en caer será japonés. Una vez iniciado el proceso, será extremadamente difícil de detener, y nos veremos arrastrados a una reestructuración del sistema financiero global que redefinirá el papel del Estado y de la deuda soberana en las próximas décadas.
La lección es clara: ningún país puede vivir eternamente por encima de sus posibilidades, financiando el presente con el futuro. La confianza de los inversores tiene un límite, y cuando se agote, el ajuste será brutal. Japón está al borde de ese límite, y el mundo entero debería estar prestando atención a las señales de alarma que emanan desde Tokio. La crisis del bono público no es una amenaza lejana; es una realidad que se materializa ante nuestros ojos, y cuyas consecuencias definirán la economía del siglo XXI.