La ciudad de Minneapolis volvió a ser escenario de violencia y protestas durante la noche del miércoles, exactamente siete días después de la controversial muerte de Renee Goodp, quien perdió la vida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Un nuevo enfrentamiento armado entre autoridades federales y un migrante desencadenó horas de disturbios, con manifestantes enfrentándose a las fuerzas del orden en las calles de esta ciudad del medio oeste estadounidense.
El incidente que desató la crisis ocurrió cuando agentes federales intentaron realizar una detención selectiva de un ciudadano venezolano que presuntamente se encontraba en el país sin documentación legal. Según el relato oficial del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre, identificado como Julio Cesar Sosa-Celis, intentó eludir el arresto inicialmente mediante la fuga en su vehículo, lo que resultó en una colisión con un automóvil estacionado. La persecución continuó a pie, culminando en un forcejeo directo con uno de los agentes.
La versión oficial detalla que el migrante resistió violentamente al arresto, situación que se agravó cuando dos residentes de un apartamento cercano intervinieron en el altercado, atacando al agente con objetos contundentes: una pala para nieve y el mango de una escoba. En medio del caos, Sosa-Celis logró liberarse momentáneamente y agredir al oficial, quien, según el comunicado, temió por su vida y respondió disparando su arma de servicio, impactando en la pierna al venezolano.
El herido fue trasladado de emergencia a un centro médico cercano, donde se reportó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde confirmó que el agente involucrado resultó lesionado durante el enfrentamiento. "Recibió una paliza, y está herido", declaró Noem, enfatizando la peligrosidad de la situación que enfrentaron los agentes federales.
La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Grupos de manifestantes se congregaron en las calles de Minneapolis, expresando su rechazo a lo que consideran uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades federales. Las protestas, inicialmente pacíficas, degeneraron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quienes utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles de gas pimienta para dispersar a la multitud. La escena evocó recuerdos de las manifestaciones de 2020 tras la muerte de George Floyd, reavivando heridas sociales aún no cerradas en esta comunidad.
La reacción del presidente Donald Trump fue inmediata y contundente. A través de su plataforma social Truth, el mandatario emitió una amenaza directa a las autoridades estatales: "Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN, como han hecho muchos presidentes antes que mí, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese Estado que en su día fue grande".
La Ley de Insurrección de 1807 representa una herramienta de poder excepcional en manos del presidente estadounidense. Esta legislación permite al comandante en jefe desplegar activamente a las Fuerzas Armadas en territorio nacional o asumir el control directo de la Guardia Nacional, que normalmente responde a las autoridades estatales. Su propósito original era combatir levantamientos armados internos que pusieran en peligro la estabilidad del gobierno o la seguridad pública.
Históricamente, la aplicación de esta ley ha sido extremadamente rara. La última vez que un presidente estadounidense la invocó fue en 1992, cuando George H.W. Bush movilizó tropas federales para restaurar el orden en Los Ángeles tras los disturbios causados por el veredicto en el caso de Rodney King. La gravedad de recurrir a esta medida refleja una crisis de orden público sin precedentes.
Para Trump, esta no es la primera vez que contempla tal acción. Durante su primer mandato, ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección en octubre pasado, apuntando específicamente a ciudades como Chicago y Portland, donde las protestas contra su política migratoria habían alcanzado niveles significativos. Aquellas amenazas, sin embargo, nunca se materializaron en una acción concreta, quedando en la esfera de la retórica presidencial.
El contexto político actual añade capas de complejidad a la situación. Minneapolis ha sido epicentro de debates nacionales sobre reforma policial, inmigración y el papel del gobierno federal en asuntos locales. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, ha mantenido una postura crítica hacia la intervención federal, argumentando que la presencia de agentes de ICE en operativos de rutina erosiona la confianza comunitaria y genera tensión innecesaria.
Desde la perspectiva de la administración Trump, la situación representa un desafío directo a la autoridad federal. La secretaria Noem enfatizó que los agentes de ICE "solo intentan hacer su trabajo", protegiendo las fronteras y aplicando las leyes de inmigración. Esta narrativa contrasta fuertemente con la percepción de activistas y organizaciones de derechos civiles, que ven en estas acciones una criminalización desproporcionada de la comunidad inmigrante.
Las implicaciones de una posible invocación de la Ley de Insurrección son profundas. Legalmente, el presidente puede activarla sin declarar estado de emergencia previo, aunque tradicionalmente se busca cooperación estatal. Si Trump procede, estaría marcando un precedente significativo en su segundo mandato, demostrando disposición a usar herramientas militares para resolver conflictos civiles que considera fuera de control.
La comunidad de Minneapolis, por su parte, se encuentra en estado de alerta. Organizaciones de derechos humanos han condenado tanto el tiroteo como la amenaza presidencial, argumentando que la militarización de la respuesta solo exacerbará las tensiones. Expertos en seguridad pública advierten que el despliegue de tropas federales en un contexto de protestas sociales puede tener efectos contraproducentes, generando más resistencia y posiblemente violencia adicional.
El caso de Julio Cesar Sosa-Celis también ha llamado la atención sobre las políticas migratorias de la administración Trump. La presencia de agentes de ICE realizando operativos de detención en comunidades urbanas ha sido un punto de controversia constante. Críticos argumentan que estas acciones crean un clima de miedo y desconfianza, mientras que defensores sostienen que son necesarias para mantener la integridad del sistema legal de inmigración.
Mientras tanto, la investigación sobre el tiroteo continúa. Las autoridades federales prometen transparencia en el proceso, aunque activistas locales expresan escepticismo sobre la imparcialidad de una revisión interna. La demanda de un monitoreo independiente de las acciones de ICE en Minneapolis ha ganado fuerza entre líderes comunitarios.
La amenaza de Trump de invocar la Ley de Insurrección, ya sea que se concrete o no, ha logrado su efecto inmediato: posicionar la crisis de Minneapolis en el centro del debate nacional. En un momento donde la polarización política alcanza niveles históricos, la posibilidad de ver tropas federales patrullando las calles de una ciudad estadounidense ya no parece un escenario descartado.
Para los residentes de Minneapolis, la pregunta no es solo sobre la legalidad de las acciones federales, sino sobre el tipo de comunidad en la que desean vivir. La tensión entre seguridad nacional y derechos civiles, entre ley y orden y justicia social, continúa definiendo el pulso de esta ciudad y, por extensión, de una nación dividida.