La historia tiene una forma curiosa de repetirse en la política exterior española. Cuando Pedro Sánchez recupera el mítico lema de "No a la guerra" para enfrentarse a las presiones de la administración Trump, lo hace invocando una tradición pacifista que, según su interpretación, le otorga legitimidad moral y electoral. Sin embargo, esta reivindicación ignora deliberadamente la factura real que ya pagó España hace dos décadas, cuando José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar que alteró para siempre nuestro posicionamiento estratégico en el tablero internacional.
El contexto de 2003 no puede obviarse. La invasión de Irak, liderada por Estados Unidos sin el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de la ONU, generó una de las mayores crisis geopolíticas del siglo XXI. España, bajo el mandato de José María Aznar, se alineó decididamente con la posición de George W. Bush, participando en la cumbre de las Azores y ofreciendo apoyo logístico y político. Esta alineación, controvertida en el plano interno, representó el punto álgido de una relación bilateral sin precedentes entre Madrid y Washington.
Sin embargo, la participación española en la misión de Irak ha sido históricamente malinterpretada. Los militares españoles desplegados desde julio de 2003 no intervinieron en la fase bélica propiamente dicha, sino que formaron parte de una fuerza multinacional posterior, avalada por resoluciones 1483 y 1511 de Naciones Unidas, con un mandato claro de estabilización y reconstrucción. Su labor se centró en tareas de seguridad, desminado y asistencia humanitaria, lejos de los combates ofensivos que habían marcado la invasión inicial.
La llegada de Zapatero al poder en marzo de 2004, tras los atentados del 11-M, precipitó un giro radical. A las pocas horas de jurar el cargo, anunció la retirada inmediata de las tropas, cumpliendo así una promesa electoral que le había reportado un amplio respaldo ciudadano. La decisión, presentada como un acto de coherencia democrática, generó un terremoto diplomático cuyas réplicas se sintieron durante años.
Washington interpretó el movimiento como una deslealtad estratégica sin paliativos. Para la administración Bush, España no solo abandonaba una misión compartida, sino que lo hacía de forma unilateral, sin consultar a sus aliados y sin establecer un calendario de transición que garantizara la continuidad operativa. La sensación de traición fue compartida por buena parte de la clase política estadounidense, que durante años había considerado a España como uno de sus socios más fiables en Europa.
Las consecuencias no se hicieron esperar. La relación especial construida durante el mandato de Aznar se desvaneció en cuestión de días. Los contactos de alto nivel se congelaron, los intercambios comerciales se vieron afectados y, lo más importante, España perdió su capacidad de influencia en las decisiones de la OTAN y en la política de seguridad europea. El propio Javier Solana, entonces alto representante de la UE para Política Exterior, expresó su preocupación por la precipitación de la decisión y su coste para la cohesión transatlántica.
Pero el daño más profundo fue de naturaleza reputacional. España pasó a ser percibida como un aliado volátil, cuya lealtad dependía más de los vaivenes electorales internos que de compromisos estratégicos de largo plazo. Esta percepción nos alejó de las decisiones core de la alianza occidental y nos empujó, paradójicamente, hacia alianzas alternativas con potencias cuyos valores democráticos eran, cuando menos, cuestionables. El acercamiento a Turquía de Erdogan durante la segunda legislatura de Zapatero no fue una coincidencia, sino el resultado lógico de un vacío de influencia que tuvimos que llenar con lo que estaba disponible.
Dos décadas después, el gobierno de Sánchez parece haber olvidado esta lección. La reactivación del discurso pacifista como bandera identitaria, lejos de ser una novedad, reproduce los mismos errores analíticos. El contexto, eso sí, es aún más complejo. Donald Trump representa una amenaza diferente a la de Bush: es impredecible, desprecia las normas multilaterales y utiliza el comercio y la seguridad como armas de presión. Enfrentarse a él requiere estrategia, matices y alianzas sólidas, no solo retórica moralizante.
La postura de Sánchez, sin embargo, ha sido maximalista. Al margen de Francia, Alemania o Reino Unido, España ha adoptado posiciones que la aíslan dentro de la propia UE. El riesgo es que, al intentar capitalizar electoralmente el descontento con Trump, estemos dejando de lado nuestra capacidad de influencia real. La geopolítica del siglo XXI no se rige por eslóganes, sino por intereses tangibles, por la capacidad de proyectar poder blando y por la inteligencia para negociar desde una posición de fortaleza, no de debilidad autoimpuesta.
Los costes potenciales son múltiples. En el plano económico, las amenazas arancelarias estadounidenses podrían afectar sectores clave como el agroalimentario, la automoción o el textil. En el ámbito de la seguridad, una distancia con Washington complica nuestra lucha contra el terrorismo y nuestra capacidad de operar en zonas de crisis. Y en el terreno diplomático, cada vez que España se posiciona de forma unilateral, pierde credibilidad para liderar iniciativas en Iberoamérica, el Mediterráneo o el Sahel.
La lección de 2004 debería ser clara: las decisiones de política exterior tienen efectos de largo alcance que trascienden los ciclos electorales. El pacifismo ético es una posición legítima y valiosa, pero debe articularse con realismo estratégico. No se trata de renunciar a valores, sino de defenderlos de forma efectiva. Alemania, por ejemplo, ha sabido mantener una postura crítica con determinadas intervenciones militares sin romper el diálogo con EEUU, porque entiende que la influencia se construye con paciencia y pragmatismo.
España necesita recuperar su peso específico en el mundo. Para ello, debe evitar los gestos simbólicos que nos encierran en una narrativa de víctima moral y apostar por una diplomacia activa que combine principios y resultados. El "No a la guerra" puede ser un buen lema para una manifestación, pero es una pésima guía para la política exterior de un país medio que depende de sus alianzas para prosperar y proteger a sus ciudadanos. La factura de 2004 aún no está saldada. No cometamos el mismo error con intereses aún mayores en juego.