El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, y la comunicadora Maribel Vilaplana compartieron una comida en el conocido restaurante El Ventorro el fatídico 29 de octubre de 2024, jornada en la que la DANA provocó una catástrofe sin precedentes con 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. El establecimiento, ubicado en el centro de la capital, emitió una factura por importe de 165 euros correspondiente a dos menús pactados, según documentación entregada judicialmente.
El propietario del local, Alfredo Romero, presentó el comprobante ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de Catarroja que instruye la causa por la tragedia. El documento refleja que el pago corrió a cargo del Partido Popular de Valencia y que los comensales ocuparon la mesa 106. No obstante, el recibo no especifica ni las bebidas consumidas ni los platos servidos, tampoco indica la hora exacta de emisión.
Las versiones sobre lo acontecido durante ese encuentro han generado discrepancias notables. El entorno de Vilaplana ofreció en noviembre de 2024 una versión que contrasta con la factura. Según estas fuentes, la conversación se desarrolló con dos copas de vino y una botella en la mesa, descartando expresamente el consumo de cócteles. Afirmaron que optaron por platos para compartir: tomate con ventresca y setas de temporada, café y tarta, lo cual difiere del concepto "menús concertados" que figura en el documento oficial.
Por su parte, Romero ratificó ante la magistrada la versión del menú cerrado. En su declaración testimonial del viernes pasado, el empresario detalló que el servicio incluyó una botella de vino, "probablemente una caña inicial" y varias botellas de agua. El restaurador también reveló que la reserva se gestionó telefónicamente desde la Generalitat con dos días de antelación, lo que sugiere una planificación previa al conocimiento de la magnitud del fenómeno meteorológico.
La instrucción judicial ha recabado pruebas adicionales. Romero entregó un plano del reservado donde se ubicaron Mazón y Vilaplana, un espacio irregular de aproximadamente 16 metros cuadrados con capacidad para cinco personas. Las dimensiones oscilan entre tres metros en su lado más estrecho y 4,8 en el más amplio. Este compartimento acogió una prolongada sobremesa que, según el testimonio, se extendió desde las 15:00 hasta las 18:45 horas.
El cronograma resulta especialmente controvertido. Mientras ambos permanecían en el restaurante, los ríos Magro y Poyo desbordaban sus cauces, inundando localidades como Utiel, Requena, Chiva y Cheste. La jueza solicitó la documentación tras la declaración del propietario, quien precisó que la comida concluyó oficialmente a las 17:00, aunque la pareja prolongó su estancia hasta las 18:45, abandonando el local "no más tarde" de las 19:00 horas.
Posteriormente, Mazón y Vilaplana se trasladaron hasta el aparcamiento de la plaza Tetuán, donde concluyeron su encuentro. Este detalle geográfico resulta relevante por su proximidad al centro neurálgico de la ciudad, lejos de las zonas afectadas por las inundaciones que ya causaban estragos en la periferia.
La investigación judicial continúa reconstruyendo los movimientos de las autoridades durante las horas críticas. La magistrada ha solicitado múltiples informes para determinar la gestión de la emergencia y las decisiones tomadas por los responsables políticos. La comida de Mazón se enmarca en una serie de actuaciones bajo escrutinio, incluyendo la respuesta inicial a las alertas meteorológicas y la coordinación de los servicios de rescate.
Desde el ámbito político, la oposición ha criticado duramente la imagen proyectada por el presidente. El hecho de mantener una comida prolongada mientras la población sufría las consecuencias de la peor tragedia hidrológica reciente en la Comunidad Valenciana genera cuestionamientos sobre su sensibilidad y prioridades en momentos de crisis.
El PP valenciano, por su parte, ha defendido la legitimidad del encuentro, calificándolo de reunión de trabajo dentro de la agenda institucional. No obstante, la ausencia de detalles en la factura y las contradicciones entre las versiones oficiales y las declaraciones posteriores alimentan el debate público.
El sector hostelero de Valencia observa este caso con especial atención. El Ventorro, establecimiento con décadas de trayectoria, se ve involucrado en una polémica que trasciende su actividad comercial. El propietario ha cumplido con su obligación legal de colaborar con la justicia, aunque la exposición pública genera tensiones en un momento de vulnerabilidad para el tejido empresarial local.
La periodista Maribel Vilaplana, profesional con trayectoria en medios valencianos, mantiene su perfil profesional mientras se clarifica su participación en estos hechos. Su entorno insiste en que el encuentro respondía a cuestiones profesionales, aunque la duración y el momento elegido cuestionan esa naturaleza.
La tragedia de la DANA ha puesto bajo lupa no solo la gestión de la emergencia, sino también la percepción ciudadana sobre el compromiso de sus representantes. Cada detalle, desde el coste de una comida hasta la duración de una sobremesa, se convierte en un elemento de juicio público que refleja la tensión entre la vida privada de los políticos y sus responsabilidades institucionales.
La justicia continúa su labor de esclarecimiento. La jueza Ruiz Tobarra ha solicitado también los registros de comunicaciones y los desplazamientos oficiales durante las horas críticas. La factura de 165 euros, lejos de ser un mero comprobante gastronómico, se ha transformado en una pieza clave para comprender la cronología de las decisiones políticas en el día más oscuro de la reciente historia valenciana.
El caso ilustra cómo gestos aparentemente cotidianos pueden adquirir una dimensión simbólica en contextos de emergencia nacional. La distancia entre la mesa 106 de El Ventorro y las calles inundadas de poblaciones como Paiporta o Sedaví se mide no solo en kilómetros, sino en la percepción de empatía y liderazgo que la ciudadanía demanda de sus gobernantes.
Mientras la investigación avanza, la sociedad valenciana reclama transparencia y coherencia. La reconstrucción de esas horas determinantes no solo busca responsabilidades legales, sino también restaurar la confianza en las instituciones. La factura de El Ventorro, con sus menús concertados y sus 165 euros, permanecerá como un documento que simboliza la brecha entre el deber institucional y la realidad de una catástrofe que cambió para siempre el tejido social de la región.