La celebración del Día Internacional de la Mujer en Ciudad de Panamá se convirtió este año en un poderoso escenario de denuncia y reivindicación. Cientos de mujeres, representantes de diversos sectores sindicales, organizaciones feministas y colectivos ciudadanos, recorrieron las principales avenidas de la capital para visibilizar una realidad que persiste: la precariedad laboral y la violencia de género continúan siendo los principales obstáculos para la igualdad real en el país centroamericano.
La movilización, que reunió a trabajadoras formales e informales, estudiantes y activistas, puso sobre la mesa dos crisis interconectadas: la falta de condiciones dignas en el ámbito laboral y la emergencia de los feminicidios y la violencia machista. Según datos oficiales, Panamá registra una de las tasas más altas de informalidad laboral en la región, afectando de manera desproporcionada a la población femenina. Se estima que más del 50% de las mujeres activas laboralmente se desempeñan en sectores sin protección social, sin acceso a seguridad laboral ni beneficios básicos.
La crisis de la informalidad laboral femenina
El fenómeno de la precariedad laboral en Panamá tiene rostro de mujer. Las trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, empleadas de comercio informal y profesionales independientes sin contratos formales conforman un ejército invisible que sostiene gran parte de la economía nacional. Sin embargo, esta contribución no se traduce en derechos ni en salarios justos. La brecha salarial entre hombres y mujeres en el país alcanza aproximadamente el 27%, según estudios recientes, y se amplifica significativamente en el sector informal.
Luisa Fuentes, presidenta del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical, destacó durante la marcha que "las mujeres panameñas enfrentan una doble jornada de explotación: en el trabajo, donde ganan menos y tienen menos derechos, y en el hogar, donde la carga de trabajo no remunerado recae casi exclusivamente sobre sus hombros". Esta realidad se agrava para las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, quienes experimentan discriminación múltiple en el acceso a oportunidades laborales dignas.
El sistema de protección social panameño, aunque ha avanzado en años recientes, aún presenta importantes lagunas. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, solo obtuvieron reconocimiento legal reciente, pero la implementación efectiva de sus derechos laborales enfrenta resistencias culturales y económicas. Muchas empleadoras domésticas continúan operando fuera del marco legal, negando a sus trabajadoras días de descanso, seguridad social y salarios dignos.
Violencia machista: la otra pandemia
Paralelamente a las demandas laborales, las manifestantes exigieron con urgencia un alto a los feminicidios y a la violencia de género. Panamá, al igual que otros países de la región, enfrenta una crisis de seguridad para las mujeres que no cede. En 2023, el país registró más de una decena de feminicidios, una cifra que las organizaciones de derechos humanos consideran subestimada debido a la falta de un registro sistematizado y la impunidad en muchos casos.
La violencia no se limita a los asesinatos. Las mujeres panameñas enfrentan acoso callejero, violencia digital, acoso laboral y abuso sexual en contextos tanto públicos como privados. La falta de recursos en el sistema de justicia, combinada con patrones culturales de machismo, crea un ambiente de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia. Las manifestantes portaban fotografías de víctimas y pancartas con mensajes como "Ni una menos" y "Vivas nos queremos".
El Estado panameño ha implementado políticas como la Ley 82 de 2013, que tipifica el feminicidio como delito, pero las activistas señalan que la aplicación es inconsistente. La falta de fiscalías especializadas, la revictimización durante los procesos judiciales y la escasez de refugios para mujeres en situación de riesgo son brechas críticas que deben abordarse de manera inmediata.
Una lucha interseccional
Lo notable de esta marcha fue su carácter interseccional. No solo participaron mujeres cisgénero, sino también personas LGBTIQ+, mujeres con discapacidad, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes. Cada grupo aportó su voz particular a una demanda común: la necesidad de políticas públicas que reconozcan las diferentes formas de discriminación que se entrecruzan.
Las trabajadoras sexuales, históricamente excluidas de los discursos feministas mainstream, también hicieron visible su lucha por la despenalización y la protección laboral. "Nuestro trabajo no está regulado, lo que nos vuelve extremadamente vulnerables a la violencia y la explotación", señaló una manifestante que prefirió mantener el anonimato por seguridad.
El rol de los sindicatos y organizaciones
La Convergencia Sindical, a través de su Comité de Mujeres, ha sido fundamental en la articulación de estas demandas. Su trabajo incluye talleres de formación laboral, asesoría legal para víctimas de violencia y cabildeo ante el Legislativo. Sin embargo, enfrentan presupuestos limitados y resistencia de sectores empresariales que perciben estas reivindicaciones como una amenaza a la "competitividad".
Otras organizaciones como el Movimiento de Mujeres de Panamá, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y grupos de jóvenes feministas han complementado esta labor con campañas digitales, arte callejero y estrategias de incidencia internacional. La colaboración entre estos actores ha logrado colocar la agenda de género en el debate público, aunque la traducción a políticas concretas sigue siendo lenta.
Desafíos pendientes y propuestas
Las manifestantes presentaron un pliego de demandas concreto dirigido al gobierno de Laurentino Cortizo. Entre las principales peticiones figuran:
1. Reforma laboral integral que garantice igualdad salarial, licencias de maternidad extendidas y protección contra el despido arbitrario.
2. Ratificación de convenios internacionales de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
3. Incremento del presupuesto para la atención de víctimas de violencia de género.
4. Creación de una comisión de emergencia contra los feminicidios con representación de la sociedad civil.
5. Programas de formalización para trabajadoras informales con acceso a crédito y capacitación.
Además, se demanda una educación sexual y de género obligatoria en el sistema educativo para desmontar los patrones culturales de desigualdad desde la infancia. La falta de una perspectiva de género en las escuelas es señalada como una de las causas estructurales de la perpetuación de la violencia y la discriminación.
El contexto regional y global
La movilización en Panamá se enmarca en una ola de protestas feministas que recorre América Latina. Desde Argentina hasta México, las mujeres salen a las calles para exigir justicia y derechos. La crisis post-pandemia ha agravado las desigualdades preexistentes, con las mujeres asumiendo la mayor carga de trabajo de cuidados y enfrentando mayores tasas de desempleo.
Internacionalmente, organismos como la ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado a los Estados a adoptar medidas urgentes. Panamá, como signatario de la Convención de Belém do Pará, tiene obligaciones internacionales que, según las activistas, no está cumpliendo plenamente.
Conclusiones: más allá de la marcha
La jornada del 8 de marzo en Ciudad de Panamá fue más que una manifestación simbólica. Representó una toma de conciencia colectiva y una demanda urgente de transformación estructural. Las mujeres panameñas no solo piden reconocimiento, sino acción concreta y compromisos legislativos y presupuestarios que traduzcan los discursos en realidades.
El desafío para el gobierno y la sociedad panameña es escuchar estas voces y actuar con la celeridad que la situación demanda. La precariedad laboral y la violencia machista no son problemas aislados, sino manifestaciones de un sistema patriarcal que requiere ser desmantelado desde sus raíces. Solo a través de políticas integrales, participación ciudadana sostenida y voluntad política genuina, Panamá podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria y segura para todas las mujeres.
La lucha continúa más allá de las calles. Las organizaciones ya anunciaron nuevas movilizaciones, campañas de sensibilización y seguimiento a las promesas gubernamentales. El reto es mantener la presión hasta que la dignidad y la vida de las mujeres dejen de ser una demanda para convertirse en una garantía irrenunciable.