El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la publicación de una serie de documentos desclasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, uno de los momentos más críticos de la democracia española. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado, pone al descubierto información reservada durante más de cuatro décadas y permite acceder a archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores que hasta ahora permanecían bajo secreto oficial.
Los ciudadanos pueden consultar estos documentos desde las 12:00 horas del mediodía en la página web de La Moncloa. La medida se justifica al considerar que el paso del tiempo y las condenas firmes dictadas por el Tribunal Supremo en 1983 han disminuido el riesgo para la seguridad nacional. La desclasificación responde a una propuesta conjunta de los titulares de Presidencia, Justicia, Defensa, Interior y Exteriores, quienes han valorado que la transparencia histórica supera ahora cualquier potencial amenaza para el Estado.
Entre los hallazgos más destacados figura una recomendación expresa de mostrar "juego limpio" durante el proceso judicial contra los responsables del alzamiento militar. Este documento, cuya autoría proviene de los servicios de inteligencia de la época, enfatiza que una actuación ejemplar en el juicio sería fundamental para garantizar la credibilidad del sistema democrático tanto dentro como fuera de España. La sugerencia refleja la preocupación del Gobierno de entonces por proyectar una imagen de fortaleza institucional y apego al estado de derecho, en un contexto de transición frágil y vigilancia internacional.
Otro texto, aparentemente redactado a mano por altos mandos militares tras el fracaso del golpe, identifica como error estratégico capital haber "dejado al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero". Esta crítica interna revela las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas y la falta de consenso sobre cómo gestionar la figura del Rey Juan Carlos I durante la crisis. La nota manuscrita sugiere que, desde la óptica de los conspiradores, la decisión de no detener al monarca ni aplicarle medidas restrictivas facilitó que mantuviera el control de la situación y neutralizara el alzamiento.
Los archivos de la Brigada de Interior del 18 de marzo de 1981 aportan datos sobre una operación policial extremadamente arriesgada. Según estos informes, se barajó la posibilidad de un asalto directo de los GEOS al Congreso de los Diputados para poner fin a la toma de la cámara por parte de los guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero. Los cálculos previos eran demoledores: se estimaba un saldo de entre 80 y 110 víctimas mortales en caso de ejecutar esa intervención. Finalmente, el plan fue descartado, pero su existencia demuestra la gravedad de la situación y los escenarios extremos que contemplaron las autoridades.
Las transcripciones de conversaciones telefónicas de soldados que participaron en la ocupación de Televisión Española (TVE) añaden otro capítulo dramático. Varias grabaciones confirman que recibieron órdenes explícitas de "tirar a matar" si era necesario para mantener el control del centro de emisiones. Estos testimonios, recogidos en los informes de Interior, contradicen versiones oficiales anteriores que minimizaron el uso de la fuerza y sugieren que la violencia estaba no solo contemplada, sino directamente ordenada desde la cadena de mando golpista.
El contexto jurídico de estos documentos es fundamental. El Tribunal Supremo dictó sentencia definitiva el 22 de abril de 1983, condenando por delito de rebelión militar a los principales protagonistas del intento de golpe. La desclasificación ahora no modifica esa resolución, pero sí proporciona nuevas claves sobre cómo se gestionó la crisis, las presiones internas y las decisiones clave que evitaron un baño de sangre mayor.
Desde el punto de vista histórico, estas revelaciones permiten reevaluar la consolidación democrática española. La recomendación de "juego limpio" en el juicio refleja una conciencia clara de que la legitimidad del sistema dependía de su capacidad para procesar a los golpistas sin caer en la venganza o el arbitrio. Por su parte, la crítica al trato al Rey muestra las fisuras internas de los conspiradores y su incapacidad para anticipar el papel estabilizador de la Corona.
La operación de asalto descartada por los GEOS también pone en valor la prudencia de las autoridades democráticas. Aunque el coste humano proyectado era elevado, la mera consideración de esa opción revela la tensión extrema del momento. La decisión de buscar una solución negociada, que finalmente derivó en la rendición de Tejero y sus hombres, evitó una masacre que habría marcado para siempre la historia reciente de España.
Las órdenes de disparar a matar en TVE, por último, desmitifican la idea de un golpe "limpio" o sin violencia. Aunque finalmente no hubo enfrentamientos armados en el centro de televisión, la existencia de esas instrucciones demuestra la disposición al uso letal de la fuerza por parte de los sublevados. Este elemento resulta especialmente relevante para comprender la verdadera naturaleza del alzamiento y los riesgos que corrieron los profesionales de la cadena pública.
La desclasificación de estos documentos no solo satisface el derecho a la información, sino que también refuerza la memoria democrática. En un momento en que algunas voces cuestionan los logros de la Transición, acceder a estos archivos permite a la ciudadanía formarse una opinión fundamentada sobre los desafíos que se superaron y los valores que se defendieron. La transparencia gubernamental en este asunto constituye un acto de confianza en la madurez institucional del país.
Los historiadores y periodistas tendrán ahora material inédito para profundizar en los mecanismos de la conspiración, las reacciones del Gobierno y el papel de las fuerzas de seguridad. El análisis de estos papeles promete aportar nuevas perspectivas sobre un episodio que, aunque conocido, todavía guarda secretos por desentrañar. La investigación académica se verá enriquecida con datos concretos que hasta ahora solo circulaban como rumores o testimonios no confirmados.
Para el gran público, la publicación de estos documentos supone una oportunidad de revisitar el 23-F con mayor precisión. Las imágenes del teniente coronel Tejero con la pistola en la mano dentro del hemiciclo son icónicas, pero los papeles desclasificados añaden capas de complejidad a esa escena. Permiten entender no solo lo que se vio, sino lo que estuvo a punto de ocurrir y lo que se decidió entre bastidores para preservar la democracia.
La medida también tiene un componente pedagógico evidente. Enseñar a las nuevas generaciones cómo se enfrentó una amenaza institucional de esta magnitud, con herramientas democráticas y respeto al estado de derecho, es una lección de ciudadanía invaluable. Los documentos sirven como testimonio de que, incluso en las crisis más graves, las instituciones pueden prevalecer si se actúa con determinación y lealtad constitucional.
En definitiva, la desclasificación de estos archivos marca un hito en la transparencia histórica de España. Las revelaciones sobre el "juego limpio", los errores de los golpistas, los planes de asalto y las órdenes de fuego dibujan un panorama más completo y humano de aquellos días de febrero. Un panorama donde la democracia se consolidó no por casualidad, sino mediante decisiones difíciles, valientes y, en ocasiones, dramáticas que merecen ser conocidas en toda su extensión.