La extenista española Arantxa Sánchez Vicario, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam y medalla olímpica, ha visto cómo su prolongado proceso de separación con Josep Santacana llega a su fin con un acuerdo extrajudicial que, lejos de resolver sus problemas, ha dejado en evidencia la pérdida de una fortuna millonaria. Según información publicada por Vanitatis, la disolución del matrimonio se formalizará a finales de 2025, poniendo punto final a una batalla legal que se ha extendido durante años y que ha agotado los recursos económicos de la deportista.
El desenlace de este conflicto familiar ha generado más interrogantes que respuestas para la exnúmero uno del tenis mundial. Las autoridades judiciales de Miami han determinado recientemente que el estado financiero de Santacana se encuentra en regla, una decisión que ha frustrado los intentos de Sánchez Vicario por esclarecer el destino de sus activos. La justicia estadounidense considera que la documentación presentada por el empresario catalán es suficiente para acreditar la legalidad de su patrimonio en territorio floridano.
El matrimonio, celebrado en septiembre de 2008, comenzó a mostrar grietas apenas un año después, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba a la tenista a pagar 3,5 millones de euros por evasión fiscal. Esta deuda marcó el inicio de una serie de contratiempos que afectarían gravemente la estabilidad económica de la deportista. La pareja, que compartió una década de vida en común y dos hijos, vio cómo sus diferencias se agudizaron hasta el punto de ruptura definitiva.
En 2017, Santacana comunicó a su esposa su deseo de separarse, revelando que mantenía una relación sentimental con otra persona. Desde ese momento, Sánchez Vicario se instaló en la residencia familiar de Miami con sus dos hijos, Leo y Arantxa, mientras intentaba recomponer su vida personal y económica. Fue entonces cuando descubrió la magnitud de la situación: un patrimonio que en su mejor momento alcanzó los 30 millones de euros había desaparecido por completo.
La gestión financiera delegada a su exmarido durante años resultó ser un punto crítico en la crisis. A través de inversiones complejas y estructuras societarias, Santacana administraba las ganancias obtenidas por la exdeportista a lo largo de su exitosa carrera profesional. Sin embargo, cuando Sánchez Vicario intentó hacer un balance de sus activos, constató que los mismos se habían evaporado. Un informe pericial elaborado por el Banco de Luxemburgo en el marco del proceso judicial detallaba que, antes de esta descapitalización, la tenista poseía bienes inmobiliarios y financieros por valor de 13,946,000 euros, distribuidos estratégicamente entre España, Andorra y Suiza.
La transformación de estos activos fue sistemática y progresiva. Las propiedades fueron vendidas, las inversiones liquidadas y los fondos transferidos a cuentas bancarias en Estados Unidos, muchas de ellas registradas a nombre de sociedades vinculadas directamente a Josep Santacana. Esta maniobras financieras dejó a la extenista sin los recursos necesarios para afrontar el costoso litigio en territorio norteamericano, lo que finalmente la obligó a aceptar un acuerdo extrajudicial que no satisfacía sus demandas de transparencia.
El proceso de separación, iniciado formalmente en 2018, se convirtió en uno de los más mediáticos y controvertidos del panorama deportivo español. Las complicaciones legales y económicas prolongaron la resolución durante años, generando un clima de tensión constante. Sánchez Vicario alegó reiteradamente que su exmarido había gestionado incorrectamente sus finanzas y se negaba a proporcionar información completa sobre el paradero de los activos familiares.
La estrategia procesal de Santacana también generó polémica. El empresario optó por solicitar el divorcio en Barcelona, conscientemente, según fuentes cercanas al caso, porque sabía que los tribunales catalanes son menos estrictos en la revisión de movimientos bancarios y transacciones financieras complejas. En el momento de contraer matrimonio, su situación patrimonial era considerablemente más modesta que la de su esposa, lo que habría justificado un escrutinio más detallado en jurisdicciones como la estadounidense.
La decisión final del tribunal de Miami representa un revés significativo para los intereses de Sánchez Vicario. Al considerar que la documentación financiera de Santacana estaba en orden, la justicia estadounidense cerró la puerta a una investigación más profunda sobre el destino de la fortuna de la exdeportista. Este fallo deja a la tenista sin respuestas concretas sobre cómo desaparecieron los millones de euros que ganó con su sudor y talento en las pistas.
La situación actual deja a Arantxa Sánchez Vicario en una posición vulnerable. Separada de su familia durante años por el desacuerdo inicial con su relación con Santacana, tuvo que recurrir a sus seres queridos para hacer frente a la crisis. Ahora, con el proceso concluido, se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su vida financiera desde cero, mientras continúa con su responsabilidad como madre de dos menores en Miami.
Este caso destapa las complejidades de gestionar patrimonios millonarios y los riesgos de delegar completamente el control financiero en terceros, incluso en el ámbito de la pareja. La historia de Sánchez Vicario sirve como advertencia sobre la importancia de la transparencia y la vigilancia en la administración de activos, independientemente del nivel de confianza en la relación.
El acuerdo extrajudicial, aunque pone fin a la batalla legal, no cierra las heridas ni responde a las preguntas fundamentales sobre la desaparición de una fortuna que representa toda una carrera deportiva de éxitos. La extenista se ha quedado sin los recursos que le correspondían y sin las respuestas que merecía, mientras el sistema judicial ha validado la gestión de su exmarido.