La ciudad de Irun ha vivido este lunes una jornada marcada por la tensión y la movilización ciudadana en torno a una decisión controvertida de la Junta del Alarde tradicional. El órgano rector de esta celebración centenaria ha impuesto una sanción de carácter grave a uno de los mandos que participan en el desfile, medida que ha desatado una ola de indignación entre parte de la población.
La convocatoria de protesta, organizada a través de mensajes de WhatsApp, logró congregar a aproximadamente doscientas personas en las inmediaciones del Espacio Palmera Montero, el lugar elegido para la reunión de la Junta de Mandos donde se comunicaría oficialmente la sanción. Esta cifra de asistentes demuestra el gran impacto que ha tenido la decisión en una comunidad tradicionalmente muy vinculada a sus fiestas patronales.
Los hechos se desarrollaron en dos momentos de especial tensión. El primero tuvo lugar cuando los miembros de la Junta de Mandos -compuesta por el general, el comandante, ayudantes del Estado Mayor y varios capitanes- llegaron al lugar de la reunión. Los congregados les recibieron con una sonora pitada, acompañada de abucheos e insultos que reflejaban su descontento con la medida adoptada. Posteriormente, tres representantes de la Junta del Alarde sufrieron una recepción similar al acceder al edificio.
El segundo episodio de confrontación ocurrió cuando algunos mandos que aún no habían entrado intentaron acceder a la sala 2, ubicada en la planta baja del centro. Las personas que se habían quedado en el vestíbulo les dirigieron nuevos insultos y exigieron tanto la cancelación de la reunión como su propia participación en la misma, algo que finalmente no fue posible.
La reunión, que se prolongó durante casi tres horas, mantuvo a los manifestantes en vela en el exterior del edificio. A las 22:00 horas, cuando finalizó el encuentro y los asistentes abandonaron Palmera Montero, fueron nuevamente recibidos con abucheos e insultos por parte de los concentrados, que mantenían su postura de rechazo a la sanción.
El origen de esta controversia se remonta a hace varios meses, cuando se inició un procedimiento sancionador derivado de una denuncia interna. Esta denuncia alegaba comportamientos indebidos por parte del mando durante diferentes actos del Alarde tradicional celebrados en el marco de las pasadas fiestas de San Pedro y San Marcial. Según el régimen disciplinario establecido en las ordenanzas municipales, la competencia para instruir y sancionar las faltas graves y muy graves corresponde exclusivamente a la Junta del Alarde.
Es importante destacar que, aunque la sanción ya ha sido comunicada, el mando afectado conserva la posibilidad de recurrir la decisión, abriendo así una vía para que esta situación pueda tener un desenlace diferente en las próximas semanas. La ordenanza contempla un plazo para presentar alegaciones y recurrir las sanciones impuestas.
El Alarde de Irun es una de las tradiciones más arraigadas y representativas de la ciudad, con una historia que se remonta a 1861. Esta celebración conmemora la defensa de la ciudad durante el sitio de 1794 y cuenta con una estructura organizativa muy compleja, donde los mandos y la Junta del Alarde juegan un papel fundamental en su desarrollo. Cualquier decisión que afecte a esta estructura genera, por tanto, un impacto significativo en la comunidad.
La movilización de este lunes representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del Alarde. Nunca antes se había producido una concentración de estas características en protesta por una decisión interna del órgano rector. Esto pone de manifiesto un posible distanciamiento entre la Junta del Alarde y parte de la ciudadanía, así como la existencia de diferentes sensibilidades en torno a la interpretación de las normas y la gestión de la tradición.
Los organizadores de la protesta han defendido que su acción no buscaba generar violencia, sino mostrar apoyo al mando sancionado y expresar su desacuerdo con lo que consideran una decisión desproporcionada. Sin embargo, el uso de insultos y el clima de confrontación ha generado debate sobre las formas de la protesta y el respeto a las instituciones que gestionan el patrimonio cultural de la ciudad.
Por su parte, miembros de la Junta del Alarde han mantenido un perfil bajo y no han realizado declaraciones públicas tras la reunión, cumpliendo con el protocolo establecido que reserva las comunicaciones oficiales para los canales institucionales. Esta postura, sin embargo, no ha calmado los ánimos de los manifestantes, que exigen mayor transparencia en los procesos disciplinarios.
El caso ha llegado incluso a trascender las fronteras de Irun, generando comentarios en redes sociales y en otros municipios cercanos que también celebran sus propias tradiciones similares. La situación pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de las tradiciones locales y la relación entre los órganos de gobierno y la comunidad.
Mientras tanto, el mando sancionado debe decidir si presenta recurso contra la falta grave impuesta. La decisión final podría tardar semanas en conocerse, manteniendo así la incertidumbre y la tensión en una ciudad que vive con pasión su tradición más emblemática. El Alarde de 2026 ya se presenta como uno de los más complejos en los últimos años, con una comunidad dividida y un debate abierto sobre el futuro de su gestión.
La cultura local y las tradiciones populares necesitan de la implicación de todos los actores para sobrevivir y adaptarse a los tiempos actuales. Este conflicto en Irun puede servir como punto de inflexión para iniciar un diálogo más amplio sobre cómo se toman las decisiones que afectan al patrimonio inmaterial de la ciudad y cómo se concilian con la opinión de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los principales protagonistas y guardianes de estas celebraciones.