El excentrocampista del Athletic Club Mikel San José ha conseguido una importante victoria judicial que le garantizará una pensión vitalicia de aproximadamente 1.600 euros brutos mensuales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ha reconocido al futbolista una incapacidad permanente total derivada de las múltiples lesiones crónicas que acumuló durante su extensa carrera profesional en el fútbol de élite.
La resolución judicial, que confirma el fallo de primera instancia, establece que San José debe percibir el 55% de una base reguladora de 3.042,82 euros, con efectos retroactivos desde mayo de 2023. Esta decisión pone fin a un proceso legal en el que el exjugador tuvo que demostrar que su retirada del fútbol profesional en 2022 no fue una elección voluntaria, sino una obligación médica derivada de su deterioro físico.
Lesiones crónicas como argumento principal
El tribunal ha dado plena validez al historial médico del futbolista, que incluye un conjunto de patologías graves: cervicoartrosis, hernias discales, estenosis foraminal, discopatía dorsal y espondiloartrosis lumbar. Según la sentencia, estas dolencias son incompatibles con las exigencias del fútbol profesional, que demanda "rendimiento físico máximo, continuidad competitiva, tolerancia al impacto y ausencia de riesgo estructural grave".
Durante su carrera, Mikel San José disputó más de cuatrocientos partidos a nivel profesional, la mayoría con la camiseta del Athletic Club, donde se consolidó como un referente en el centro del campo. Sin embargo, el desgaste acumulado durante años de competición al más alto nivel dejó secuelas irreversibles en su organismo, lo que finalmente le obligó a colgar las botas.
El tribunal considera probado que la retirada del deportista se produjo por recomendación expresa de los médicos, no por decisión personal. Este punto resulta fundamental, ya que la Seguridad Social cuestionaba si realmente existía una incapacidad absoluta para el ejercicio del fútbol profesional o si se trataba de una retirada anticipada por otros motivos.
Un voto particular discrepante
La sentencia no ha sido unánime. El magistrado Pablo Sesma de Luis ha presentado un voto particular en el que califica de "asombroso" el criterio mayoritario de la Sala. En su opinión, los argumentos que sustentan la incapacidad permanente total no son suficientemente sólidos.
El magistrado discrepante subraya que San José solo estuvo de baja algo más de dos meses durante su última temporada, que volvió a competir a nivel profesional y que decidió retirarse con 33 años, una edad en la que muchos futbolistas aún continúan activos. Además, señala que la solicitud de incapacidad se presentó nueve meses después de su retirada, lo que, en su opinión, cuestiona la urgencia e inevitabilidad de la situación médica.
Este voto particular, aunque no prevalece en la decisión final, refleja la complejidad técnica y médica de estos casos, donde la línea entre una retirada deportiva voluntaria y una obligada por razones de salud puede ser difícil de determinar con precisión.
Posibilidad de recurso ante el Supremo
La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no necesariamente pone punto final a este litigio. La Seguridad Social aún mantiene la opción de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que prolongaría el proceso judicial y mantendría la incertidumbre sobre el cobro definitivo de la pensión.
Este tipo de recursos ante la más alta instancia judicial española son complejos y requieren argumentos de especial relevancia jurídica, por lo que la decisión de recurrir o no dependerá del análisis que hagan los servicios jurídicos del INSS sobre las posibilidades de éxito.
Precedentes en el mundo del fútbol
El caso de Mikel San José no es aislado. El periodismo especializado ha documentado numerosos ejemplos de futbolistas que han accedido o intentado acceder a prestaciones por incapacidad permanente tras finalizar sus carreras deportivas. La disparidad de criterios judiciales en estas situaciones resulta llamativa.
Emmanuel Amunike, exjugador del Barcelona, logró finalmente la prestación tras varios recursos judiciales. Los tribunales consideraron que las lesiones sufridas años atrás le impedían ejercer como futbolista profesional, aunque ya se había retirado del deporte activo.
Francisco Camarasa también fue reconocido como beneficiario después de romperse el tendón de Aquiles, lesión que puso fin a su trayectoria profesional. Su caso demuestra cómo una lesión traumática grave puede ser argumento suficiente para la incapacidad.
Los entrenadores Álvaro Cervera y Julen Lopetegui obtuvieron la incapacidad tras acreditar que sus problemas físicos les impedían seguir compitiendo, aunque posteriormente desarrollaron exitosas carreras técnicas. Estos casos generan debate sobre si la incapacidad para jugar implica necesariamente incapacidad para trabajar en el ámbito del fútbol.
Álvaro Benito consiguió la pensión al demostrar que una grave lesión de rodilla truncó prematuramente una trayectoria prometedora cuando era muy joven. La edad y las expectativas frustradas parecen haber pesado en la decisión judicial.
No todos los casos tienen final favorable para el deportista. Abelardo perdió la pensión cuando el tribunal entendió que había continuado jugando después de sufrir la lesión, lo que cuestionó la gravedad de su incapacidad.
Julio Pineda, por su parte, logró la prestación ya retirado, al considerar los jueces que su pubalgia le incapacitaba para un deporte tan exigente como el fútbol profesional.
Implicaciones del sistema
Esta serie de casos refleja la disparidad de criterios judiciales a la hora de valorar las secuelas del deporte profesional. Mientras que algunos tribunales conceden la incapacidad con relativa facilidad, otros exigen un estándar de prueba mucho más estricto.
La falta de uniformidad en las resoluciones genera incertidumbre entre los deportistas, que no pueden prever con claridad si sus lesiones profesionales serán reconocidas como incapacitantes por la Seguridad Social. Esta situación ha llevado a reclamar una mayor especialización de los jueces en materia de medicina deportiva y una mayor coherencia en la jurisprudencia.
El debate se centra en si el sistema actual protege adecuadamente a los deportistas profesionales, cuyas carreras son cortas y intensas, y que a menudo se retiran con lesiones crónicas que les acompañarán toda la vida. La tensión entre la naturaleza temporal del contrato deportivo y las consecuencias permanentes de las lesiones genera un vacío legal que los tribunales deben resolver caso por caso.
El futuro de Mikel San José
Mientras se resuelve la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo, Mikel San José podrá comenzar a percibir la pensión vitalicia que le ha sido reconocida. Esta prestación, aunque modesta comparada con los sueldos de la élite futbolística, representa un reconocimiento institucional a los daños físicos sufridos durante su carrera profesional.
El exfutbolista, que actualmente tiene 35 años, tendrá que gestionar su futuro laboral teniendo en cuenta las limitaciones que le impiden regresar al fútbol profesional. La sentencia judicial, al reconocer su incapacidad, le abre la puerta a otras prestaciones y ayudas, pero también le cierra la posibilidad de volver a competir oficialmente.
Este caso establece un precedente importante para futuros litigios similares, especialmente en un deporte como el fútbol donde las exigencias físicas son extremas y las lesiones crónicas son una realidad para muchos profesionales. La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco podría influir en cómo se valoran estas situaciones en el futuro, aunque la posibilidad de recurso ante el Supremo mantiene la incertidumbre sobre la jurisprudencia definitiva.
El reconocimiento de la incapacidad permanente total en deportistas de élite plantea interrogantes sobre la protección social de quienes se dedican profesionalmente al deporte. Mientras el sistema judicial sigue definiendo los límites, casos como el de Mikel San José ilustran la complejidad de equilibrar la naturaleza voluntaria del deporte profesional con las consecuencias irreversibles que puede tener en la salud de quienes lo practican.