Después de más de dos décadas de negociaciones intensas, la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur están a punto de sellar uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la historia. Este sábado, representantes de ambas regiones se reunirán en Asunción, la capital paraguaya, para firmar el tratado que promete crear la mayor zona de libre comercio del mundo, conectando a más de 700 millones de consumidores y uniendo economías que suman un PIB de 22 billones de dólares.
El acto protocolario tendrá lugar en el Banco Central de Paraguay, donde los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— junto al comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, pondrán fin a un proceso que comenzó hace 26 años y que ha resistido múltiples cambios políticos, crisis económicas y divergencias ideológicas en ambos lados del Atlántico.
La delegación europea estará encabezada por dos de sus máximas autoridades: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Su presencia simboliza el compromiso institucional de Bruselas con un acuerdo que considera estratégico para diversificar sus relaciones comerciales en un contexto de creciente tensión geopolítica.
Desde el lado sudamericano, la cita contará con la participación de destacados líderes, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, quien ha mostrado una postura favorable al libre mercado y la apertura económica. También estará presente el mandatario panameño, José Raúl Mulino, cuyo país participa como Estado Asociado del acuerdo y quien ha calificado el pacto como "un avance tremendo" que generará "mayores beneficios" para ambas partes mediante el flujo de productos y servicios.
Sin embargo, la firma en Asunción no representa el punto final del proceso. El tratado deberá superar aún un escollo crucial: la ratificación parlamentaria. Tanto el Parlamento Europeo como los congresos de cada uno de los países del Mercosur deberán aprobar el texto para que entre plenamente en vigor, un trámite que podría prolongarse meses o incluso años y que no carece de incertidumbre.
La falta de unanimidad en la votación previa del Consejo Europeo, celebrada el pasado 9 de enero, anticipa posibles obstáculos. En aquella ocasión, 21 países miembros respaldaron el acuerdo, entre ellos España, mientras que Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría manifestaron su oposición. Bélgica, por su parte, optó por la abstención. Esta división refleja las tensiones entre los beneficios potenciales del libre comercio y las preocupaciones por la protección de sectores estratégicos europeos.
Las dimensiones del acuerdo son realmente monumentales. Con una población combinada que supera los 700 millones de habitantes y un PIB agregado de 22 billones de dólares —aproximadamente 19 billones de euros—, el pacto establecería la zona de libre comercio más extensa jamás negociada. Para ponerlo en perspectiva, la Unión Europea ya representa el segundo socio comercial más importante del Mercosur, captando cerca del 17% del comercio total del bloque sudamericano en 2024.
En términos económicos, el acuerdo persigue la liberalización comercial integral. Esto se traduce en la eliminación progresiva de aranceles en una amplia gama de productos industriales y agrícolas, facilitando el acceso de empresas europeas a mercados de 270 millones de consumidores sudamericanos y viceversa. Para el ciudadano medio, esto se materializará en una mayor variedad de productos en los supermercados y precios más competitivos gracias a la reducción de costos aduaneros.
El sector automovilístico europeo, la industria farmacéutica y los productos de lujo podrán expandirse con menores barreras en países como Brasil y Argentina. A cambio, los países del Mercosur obtendrán acceso preferencial para sus exportaciones agrícolas —carnes, azúcar, etanol— y productos manufacturados básicos, aunque con cuotas y plazos de transición que buscan amortiguar el impacto en industrias europeas sensibles.
Precisamente, estas cláusulas de salvaguardia constituyen uno de los pilares del acuerdo desde la óptica europea. Bruselas ha negociado mecanismos que permiten activar medidas de protección temporal si se detecta un daño grave a sectores clave como la agricultura, la industria química o la manufactura. Estas salvaguardias actúan como una red de seguridad para los países escépticos, aunque su eficacia real solo se probará una vez implementado el tratado.
No obstante, la oposición no se ha disipado. Numerosas asociaciones agrarias europeas mantienen su rechazo al acuerdo, argumentando que la apertura del mercado a productos sudamericanos como la carne bovina, la avicultura o los cítricos pondrá en riesgo el modelo de agricultura familiar europeo y erosionará los estándares de calidad y sostenibilidad. Francia ha sido particularmente vocal en esta crítica, temiendo que sus ganaderos no puedan competir con costos de producción más bajos en el Mercosur.
Estas voces críticas ponen de manifiesto el debate subyacente: ¿hasta dónde debe llegar el libre comercio sin comprometer la soberanía alimentaria y los estándares sociales? Los defensores del acuerdo argumentan que incluye compromisos vinculantes en materia de protección ambiental y laboral, aunque los sindicatos y organizaciones ecologistas europeas cuestionan su capacidad de cumplimiento y verificación.
Más allá de lo económico, el pacto tiene una dimensión geopolítica indiscutible. En un momento en que las tensiones con China y Rusia reconfiguran las alianzas globales, la UE busca consolidar su presencia en América Latina, una región tradicionalmente en la órbita de influencia estadounidense pero que ha recibido creciente atención de potencias asiáticas. Para el Mercosur, diversificar sus socios comerciales más allá de China reduce su vulnerabilidad y abre nuevas vías de desarrollo.
El camino hacia la ratificación promete ser complejo. En Europa, el Parlamento de Estrasburgo deberá escrutar minuciosamente el texto, y los gobiernos de los países opositores tendrán que justificar ante sus ciudadanos el cambio de posición si finalmente apoyan el tratado. En el Mercosur, la situación política de Brasil y Argentina, con gobiernos de distinto signo ideológico, añade una capa adicional de incertidumbre.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado una postura pragmática, equilibrando la apertura comercial con la defensa de la industria nacional. En Argentina, Milei promete una revolución liberal que alinea perfectamente con el espíritu del acuerdo, pero enfrenta una oposición parlamentaria que podría complicar su aprobación.
Mientras tanto, empresarios de ambos lados del Atlántico contemplan el horizonte con optimismo cauteloso. Las cámaras de comercio europeas calculan que el acuerdo podría incrementar el PIB de la UE en 4.500 millones de euros anuales, mientras que exportadores sudamericanos proyectan aumentos significativos en ventas de productos agroindustriales.
El reto ahora es convertir la firma de Asunción en un proceso de implementación efectiva. La historia de los acuerdos comerciales multilaterales está llena de buenas intenciones que naufragaron en la fase de ratificación. Sin embargo, tras 26 años de negociaciones, la presión para no desaprovechar esta oportunidad es enorme.
En las próximas semanas, los lobbies empresariales intensificarán sus campañas, los sindicatos movilizarán a sus bases y los gobiernos de ambos bloques deberán ejercer liderazgo para superar las resistencias. El reloj ya corre, y el mundo observa si esta vez el consenso político podrá alcanzarse para materializar lo que podría ser el capítulo más ambicioso del comercio global del siglo XXI.