El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado el regreso de la peste porcina africana a territorio español tras más de tres décadas de ausencia. La alerta se activó el pasado 26 de noviembre cuando los servicios veterinarios de la Generalitat de Catalunya localizaron dos ejemplares de jabalí sin vida en la localidad de Bellaterra, municipio de Cerdanyola del Vallès, en la provincia de Barcelona. Los análisis posteriores realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmaron la presencia del virus PPA, desencadenando una respuesta institucional inmediata.
La detección de estos dos animales silvestres positivos marca un hito preocupante para la sanidad animal nacional, ya que el último caso registrado en España databa de hace 31 años. La rápida intervención de las autoridades catalanas y la confirmación estatal han puesto en marcha un dispositivo de vigilancia y control sin precedentes en la zona, con el objetivo de evitar cualquier posible propagación del patógeno.
El titular de Agricultura, Luis Planas, ha convocado de urgencia a las autoridades autonómicas y al sector porcino para implementar medidas excepcionales. La principal recomendación gira en torno a la reforzar la bioseguridad en todas las explotaciones de cerdos del territorio nacional, especialmente en las áreas próximas al foco detectado. Además, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique de inmediato cualquier hallazgo de jabalíes muertos o enfermos a los servicios oficiales de las comunidades autónomas.
Una enfermeda exclusivamente animal
Es fundamental aclarar que la peste porcina africana no constituye un riesgo para la salud humana. Los expertos veterinarios insisten en que se trata de una patología no zoonótica, lo que significa que las personas no pueden contagiarse ni por contacto directo con los animales afectados ni mediante el consumo de productos derivados de cerdos infectados. Este dato resulta crucial para mantener la tranquilidad pública y evitar alarmismos infundados.
Sin embargo, el impacto para la especie porcina es devastador. El virus presenta una tasa de contagio extremadamente elevada y una mortalidad que puede alcanzar el 100% en los animales susceptibles. Esta virulencia convierte a la PPA en una de las amenazas más graves para la producción porcina a nivel mundial, con consecuencias económicas potencialmente catastróficas para el sector.
El cerdo ibérico representa uno de los pilares fundamentales de la industria agroalimentaria española, con un valor económico que supera los millones de euros anuales y un reconocimiento internacional innegable. Cualquier amenaza a esta cadena productiva genera preocupación entre productores, exportadores y administraciones, que trabajan coordinadamente para proteger el estatus sanitario del país.
Lecciones del pasado
La historia reciente de España con esta enfermedad sirve como advertencia. Durante la década de 1960, un brote de gran magnitud azotó las granjas porcinas nacionales en una época en la que no existía un plan nacional de erradicación estructurado. La situación fue tan grave que la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) mantuvo una prohibición de exportación de carne de cerdo española durante aproximadamente treinta años.
No fue hasta 1985 cuando se estableció un plan sistemático de control, y recién en 1995 la Comisión Europea declaró oficialmente erradicada la enfermedad de territorio español. Este contexto histórico explica la sensibilidad y la rapidez con la que las autoridades han reaccionado ante la nueva detección, conscientes de los costes económicos y reputacionales que conllevaría un brote incontrolado.
Protocolo de contención en marcha
La Generalitat de Catalunya ha activado su Plan de Contingencia específico para este tipo de situaciones, coordinando esfuerzos entre los departamentos de Agricultura e Interior. La estrategia se basa en la creación de zonas de vigilancia concéntricas que permitan un control progresivo y escalonado del territorio.
Se ha delimitado una zona de vigilancia de 20 kilómetros alrededor del punto exacto donde fueron encontrados los jabalíes. Dentro de este perímetro, se han establecido dos anillos de actuación diferenciados. El primero, con un radio de 1 kilómetro, es objeto de una búsqueda intensiva de posibles cadáveres de jabalí o animales enfermos, con el fin de identificar y eliminar cualquier foco de infección residual.
Un segundo anillo abarca el resto de la zona de los 20 kilómetros, donde se realizan controles periódicos y se refuerzan las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas existentes. Además, se ha procedido al blindaje del perímetro para impedir el desplazamiento de animales potencialmente infectados hacia zonas limpias, utilizando medidas físicas y de vigilancia activa.
Los servicios forestales y agentes rurales trabajan de forma coordinada en la monitorización de la población de jabalíes, especie que en las últimas décadas ha experimentado un notable incremento demográfico en zonas periurbanas como la comarca del Vallès Occidental, donde se localiza Bellaterra. Esta proximidad a núcleos urbanos y explotaciones ganaderas aumenta el riesgo de transmisión y complica las labores de control.
Investigación epidemiológica
Una de las prioridades actuales es determinar el origen exacto del virus. El Ministerio de Agricultura ha iniciado una investigación epidemiológica exhaustiva para trazar la posible ruta de entrada del patógeno en territorio catalán. Las hipótesis incluyen la introducción mediante productos cárnicos contaminados procedentes de zonas endémicas, la llegada de animales silvestres desde países vecinos donde la enfermedad está presente, o incluso la transmisión mecánica a través de vehículos o equipos infectados.
España mantenía hasta ahora un estatus de país libre de PPA, lo que facilita las exportaciones de productos porcinos a mercados exigentes. La rápida detección y la transparencia en la comunicación son elementos clave para intentar mantener esta condición ante los organismos internacionales. La OIE valora positivamente la notificación inmediata y la implementación de medidas drásticas como signo de un sistema de vigilancia eficaz.
El sector porcino, por su parte, ha respondido con preocupación pero también con profesionalidad. Las asociaciones de productores han reforzado los protocolos de bioseguridad en las granjas, limitando el acceso de personas y vehículos, incrementando la desinfección y extremando la vigilancia clínica de los animales. La colaboración público-privada resulta esencial en este tipo de crisis sanitarias.
Llamamiento a la responsabilidad ciudadana
Las autoridades sanitarias recuerdan que la colaboración ciudadana es un pilar fundamental para el éxito del control. Cualquier persona que observe jabalíes muertos, decaídos o con comportamientos anómalos debe comunicarlo de inmediato a los servicios veterinarios autonómicos o a las policías locales. No se debe tocar ni manipular los cadáveres, ya que el virus puede persistir en el medio ambiente durante largos períodos.
También se insiste en la importancia de no alimentar a la fauna silvestre, práctica que aumenta la concentración de animales en zonas urbanas y periurbanas y facilita la transmisión de enfermedades. La gestión sostenible de las poblaciones de jabalíes es un desafío complejo que requiere consenso social y medidas técnicas adecuadas.
El futuro inmediato dependerá de la capacidad de contención en las próximas semanas. La experiencia de otros países europeos como Alemania, Bélgica o Italia, que han enfrentado brotes recientes en jabalíes, demuestra que la detección precoz y la respuesta rápida son las mejores herramientas para evitar la entrada del virus en las granjas comerciales. Una vez que el patógeno entra en una explotación de producción, el control se complica exponencialmente y las medidas deben ser mucho más drásticas, incluyendo el sacrificio de todos los animales susceptibles.
España afronta este desafío con la ventaja de contar con un sistema veterinario altamente cualificado, una red de laboratorios de referencia y un marco legislativo europeo que establece pautas claras de actuación. La coordinación entre administraciones central, autonómica y local será decisiva para superar esta crisis sin que afecte al sector productivo.
La situación actual exige vigilancia constante, rigor científico y una comunicación transparente con los ciudadanos y los mercados internacionales. Solo mediante la unión de esfuerzos y la aplicación estricta de los protocolos establecidos se podrá volver a declarar a España como territorio libre de peste porcina africana y proteger así uno de los sectores más emblemáticos de la economía agroalimentaria nacional.