La última diligencia del juez Juan Carlos Peinado en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha arrojado resultados negativos que cuestionan su línea de investigación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al magistrado que, tras revisar los registros de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), únicamente ha confirmado un viaje de Gómez a República Dominicana en junio de 2022, desplazamiento ya conocido y relacionado con su actividad académica.
Este revés llega después de que Peinado instara con carácter "improrrogable" al Ministerio del Interior a entregar toda la información sobre los movimientos de Gómez y su asesora Cristina Álvarez. El magistrado sospechaba que ambas habrían viajado a República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia, países que puso en el punto de mira de su investigación por presunta malversación.
Sin embargo, el informe de la UCO es tajante: no existen registros de esos desplazamientos. La Guardia Civil deja claro que "respecto a los países consignados en su oficio judicial, únicamente consta un viaje a la República Dominicana por parte de Begoña Gómez, el cual se produce con fecha de salida desde Madrid el día 1 de junio de 2022 y la vuelta con salida el 3 de junio de 2022". Este documento oficial representa un serio obstáculo para la teoría del delito que el juez construye desde 2024.
El magistrado había solicitado estos datos después de que tanto Gómez como Álvarez "declinasen" entregar sus pasaportes en noviembre, una petición que consideró necesaria para determinar si los viajes respondían a cuestiones institucionales o "meramente privadas". La negativa motivó que Peinado buscara reconstruir sus movimientos a través de la ONIP, que recopila información de las aerolíneas.
El único viaje localizado corresponde a un congreso iberoamericano al que Gómez asistió como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Desde La Moncloa han reiterado que este desplazamiento era conocido y se enmarca en actividades académicas, alejándolo de cualquier connotación sospechosa. El viaje fue realizado con Air Europa.
La UCO matizó una limitación importante: la ONIP conserva datos de pasajeros durante un máximo de cinco años, lo que podría haber impedido localizar movimientos anteriores. Esta restricción temporal puede haber limitado el alcance, aunque el magistrado no ha manifestado si esto afecta sus hipótesis.
Curiosamente, la consulta reveló 36 vuelos de Begoña Gómez a otros destinos como Ghana, Egipto, Italia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Perú, países que el juez no preguntó. Cristina Álvarez aparece en cuatro vuelos a México, Egipto y Estados Unidos. Estos movimientos no fueron objeto de la investigación.
El magistrado mantiene imputadas a ambas por malversación, acusación que niegan rotundamente. La investigación se centra en la supuesta utilización de la asesora para negocios privados, hipótesis que no ha encontrado respaldo en las diligencias realizadas. La defensa califica la investigación de "fishing expedition" sin fundamentos.
La causa ha generado intenso debate político. El Gobierno de Sánchez califica la investigación de "cacería" sin fundamentos, mientras la oposición cuestiona la transparencia. La falta de evidencia fortalece la postura del ejecutivo, que defiende la honorabilidad de la primera dama.
Desde el punto de vista jurídico, la ausencia de pruebas plantea interrogantes sobre la viabilidad de la acusación. Los expertos señalan que investigaciones basadas en conjeturas sin respaldo documental tienen dificultades para prosperar, especialmente en delitos que requieren prueba de consumación e intencionalidad.
El juez Peinado no ha manifestado si cerrará esta línea investigativa. La instrucción continúa abierta, pero la presión para presentar pruebas concretas aumenta con cada resultado negativo. Para la defensa, estos resultados son un argumento contundente, demostrando que no existen registros oficiales de los viajes sospechosos.
La situación pone de manifiesto los desafíos de las investigaciones judiciales cuando las hipótesis iniciales no encuentran respaldo en registros oficiales. La dependencia de sistemas como la ONIP, con sus limitaciones, y la necesidad de pruebas concretas para acusaciones de corrupción son aspectos centrales.
El Gobierno insiste en que la investigación intenta dañar la imagen del ejecutivo. La oposición, aunque ha utilizado la causa para cuestionar a Sánchez, ve debilitado su argumentario. El caso ilustra cómo las investigaciones sobre figuras públicas generan repercusión mediática y política, incluso sin resultados concluyentes.
A medida que avanza la instrucción, aumenta la presión sobre Peinado para presentar pruebas sólidas. La justicia española enfrenta el reto de equilibrar la investigación de irregularidades con la protección de derechos fundamentales y evitar la judicialización de la política.
La ausencia de viajes a los países señalados representa un obstáculo significativo para la teoría del delito. Si bien la investigación no se ha cerrado, los resultados negativos podrían influir en la decisión final sobre sobreseimiento o procesamiento, y generar cuestionamientos sobre mantener la imputación sin pruebas directas.
En el contexto de la polarizada política española, estas investigaciones adquieren dimensión simbólica que trasciende lo jurídico. La percepción pública sobre imparcialidad judicial y uso político de instituciones está en juego.
El tiempo dirá si Peinado encuentra nuevos elementos o si la causa se archiva por falta de pruebas. Mientras, Begoña Gómez continúa su vida pública y académica, mientras la sombra de la investigación persiste en el horizonte político español.