La ciudad de Plasencia continúa con los trabajos de recuperación tras el tornado que azotó el municipio el pasado 30 de enero. Según datos facilitados por la concejala de Disciplina Urbanística, Belinda Martín, el consistorio ha abierto un total de 73 expedientes administrativos para gestionar los daños producidos por este fenómeno meteorológico extremo. La oficina habilitada específicamente para atender a los afectados ha recibido hasta el momento a 120 personas que han solicitado información y ayuda sobre los trámites a seguir.
El desglose de las solicitudes revela una realidad preocupante: de los 73 casos registrados, 60 corresponden a propietarios que contaban con seguro en vigor, mientras que los 13 expedientes restantes pertenecen a vecinos que no disponían de póliza alguna. Esta diferencia marca dos vías de actuación completamente distintas, cada una con sus propios requisitos, plazos y posibilidades de compensación económica.
Para los ciudadanos asegurados, la gestión de los daños se canaliza principalmente a través de sus respectivas compañías de seguros. Sin embargo, existe una alternativa crucial cuando las aseguradoras no cubren completamente los perjuicios: el Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo público empresarial, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, asume la cobertura de riesgos extraordinarios como inundaciones, terremotos o tempestades ciclónicas atípicas, categoría en la que se enmarca el tornado sufrido por Plasencia.
Es fundamental destacar que para acceder a esta vía, el afectado debe haber abonado previamente el recargo correspondiente en su póliza. El Consorcio actúa como una red de seguridad que complementa la cobertura privada, pero nunca como sustituto total de la misma. Los técnicos municipales están colaborando con los peritos de las compañías aseguradoras para agilizar la valoración de los daños y evitar demoras en las indemnizaciones.
La situación se complica para los 13 expedientes de vecinos sin seguro. La concejala Martín ha sido tajante al respecto: la ausencia de póliza no genera automáticamente derecho a compensación pública. Estos ciudadanos solo pueden optar a ayudas estatales si se cumplen una serie de condiciones estrictas y se activan mecanismos específicos de emergencia.
El primer requisito indispensable es que el municipio figure en la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, popularmente conocida como 'zona catastrófica'. Afortunadamente para los placentinos, el Consejo de Ministros aprobó esta declaración el pasado 11 de febrero, incluyendo a Plasencia en el ámbito territorial protegido. Esta decisión abre la puerta a la posibilidad de subvenciones, pero no las hace automáticas.
Las ayudas estatales para emergencias o catástrofes presentan características muy concretas que los interesados deben conocer. En primer lugar, no son gestionadas directamente por el Ayuntamiento, sino que cada afectado debe solicitarlas de forma individual. En segundo lugar, están destinadas exclusivamente a daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, excluyendo segundas residencias o propiedades no habitadas.
La cuantía máxima establecida por el Gobierno alcanza los 5.500 euros por solicitante, una cifra que puede resultar insuficiente ante daños estructurales importantes. Para acceder a esta ayuda, los vecinos deben cumplir con una serie de requisitos documentales que, en muchos casos, representan una barrera administrativa considerable.
El proceso de solicitud comienza con la descarga del modelo oficial disponible en la página web de Protección Civil. Una vez completado, el documento puede presentarse en cualquier registro oficial, incluido el del propio Ayuntamiento de Plasencia. Sin embargo, la documentación exigida es extensa y específica.
Entre los papeles obligatorios figura el alta a terceros con número de cuenta bancaria, un informe técnico suscrito por profesional habilitado que detalle de forma precisa los daños sufridos, y la acreditación tanto de la titularidad del inmueble como de su carácter de vivienda habitual. Este último punto es crucial, ya que las ayudas no cubren propiedades destinadas a usos turísticos o segundas residencias.
El papel del Ayuntamiento en este proceso se limita a ofrecer información y orientación a los ciudadanos. La iniciativa del trámite corresponde exclusivamente a cada afectado, quien debe ser proactivo en la recopilación de documentación y el seguimiento de su expediente. Este modelo de gestión, basado en la responsabilidad individual, ha sido cuestionado por algunos colectivos que demandan una mayor implicación institucional.
Paralelamente a la atención ciudadana, los servicios técnicos municipales ya disponen de informes técnicos individualizados para cada caso. Estos documentos son fundamentales no solo para la gestión de ayudas, sino también para la elaboración de una memoria global que cuantifique económicamente todos los daños ocasionados en instalaciones e infraestructuras municipales.
Esta memoria global es el paso previo indispensable para que el consistorio pueda acceder a las líneas de financiación previstas por las administraciones superioras. Los daños en edificios públicos, parques urbanos, mobiliario municipal y redes de servicios requieren una valoración precisa que permita justificar las inversiones necesarias para la reconstrucción.
La declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros, no solo beneficia a los particulares. También permite articular ayudas para corporaciones locales que hayan visto afectadas sus infraestructuras. Sin embargo, la efectividad de estas medidas queda supeditada a la correcta tramitación administrativa y al cumplimiento de los plazos establecidos.
El Ayuntamiento de Plasencia ha activado un protocolo de comunicación constante con los afectados, manteniendo actualizada la información en su portal web y ofreciendo cita previa para atención personalizada. La concejala Martín ha insistido en la importancia de que los ciudadanos no demoren la presentación de sus solicitudes, ya que los plazos administrativos son estrictos y las demoras pueden comprometer la posibilidad de recibir ayudas.
La experiencia de Plasencia sirve como modelo de gestión de emergencias para otros municipios de tamaño similar. La combinación de atención directa a los ciudadanos, coordinación con el sector asegurador y preparación de documentación técnica municipal demuestra una planificación estructurada ante situaciones de catástrofe natural.
No obstante, expertos en gestión de riesgos señalan que la cantidad de expedientes abiertos (73) podría no reflejar la totalidad de los daños reales. Muchos vecinos, especialmente en zonas rurales o poblaciones de edad avanzada, podrían no haber acudido a la oficina municipal por desconocimiento o dificultades de movilidad. Desde el consistorio se estudia la posibilidad de realizar un censo complementario para identificar casos no registrados.
La reconstrucción de Plasencia avanza con paso firme pero lento. La burocracia, necesaria para garantizar la correcta asignación de recursos públicos, choca con la urgencia de los afectados que necesitan soluciones inmediatas. Mientras tanto, los técnicos continúan con los informes, las compañías de seguros con sus peritajes, y los ciudadanos con la esperanza de que las ayudas lleguen a tiempo para paliar las consecuencias de un fenómeno meteorológico que cambió la vida de cientos de placentinos en apenas unos minutos.