La trama de presuntas irregularidades conocida como KoldoGate suma un nuevo capítulo en Canarias. Según ha podido conocer este medio, el empresario José Ruz mantuvo conversaciones con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, para asegurarse la adjudicación de la reforma del Edificio Royal en Las Palmas de Gran Canaria. La operación, que incluyó una cena en la residencia oficial del entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, terminó con la constructora de Ruz ganando el concurso pese a presentar la oferta económica menos competitiva.
Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso esta redacción, dibujan un escenario de presunta influencia política en procesos de contratación pública. En ellos, Ruz y García utilizaban el apodo "el canario" para referirse a Torres, quien en ese momento ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y actualmente es ministro de Política Territorial.
La cronología de los hechos comienza el 15 de diciembre de 2021. Ese día, José Ruz escribió a Koldo García mediante WhatsApp con una pregunta directa: "Has hablado con el canario?". La respuesta del entorno de Ábalos no se hizo esperar: "No me mandaste la reseña. Pero ya está solucionado". Esta última frase, según los investigadores, resulta especialmente significativa al entenderse como una confirmación de que la gestión estaba en marcha.
Al día siguiente, el 16 de diciembre, Ruz envió a García el expediente completo de contratación pública identificado como "PA_OB_21_01". Se trataba de la documentación oficial para la reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal, destinado a albergar la delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas. El interés del constructor por esta obra no era nuevo; meses atrás, en junio de 2021, ya había mostrado su inquietud al escribirle a Koldo: "Pero tus amigos canarios harán lo que dijeron, no?", en clara alusión a Torres y su equipo de confianza.
El proceso de licitación, sin embargo, sufrió un revés inesperado. El 21 de diciembre de 2021, apenas cinco días después del intercambio de mensajes, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC-Canarias) estimó un recurso presentado por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas. La resolución anuló el pliego de condiciones al completo, dejando la convocatoria en suspenso y sin posibilidad de que ninguna empresa presentara propuestas.
La situación permaneció congelada durante semanas hasta que se produjo el encuentro clave del 9 de febrero de 2022. Esa noche, José Ruz cenó en la residencia oficial del presidente Ángel Víctor Torres. El acto, que no constaba como reunión institucional, pasó desapercibido hasta que la investigación de la Guardia Civil comenzó a reconstruir la trama. Cuatro días después de esa cena, el 13 de febrero, los pliegos de la licitación fueron publicados de nuevo, reactivando el proceso.
El desenlace fue favorable a los intereses de Ruz. Su empresa, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), resultó adjudicataria del contrato. Lo llamativo del caso es que, según la documentación analizada, la propuesta económica presentada por la constructora fue la peor de todas las presentadas. Sin embargo, compensó esta desventaja con la puntuación máxima en criterios subjetivos de valoración, un aspecto que la Guardia Civil examina con lupa para determinar si existió amaño.
Los agentes del instituto armado no descartan que la empresa tuviera acceso privilegiado a información confidencial del concurso, lo que habría permitido a Ruz preparar una oferta técnicamente más ajustada a los requisitos evaluables de forma discrecional. La investigación se centra en desentrañar si la valoración subjetiva se vio influenciada por las gestiones de Koldo García y si la cena con Torres fue el quid pro quo que facilitó el resultado final.
Este episodio se enmarca en una trama más amplia que salió a la luz en marzo de 2024, cuando se destapó el presunto entramado de corrupción vinculado a Koldo García y contratos de material ferroviario durante el Ministerio de Transportes de Ábalos. La pieza canaria, sin embargo, aporta un nuevo matiz: la posible utilización de contactos políticos de alto nivel para la adjudicación de obras públicas en territorio autonómico.
Para los expertos en contratación pública, este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas que combinan criterios objetivos y subjetivos. "Cuando la puntuación discrecional tiene un peso determinante, el riesgo de manipulación aumenta exponencialmente", señala un abogado especializado en la materia que prefiere mantener el anonimato. La cuestión no es solo si Ruz obtuvo información privilegiada, sino si quienes valoraron las ofertas recibieron instrucciones políticas.
La defensa de Ángel Víctor Torres ha negado cualquier irregularidad, insistiendo en que la cena fue un encuentro social sin implicaciones institucionales. Por su parte, José Ruz ha declinado hacer declaraciones mientras la investigación está abierta. Koldo García, en prisión preventiva por otros hechos relacionados con el caso, tampoco ha prestado testimonio sobre este episodio específico.
El expediente del Edificio Royal, con un valor estimado de varios millones de euros, representa una fracción menor del presupuesto público canario, pero su adjudicación simbólica puede tener consecuencias políticas mayores. La oposición en el Archipiélago ha exigido explicaciones urgentes y no descarta pedir la comparecencia de Torres en el Parlamento regional, aunque su condición de ministro del Gobierno de España complica esa posibilidad.
La Guardia Civil continúa recabando documentación y testimonios para esclarecer si existió delito de prevaricación, tráfico de influencias o cohecho. Los agentes han solicitado las actas de las mesas de contratación, los informes técnicos de valoración y los correos electrónicos de los funcionarios implicados. También han tomado declaración a empleados de la constructora de Ruz y a miembros del equipo de la Presidencia canaria de esa época.
Mientras tanto, la obra del Edificio Royal sigue en marcha. Los trabajos de reforma avanzan según lo previsto y la Agencia Tributaria Canaria mantiene su plan de traslado para finales de 2024. La constructora Levantina, Ingeniería y Construcción ejecuta el proyecto sin que, de momento, se hayan adoptado medidas cautelares sobre el contrato.
Este caso refuerza la percepción de que la transparencia en la contratación pública sigue siendo un desafío pendiente. La combinación de intereses empresariales, contactos políticos y procesos opacos crea un caldo de cultivo para prácticas que erosionan la confianza ciudadana. La investigación judicial determinará si los hechos constituyen delito, pero la mera sospecha ya ha generado un coste reputacional para las instituciones implicadas.
La clave ahora está en los mensajes. La Guardia Civil analiza cada palabra, cada fecha y cada contacto para reconstruir la cadena de presuntas influencias. La pregunta "¿Has hablado con el canario?" se ha convertido en el símbolo de una trama que, según los investigadores, va mucho más allá de una simple gestión de favor. La respuesta "ya está solucionado" podría ser la prueba de que, en ocasiones, las puertas del poder se abren con una cena y se cierran con un contrato.