Muerte de Iban Apaolaza: exmiembro de ETA fallece en montaña de Gipuzkoa

El cadáver de Iban Apaolaza, de 54 años de edad y antiguo miembro de la organización terrorista ETA, fue descubierto este lunes en el Parque Natural de Peñas de Aia, situado en el municipio guipuzcoano de Oiartzun. El cuerpo fue evacuado mediante un helicóptero perteneciente a la Ertzaintza, la policía autónoma vasca, tras un complejo operativo de rescate motivado por la difícil accesibilidad del lugar donde se encontraba. La víctima, que cumplía condena en tercer grado penitenciario, había sido reportada como desaparecida la noche anterior por sus familiares cuando no regresó de una excursión matutina por la sierra. Los servicios de emergencia del Gobierno Vasco confirmaron el fallecimiento tras varias horas de intensa búsqueda en la zona montañosa. El Instituto de Medicina Legal de San Sebastián se encargará de practicar la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del óbito, aunque todo apunta a una muerte accidental durante la práctica de senderismo. El dispositivo de localización se activó pasada la medianoche del domingo, coordinado por un técnico especializado de la Dirección de Atención de Emergencias del Ejecutivo vasco. La alerta se produjo aproximadamente a las diez de la noche, cuando los parientes de Apaolaza comunicaron su ausencia al no haber vuelto a su domicilio tras salir a realizar una ruta por la mañana. La operación conjunta movilizó a numerosos efectivos, incluyendo agentes de la comisaría de la Ertzaintza de Errenteria, la Unidad de Vigilancia y Rescate con su helicóptero, bomberos de la Diputación de Gipuzkoa, policía municipal de Oiartzun y voluntarios de Cruz Roja. Tras varias horas de rastreo nocturno, el cuerpo sin vida fue finalmente localizado alrededor de las diez de la mañana del lunes. La complejidad del terreno obligó a utilizar la aeronave de la Ertzaintza para el rescate y posterior traslado hasta el punto donde esperaba la funeraria. Iban Apaolaza cumplía una condena de 123 años de prisión, sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2015 y confirmada por el Tribunal Supremo en 2016. La pena se derivaba de su participación en el asesinato del teniente coronel del Ejercito Pedro Antonio Blanco, ocurrido el 21 de enero del año 2000 en Madrid. Este atentado resultó especialmente significativo por ser el primero que ejecutó ETA tras la ruptura de la tregua establecida en 1998, marcando el retorno de la organización terrorista a la violencia tras un breve periodo de cesación de hostilidades. Desde entonces, el condenado había obtenido el tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad que le permitía realizar salidas ordinarias y residir fuera del centro penitenciario, siempre bajo un estricto control judicial. Su situación carcelaria había generado polémica en el pasado. En abril de 2023, el colectivo de víctimas del terrorismo Covite denunció públicamente la concesión de progresiones de grado a presos de ETA durante la gestión de la consejera de Justicia María Jesús San José. En aquella ocasión, la asociación destacó que, de las 18 concesiones realizadas hasta esa fecha, únicamente una había recaído en un etarra no vinculado a la izquierda abertzale, precisamente Iban Apaolaza. Covite especificó entonces que el condenado no figuraba en las listas de la asociación de familiares de presos Etxerat desde enero de 2020, ni tampoco estaba considerado entre los presos de la disidencia. Esta circunstancia lo convertía en un caso excepcional dentro del contexto de las políticas penitenciarias aplicadas a los condenados por terrorismo en el País Vasco. La red ciudadana Sare, conocida por su activismo en favor de los presos de ETA, ha emitido un comunicado de condolencias a la familia de Apaolaza, reconociéndolo como un preso vasco en tercer grado. La organización ha expresado su pesar por el fallecimiento sin entrar en valoraciones políticas sobre su pasado. El incidente ha reabierto el debate sobre la situación de los condenados por terrorismo que disfrutan de permisos penitenciarios, especialmente en un territorio como Gipuzkoa, donde la presencia de antiguos miembros de ETA en libertad condicionada genera tensiones sociales. La muerte de Apaolaza en circunstancias aparentemente accidentales mientras practicaba una actividad al aire libre pone de manifiesto la normalización de su vida cotidiana tras años de condena. El Parque Natural de Peñas de Aia, donde se produjo el fatal desenlace, es una zona de gran valor ecológico y paisajístico que atravesa varios municipios guipuzcoanos. Su orografía accidentada y sus senderos de dificultad variable la convierten en un destino popular entre los amantes del montañismo, pero también conlleva riesgos para los excursionistas no experimentados o que se aventuran por rutas complicadas sin la preparación adecuada. Las autoridades vascas no han facilitado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del accidente, a la espera de los resultados de la investigación forense. Lo que sí queda claro es que la rápida activación del protocolo de búsqueda y rescate demuestra la eficacia del sistema de emergencias en la comunidad autónoma, capaz de coordinar múltiples cuerpos en operaciones nocturnas en terreno montañoso complejo. El caso de Iban Apaolaza representa un capítulo más en la compleja historia de la reintegración social de los condenados por delitos de terrorismo en el País Vasco. Su muerte, lejos de los focos mediáticos y en plena naturaleza, cierra una trayectoria marcada por la violencia política y sus consecuencias judiciales, mientras las instituciones y la sociedad vasca continúan procesando las secuelas de décadas de conflicto.