Acusan a la número 3 del PSOE de encubrir a Salazar por interés personal

Las tensiones internas en el seno del PSOE han alcanzado un nuevo punto crítico tras las graves acusaciones vertidas contra Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido y considerada la 'número 3' de la formación. Diversos miembros del partido han apuntado directamente a la dirigente como la principal responsable de la pasividad mostrada en el caso Salazar, alegando motivaciones de índole estrictamente personal. Estas informaciones, recogidas por fuentes internas del partido, sugieren que existiría una relación privilegiada entre ambos protagonistas que habría condicionado la actuación de la cúpula socialista. La dirigente valenciana ocupa una posición estratégica dentro de la estructura de Ferraz, lo que convierte estas acusaciones en un serio problema de credibilidad para el equipo de Pedro Sánchez. El escándalo, que ya afectaba a la Casa Real y a Moncloa, ahora amenaza con salpicar directamente el núcleo duro del partido gobernante. Las críticas no provienen de la oposición, sino de propios cargos socialistas que cuestionan abiertamente la gestión de Torró en un asunto que, según ellos, debería haberse resuelto con mayor celeridad y contundencia hace meses. La gravedad de las denuncias por conductas inadecuadas del exasesor andaluz Paco Salazar contrasta con la supuesta inacción de quien precisamente debe velar por la organización y disciplina del partido. Este desencuentro interno pone de manifiesto las fracturas que el caso ha generado dentro de las filas socialistas, divididas entre quienes exigen transparencia total y quienes prefieren una gestión más discreta de la crisis. La situación ha generado tal inquietud que algunos barones territoriales han empezado a mostrar su descontento con la gestión de la crisis desde la dirección federal, temiendo que el daño reputacional se extienda más allá de lo ya sucedido. La secretaria de Organización, lejos de ser un mero espectadora, se encuentra ahora en el centro de la diana política y mediática, con acusaciones que van más allá de la mera incompetencia administrativa. Los detractores de Torró dentro del partido argumentan que su presunta protección hacia Salazar no responde a una simple negligencia, sino a una deliberada estrategia de ocultación motivada por un vínculo estrecho que ambos mantendrían desde hace tiempo. Este presunto favoritismo habría impedido que se activaran los mecanismos disciplinarios con la rapidez que el caso requería, dejando a las denunciantes en una situación de indefensión durante meses. Según estas fuentes, la prioridad de Torró habría sido salvaguardar su imagen personal y evitar que trascendiera su conexión con el exasesor, por encima de sus deberes institucionales como responsable de la organización del PSOE. La versión de los hechos que circula por los pasillos de Ferraz dibuja un escenario en el que la responsable de la máquina del partido habría primado sus intereses particulares sobre la obligación de proteger a las trabajadoras afectadas. Esta interpretación, si se confirma, representaría una grave violación de los protocolos éticos que el propio PSOE ha promovido públicamente en los últimos años. El tiempo transcurrido desde que se conocieron las primeras denuncias hasta que se adoptaron medidas concretas constituye, para los críticos, la prueba de una gestión errática y sospechosamente lenta. La cuestión central que se plantea es si una persona con responsabilidades tan elevadas puede permitirse el lujo de gestionar una crisis de esta magnitud desde la óptica de su beneficio personal. La respuesta oficial desde la Secretaría de Organización del PSOE ha sido tajante y rotunda. Portavoces de este departamento han negado categóricamente cualquier intención por parte de Torró de encubrir las denuncias contra Salazar. En declaraciones recogidas por este medio, han enfatizado que la secretaria ha sido justamente la impulsora de los protocolos antiacoso dentro del partido desde que accedió al cargo. Su defensa se basa en el argumento de que los procedimientos establecidos exigen un orden concreto: primero deben agotarse los mecanismos del propio protocolo, y solo después interviene la Secretaría de Organización una vez resuelto el expediente. Esta justificación reglamentaria, sin embargo, no ha convencido a sus detractores internos, que consideran que se trata de una excusa burocrática para ganar tiempo y desgastar la presión mediática. La paradoja de que la impulsora de las normativas contra el acoso sea acusada de no aplicarlas con diligencia ha generado un clima de incredulidad entre ciertos sectores del partido. Las fuentes consultadas insisten en que la falta de transparencia sobre la relación personal entre ambos protagonistas es el verdadero problema, más allá de las formalidades procesales. La discrepancia entre la versión oficial y la que circula internamente refleja la profundidad de la crisis de confianza que vive el PSOE en este momento. La falta de unanimidad en el relato de los hechos demuestra que la herida interna está lejos de cicatrizar, y que la gestión de la comunicación se ha convertido en un nuevo frente de batalla. El protagonista de este escándalo, Paco Salazar, había sido durante años un operador político de primer nivel dentro del socialismo español. Su trayectoria en la cúpula del partido le llevó a codearse con los máximos dirigentes, hasta el punto de ser considerado como posible sucesor de Santos Cerdán al frente del aparato de Ferraz. Sin embargo, la revelación de su comportamiento inadecuado con varias subordinadas truncó de forma fulminante su ascenso dentro de la organización. En lugar de una salida fulminante, Salazar fue reubicado como asesor en el entorno de la Presidencia del Gobierno, un movimiento que muchos interpretaron como un intento de contener el daño sin sacrificar del todo a un histórico del partido. Esta operación de cortina de humo ha resultado ser un auténtico bumerán para el Ejecutivo, que ahora ve cómo el escándalo retorna con mayor virulencia. La decisión de mantenerle en un puesto de influencia en Moncloa, lejos de apagar el fuego, ha terminado por convertir una crisis interna del partido en una crisis de Gobierno. Las consecuencias de esta mala gestión han llegado esta semana con la destitución de Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en la Presidencia. Pedro Sánchez ha presentado esta medida como un corte de mangas para contener la crisis, pero las fuentes gubernamentales reconocen que los motivos son más profundos. Hernández aparece señalado en una de las denuncias no solo por amparar la conducta de Salazar, sino por presionar activamente a una de las trabajadoras para que desistiera de sus acusaciones en 2021. Esta presunta actuación habría desactivado el canal antiacoso habilitado en la propia Moncloa, lo que hacía insostenible su permanencia en el cargo. La caída de Hernández demuestra que el escándalo ya no afecta solo al PSOE como partido, sino que ha penetrado en las estructuras del Estado. La interconexión entre el partido y el Gobierno en esta crisis dificulta enormemente la tarea de Sánchez de presentar una imagen de firmeza y coherencia. Cada nuevo capítulo de esta historia revela una capa adicional de complicidad o negligencia que socava la credibilidad de las instituciones afectadas. La revelación de la estrecha relación entre Torró y Salazar, aunque no confirmada oficialmente, ha sido la chispa que ha encendido las alarmas en los sectores más críticos del partido. La pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto esta crisis puede dañar la estabilidad del Gobierno y la reputación de un partido que ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres uno de sus principales caballos de batalla. La oposición ya ha pedido explicaciones formales y no descarta solicitar comparecencias en el Congreso, mientras dentro del PSOE crecen las voces que demandan una purga total y absoluta para cerrar este capítulo. El tiempo dirá si la estrategia de contención de daños del equipo de Sánchez resulta suficiente o si, por el contrario, necesitará sacrificar más piezas para salvar el tablero. Lo que parece claro es que el caso Salazar ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un test de fuego para la cohesión y los valores del PSOE.