El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho pública la segunda resolución parcial definitiva correspondiente a la convocatoria del Programa 2% Cultural de 2023, una iniciativa que refuerza el compromiso del Gobierno de España con la preservación del patrimonio histórico. A través de esta resolución, se distribuyen casi 17 millones de euros destinados a la rehabilitación de 24 bienes y monumentos de interés cultural ubicados en diez comunidades autónomas.
La distribución territorial de estas ayudas refleja un esfuerzo equilibrado por parte de las instituciones. Andalucía lidera el reparto con 5,11 millones de euros, seguida de Cataluña, que recibe 4,33 millones. Castilla y León obtiene 2,25 millones, mientras que Castilla-La Mancha, protagonista de esta convocatoria, recibe 1,76 millones de euros para la puesta en valor de sus monumentos históricos. Otras regiones como La Rioja (1,39 millones), Murcia (599.496 euros), Aragón (679.257 euros), Baleares (548.428 euros), Comunidad Valenciana (168.050 euros) y Extremadura (73.000 euros) completan el mapa de beneficiarios.
Esta segunda tanda de proyectos se suma a las 1.249 actuaciones ya financiadas a lo largo de la historia de este programa emblemático, que gestionan de forma conjunta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura. Si a estas cifras se añaden los 57 proyectos aprobados en la primera resolución parcial definitiva de esta misma convocatoria, el total de intervenciones alcanza las 1.330 acciones financiadas desde la creación del Programa 2% Cultural.
El alcance cuantitativo de esta iniciativa resulta aún más impresionante si se considera la inversión acumulada. La Administración General del Estado ha destinado más de 756 millones de euros a la recuperación y conservación del patrimonio histórico a través de este mecanismo de financiación, consolidándolo como uno de los instrumentos más efectivos para la protección del legado cultural español.
El procedimiento administrativo que ha desembocado en esta resolución comenzó con la aprobación de la resolución provisional el pasado 21 de diciembre de 2024. Desde entonces, los expedientes han seguido su curso ordinario, permitiendo la aprobación de dos resoluciones parciales definitivas consecutivas. En estas resoluciones se incluyen únicamente los proyectos que han demostrado cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y que han presentado la documentación obligatoria dentro del plazo establecido.
La base legal que regula esta convocatoria es la Orden FOM/1932/2014, que establece las bases reguladoras del Programa de ayudas del 2% Cultural. Según el artículo 8.7 de esta normativa, los beneficiarios deben aportar una serie de documentos técnicos y administrativos que acrediten la viabilidad y el interés cultural de las actuaciones propuestas. Una vez superado este filtro, la resolución definitiva permite el desembolso de las ayudas.
El artículo 11 de la misma orden establece el sistema de pagos anticipados, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejecutará durante el ejercicio 2025. Este mecanismo garantiza que las entidades beneficiarias dispongan de los recursos necesarios para iniciar o continuar las obras de rehabilitación sin demoras, facilitando así la agilidad en la ejecución de los proyectos.
El Programa 2% Cultural nació con la finalidad de destinar una parte del presupuesto de construcción de edificios públicos a la conservación del patrimonio histórico. A lo largo de los años, se ha convertido en una herramienta fundamental para las administraciones locales y regionales, que ven en este mecanismo una oportunidad única para restaurar edificios de valor histórico-artístico que, de otro modo, carecerían de financiación específica.
La selección de los 24 inmuebles incluidos en esta resolución responde a criterios de valor patrimonial, urgencia en su conservación y capacidad de generar impacto social y territorial. Entre los proyectos financiados figuran intervenciones en iglesias, castillos, palacios, conjuntos históricos y otros elementos del patrimonio inmobiliario que constituyen la identidad cultural de sus respectivas regiones.
Para Castilla-La Mancha, los 1,76 millones de euros representan una oportunidad significativa para seguir avanzando en la protección de su rico legado histórico. La región, conocida por su excepcional patrimonio medieval y renacentista, podrá acometer nuevas actuaciones que contribuyan a poner en valor sus monumentos, generando además un efecto positivo en el tejido económico local a través del empleo en el sector de la restauración y el turismo cultural.
La importancia de estas ayudas trasciende lo meramente económico. En un momento en el que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático ocupan un lugar central en la agenda política, la rehabilitación patrimonial se presenta como una actividad compatible con estos objetivos. La reutilización y puesta en valor del patrimonio existente evita la construcción de nuevas infraestructuras, reduce la huella de carbono y promueve un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente.
Además, la intervención en estos 24 monumentos contribuye a la cohesión territorial, ya que muchos de los proyectos se ubican en municipios de menor tamaño o zonas rurales, donde el patrimonio histórico constituye a menudo el principal activo de desarrollo endógeno. La conservación de estos bienes permite no solo preservar la memoria colectiva, sino también generar oportunidades económicas en territorios que tradicionalmente han sufrido procesos de despoblación.
La gestión conjunta de tres ministerios en este programa demuestra la interdisciplinariedad que requiere la política de patrimonio. Por un lado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta la experiencia en rehabilitación y urbanismo; por otro, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza la compatibilidad con las políticas de infraestructura; y el Ministerio de Cultura asegura el cumplimiento de los criterios de valor histórico-artístico.
Este modelo de cooperación interministerial ha demostrado ser eficaz a lo largo de más de una década, permitiendo la ejecución de más de 1.300 intervenciones en todo el territorio nacional. La continuidad del programa, pese a los cambios políticos y económicos, refleja el consenso institucional en torno a la necesidad de proteger el patrimonio como bien público esencial.
La resolución publicada por el Ministerio de Vivienda no solo establece las cantidades asignadas, sino que también fija los plazos y condiciones para la justificación de las ayudas. Los beneficiarios deberán presentar certificaciones de obra y documentación técnica que demuestren el correcto uso de los fondos públicos, garantizando así la transparencia y el control del gasto.
Para el ejercicio 2025, el pago anticipado previsto en el artículo 11 de la orden regulatoria permitirá que las entidades beneficiarias inicien las obras sin necesidad de disponer de financiación propia inicial. Esta medida resulta especialmente relevante para ayuntamientos y entidades locales con menor capacidad de endeudamiento, que de otro modo verían dificultada la ejecución de proyectos de envergadura.
La publicación de esta segunda resolución parcial definitiva pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con la cultura y el patrimonio como motores de desarrollo sostenible. En un contexto de presión presupuestaria, mantener e incluso incrementar la dotación de este programa envía una señal clara sobre las prioridades estratégicas del Ejecutivo.
El impacto de estas inversiones se medirá no solo en términos de monumentos restaurados, sino también en la generación de empleo cualificado en el sector de la restauración, la arquitectura y la arqueología. Cada euro invertido en patrimonio tiene un efecto multiplicador en la economía local, activando cadenas de valor que incluyen desde la mano de obra especializada hasta la industria de materiales de construcción tradicionales.
La conservación del patrimonio histórico también fortalece el sector turístico cultural, uno de los más resilientes y de mayor crecimiento en España. Los monumentos rehabilitados se convierten en atractivos turísticos que generan riqueza y empleo de forma sostenible, evitando los modelos masivos y promoviendo una experiencia de visita más enriquecedora y respetuosa.
En el caso específico de Castilla-La Mancha, la recepción de estos fondos se suma a otros programas regionales y europeos de protección patrimonial, creando un efecto sinérgico que maximiza el impacto de las inversiones. La coordinación entre administraciones resulta esencial para evitar duplicidades y garantizar que los recursos se destinen a las actuaciones de mayor prioridad.
La segunda resolución parcial definitiva del Programa 2% Cultural de 2023 representa, en definitiva, un paso más en la larga trayectoria de protección del patrimonio español. Con más de 756 millones de euros invertidos desde su creación y 1.330 intervenciones financiadas, el programa se consolida como una herramienta indispensable para las políticas culturales del país.
La ciudadanía podrá ver los resultados de estas ayudas en los próximos años, cuando los 24 monumentos beneficiados muestren su nueva esplendor. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda ya trabaja en la preparación de nuevas convocatorias que garanticen la continuidad de un programa que, sin duda, ha demostrado su eficacia y su capacidad para generar valor público.