La Real Academia Española vive un momento de reflexión sobre su propia identidad. La institución que durante siglos ha velado por la unidad y pureza del idioma enfrenta hoy un debate fundamental: debe seguir imponiendo normas o limitarse a describir lo que realmente hablan los hispanohablantes. Esta cuestión, lejos de ser académica, afecta a más de 500 millones de personas que usan el español diariamente en contextos culturales y sociales muy diversos.
El escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro de la institución, ha expresado públicamente su preocupación por lo que considera un repliegue de la Academia hacia posiciones más descriptivas que normativas. Para el autor, este cambio de rumbo podría debilitar la autoridad de la RAE. Sin embargo, desde una perspectiva filológica contemporánea, esta evolución no solo es inevitable, sino también deseable. La lingüística moderna nos ha demostrado que ninguna institución, por prestigiosa que sea, puede controlar el desarrollo natural de una lengua viva.
El lema histórico de la Academia, "limpia, fija y da esplendor", adquiere hoy un significado diferente. En el siglo XVIII, cuando se fundó la institución, "fijar" implicaba seleccionar usos prestigiosos y eliminar lo que se consideraba incorrecto. Pero el español del siglo XXI no es el de la Corte de los Austrias. Hoy disponemos de corpus lingüísticos masivos, estudios dialectológicos detallados y herramientas digitales que nos permiten observar el idioma en tiempo real. La tarea de la Academia ya no puede ser la de un juez que dicta sentencias, sino la de un cartógrafo que dibuja mapas de un territorio en constante movimiento.
El principio de que es imposible anticiparse a los hablantes resulta indiscutible. La lengua se crea en cada interacción comunicativa, en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación. La RAE solo puede registrar lo que ya ha ocurrido. El verdadero debate no es sobre si la Academia debe seguir el uso, sino sobre qué uso debe seguir. ¿El de una minoría culta peninsular? ¿El de los medios masivos? ¿O tal vez una representación equilibrada de todas las variedades del español?
La diversidad interna del español representa uno de los mayores desafíos para la norma académica. Fenómenos como el dequeísmo, censurado en España pero perfectamente normal en amplias zonas de Hispanoamérica, demuestran que la corrección es una noción geográficamente relativa. Del mismo modo, la pronunciación de los participios en -ado sin la consonante final (cantao, terminao) es aceptada en contextos formales en la Península Ibérica, mientras que en América sigue percibiéndose como vulgar. ¿Cuál de estas normas debe prevalecer? La respuesta no puede ser unilateral.
El léxico resulta especialmente esquivo al control institucional. Tomemos el caso de la palabra "control". Durante décadas, los puristas la rechazaron como galicismo innecesario, proponiendo "comprobación" o "registro" como alternativas válidas. Sin embargo, el uso popular la impuso hasta convertirla en una voz general del español. La RAE no la normalizó hasta 1970, cuando ya era irremplazable en ámbitos como la aviación, la medicina o la informática. Este ejemplo demuestra que los hablantes, no los académicos, son los verdaderos arquitectos del vocabulario.
Pérez-Reverte acierta al afirmar que la lengua se establece de abajo arriba y se enriquece de arriba abajo. Es una observación perspicaz sobre la dinámica histórica del cambio lingüístico. Las estructuras gramaticales y los sonidos evolucionan de forma orgánica en la comunidad, mientras que la literatura, la ciencia y las élites culturales aportan refinamiento y precisión. Pero el "arriba" de hoy no es el de Cervantes o de los notarios del siglo XVII. La autoridad lingüística ya no reside exclusivamente en los clásicos o en las academias, sino en la comunidad global de hispanohablantes que interactúan en tiempo real.
La Filología, disciplina que nació después de la fundación de la RAE, ha transformado nuestra comprensión del idioma. Los estudios dialectológicos, la sociolingüística y la lingüística de corpus han demostrado que el español no es una entidad monolítica, sino un sistema de sistemas, una variedad de variedades que comparten una base común pero se diferencian legítimamente. Ignorar esta realidad sería no solo anticientífico, sino también contraproducente para la unidad del idioma.
La pregunta sobre si la Academia debe reflejar los usos o dirigirlos parte de una premisa falaz: que la RAE posee un poder que nunca ha tenido ni tendrá. Las lenguas no se gobiernan por decretos. La autoridad de la Academia depende de su capacidad para describir con precisión y elegir con criterio, no para imponer arbitrariamente. Cuando la RAE se empecina en defender distinciones en desuso o rechazar cambios consolidados, lo único que logra es alejarse de los hablantes reales y convertirse en una institución decorativa.
En el siglo XXI, una Academia útil debe basar sus decisiones en datos, perspectiva histórica y prudencia. No puede dar normas "en caliente" sobre modas pasajeras, pero tampoco puede ignorar tendencias consolidadas. Su trabajo debe ser el de un filtro cuidadoso, no el de un muro infranqueable. Debe proteger la comunicabilidad entre hispanohablantes, pero también reconocer la legitimidad de las diferencias regionales y sociales.
El futuro del español no se decide en el salón de sesiones de la RAE, sino en las aulas de Buenos Aires, los mercados de México, los metros de Madrid y las redes sociales de todo el mundo hispano. La Academia tiene la opción de acompañar este proceso con rigor científico o de quedarse anclada en un prescriptivismo que cada vez resuena más lejos de la realidad lingüística. La primera opción la mantiene relevante; la segunda la convierte en museo.
La riqueza del español reside precisamente en su capacidad para absorber, adaptar y diversificarse sin perder su esencia. La RAE debe ser la guardiana de esa esencia, pero también la cronista honesta de su evolución. Solo así cumplirá su verdadero cometido: servir a los hablantes del presente sin traicionar la herencia del pasado.