El fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, ha lanzado una advertencia directa a los millones de usuarios de su plataforma en España. A través de un comunicado masivo enviado vía la aplicación de mensajería, Durov cuestiona con dureza las recientes iniciativas regulatorias anunciadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez, calificándolas de "pasos hacia el control total" en el ámbito digital.
La misiva, que ha llegado exclusivamente a números de teléfono españoles —incluso a aquellos que residen temporalmente en el extranjero—, representa una intervención sin precedentes del empresario ruso-estonio en la política nacional de un país europeo. Durov, conocido por su defensa ferrea de la privacidad y el cifrado extremo, no ha ocultado su preocupación por lo que considera una instrumentalización de la seguridad para justificar la censura.
El mensaje se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales que, según el creador de Telegram, configuran un estado de vigilancia encubierto bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía. Cada punto va acompañado de una reflexión sobre los riesgos asociados que, en opinión de Durov, trascienden la supuesta buena intención de las normativas.
1. La prohibición de redes sociales para menores con verificación biométrica
La primera crítica se centra en la medida que establece el bloqueo del acceso a plataformas sociales para usuarios menores de 16 años, acompañado de sistemas obligatorios de verificación de edad. Durov argumenta que esta aparente protección juvenil esconde un peligro mayor: la necesidad de implementar controles de identidad estrictos que podrían incluir documentos oficiales o datos biométricos.
El empresario advierte que este requisito no afectaría únicamente a los adolescentes, sino que establecería un precedente peligroso para toda la población. La lógica es simple: si las plataformas deben verificar la edad de algunos usuarios, los sistemas de identificación quedarán implementados para todos, erosionando el anonimato que muchos usuarios valoran. Durov teme que lo que comienza como una medida de protección infantil pueda derivar en una recolección masiva de datos personales sin justificación proporcional.
2. Responsabilidad penal directa para ejecutivos tecnológicos
El segundo frente aborda la posibilidad de que directivos de empresas tecnológicas enfrenten consecuencias penales si no retiran contenido considerado "ilegal, odioso o perjudicial" con suficiente celeridad. Para Durov, esta disposición genera un efecto de sobrecensura automática.
El miedo a sanciones judiciales o incluso a la cárcel, según el fundador de Telegram, obligaría a las plataformas a eliminar cualquier publicación que presente un mínimo riesgo de controversia. Esta dinámica, argumenta, silenciaría no solo discursos extremistas, sino también disidencias políticas legítimas, investigaciones periodísticas críticas y opiniones mayoritarias que simplemente cuestionen el statu quo. La consecuencia sería un espacio digital empobrecido, donde la precaución extrema reemplace el debate abierto.
3. La criminalización de la amplificación algorítmica
La tercera objeción se refiere a la regulación de los algoritmos que promueven contenido. Durov interpreta que castigar la amplificación de material "perjudicial" mediante sistemas automatizados equivaldría a permitir que los gobiernos dicten directamente qué información circula en las redes.
Esta medida, en su opinión, no solo afectaría a las grandes plataformas con sistemas de recomendación complejos, sino que establecería un control estatal sobre los mecanismos de descubrimiento de contenidos. El resultado sería la creación de cámaras de eco oficialmente supervisadas, donde las opiniones contrarias a la línea gubernamental quedarían enterradas bajo montañas de contenido "aprobado". La exploración libre de ideas, uno de los pilares de internet, quedaría sustituida por una propaganda curada desde las instituciones.
4. El seguimiento obligatorio de la "huella de odio"
Finalmente, Durov critica la obligación de monitorizar y reportar cómo las plataformas "alimentan la división" o generan polarización. El problema, según el empresario, radica en la vaguedad de los conceptos empleados. ¿Qué constituye exactamente "odio" o "polarización" en un contexto político?
Esta ambigüedad, argumenta, convertiría la crítica legítima al gobierno en un posible delito de división social. Las autoridades podrían usar esta herramienta para presionar, multar o cerrar plataformas que alberguen voces opositoras. Durov ve aquí una amenaza directa a la libertad de expresión política y un mecanismo de control disfrazado de análisis neutral.
El paralelismo histórico y la postura de Telegram
Tras desglosar sus objeciones, Durov insiste en que estas medidas no son simples salvaguardas ciudadanas, sino que reproducen un guion preocupantemente familiar. Según su visión, múltiples gobiernos han utilizado el argumento de la seguridad para justificar la restricción de libertades y la censura a críticos.
En este contexto, Telegram se posiciona como una alternativa que prioriza la privacidad absoluta y el cifrado robusto. Durov reitera su compromiso con sistemas sin puertas traseras y su resistencia a cualquier exceso regulatorio que comprometa la autonomía de los usuarios. El mensaje concluye con un llamado a la vigilancia ciudadana y una defensa de los valores que, según él, fundamentaron internet: libertad, privacidad y acceso libre a la información.
Esta intervención pública marca un momento de fricción directa entre una de las plataformas de mensajería más populares del mundo y un gobierno europeo. Mientras las autoridades españolas argumentan que las medidas buscan proteger a los más vulnerables y combatir la desinformación, Durov advierte que el precio podría ser la transformación de España en un estado digitalmente vigilado. El debate entre seguridad y libertad en la era de la información vuelve a encenderse con un protagonista inesperado como portavoz de la disidencia tecnológica.