La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha reafirmado este jueves su firme postura respecto a la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. José Pablo López, presidente del ente público, comunicó en la comisión mixta de control parlamentario que España no participará en la edición de 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no adopta medidas disciplinarias contra el país mediterráneo.
La declaración, realizada durante la sesión de control al órgano de comunicación público, ratifica la resolución aprobada en septiembre por el consejo de administración de RTVE. En aquella ocasión, la corporación ya advirtió que consideraba insostenible la presencia israelí en el certamen ante las reiteradas vulneraciones de las normativas establecidas.
"Los derechos humanos no son un concurso"
El máximo responsable de RTVE no ha dudado en expresar su postura con contundencia. "Sigo pensando que el festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no son un concurso", manifestó López ante los representantes parlamentarios. Esta frase resume el argumento ético que sustenta la decisión española.
Las palabras de López responden directamente a las recientes modificaciones anunciadas por la UER en el sistema de puntuación. La organización del festival pretende así aplacar las críticas de diversas cadenas públicas, pero según el presidente de RTVE, estas medidas son claramente insuficientes. "Son un avance, pero no son suficientes y dejan sin sanción a Israel", valoró durante su intervención.
Incumplimientos sistemáticos y uso partidista
La argumentación de RTVE se fundamenta en una serie de presuntas irregularidades cometidas por Israel en sus últimas participaciones. José Pablo López ha denunciado que el país ha vulnerado de forma reiterada las bases del concurso durante al menos dos años consecutivos, aprovechando su presencia con fines claramente políticos.
"Cualquier otro país que hubiera hecho lo mismo sería suspendido", aseveró el directivo, subrayando lo que considera un trato de favor hacia Israel. Las acusaciones incluyen injerencias gubernamentales en el proceso de selección, instrumentalización política de las actuaciones y manipulación en los mecanismos de votación.
Estas supuestas alteraciones del voto y campañas masivas coordinadas habrían distorsionado el espíritu competitivo del festival, según la versión del ente español. La utilización de la plataforma con objetivos ajenos a la música convierte, en opinión de RTVE, la participación israelí en una cuestión de principios.
Las medidas de la UER no convencen
La Unión Europea de Radiodifusión anunció la semana pasada una batería de cambios en la dinámica de votación con el objetivo de reducir las polémicas. La principal novedad consiste en limitar a diez el número de votos que cada espectador puede emitir por dispositivo móvil, cuando hasta ahora el límite era de veinte.
Además, la UER recuperará el jurado profesional en las semifinales, ampliando su composición a siete miembros por país, con la obligación de que al menos dos tengan menos de 25 años. Este tribunal recuperará un peso del 50% en la puntuación final, buscando equilibrar la influencia del televoto.
También se implementarán salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votos fraudulentos o coordinados masivamente. No obstante, para RTVE estas modificaciones no abordan el problema de fondo: la ausencia de sanciones efectivas contra los países que incumplen las reglas.
Alianzas internacionales y presión colectiva
España no está sola en esta postura. RTVE forma parte de un grupo de cadenas públicas que comparten las mismas reservas. Las televisiones de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han manifestado públicamente su malestar con la situación y contemplan acciones similares.
Curiosamente, España se ha convertido en el único país del denominado 'Big Five' en adoptar esta postura contundente. Este selecto grupo, formado por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, disfruta de plaza directa en la final del festival y representa las principales aportes económicas a la organización.
La presión conjunta de estas cadenas podría tener un impacto significativo en la asamblea general de la UER, que se celebrará en Ginebra los días 4 y 5 de diciembre. En esa reunión, RTVE defenderá la misma tesis que expuso en septiembre, exigiendo coherencia en la aplicación del reglamento.
El dilema de Austria como anfitrión
La situación genera tensiones incluso en el país anfitrión de la próxima edición. Austria, que acogerá la final de mayo en Viena, ha enviado señales contradictorias. Mientras su cadena pública apoya las críticas a Israel, el gobierno austriaco ha advertido que renunciaría a la organización si la UER decide expulsar al país mediterráneo.
Esta doble posición refleja la complejidad política del conflicto. Por un lado, la ORF (la emisora austriaca) comparte las preocupaciones sobre el incumplimiento normativo. Por otro, las autoridades nacionales temen las repercusiones diplomáticas y económicas de una decisión tan drástica.
El escenario crea un círculo vicioso: la presión para sancionar a Israel genera resistencia en los países anfitriones, mientras que la falta de medidas concretas alimenta el descontento de cadenas como RTVE. La UER se encuentra atrapada entre mantener la unidad del festival y preservar su credibilidad ética.
Implicaciones para el futuro del festival
La decisión de RTVE no es un mero gesto simbólico. La ausencia de España, como uno de los principales contribuyentes financieros, supondría un golpe económico y de prestigio para el concurso. Además, podría incentivar a otras cadenas a sumarse al boicot, generando un efecto dominó.
El conflicto pone de manifiesto una fractura creciente en el seno de la UER. Mientras algunos defienden la asepsia política y la inclusión incondicional, otros exigen que el festival se rija por principios éticos claros. La tensión entre entretenimiento y valores se ha convertido en el eje central del debate.
Para RTVE, la cuestión es de coherencia institucional. El ente público español no puede participar en un evento que, según su interpretación, permite que un país utilice la plataforma con fines propagandísticos mientras viola las normas sin consecuencias. La credibilidad del servicio público está en juego.
Próximos pasos en el calendario
La asamblea de Ginebra marcará un punto de inflexión. Allí, José Pablo López presentará formalmente la posición española, respaldada por el consejo de administración. La UER deberá decidir si mantiene su línea conciliatoria o adopta sanciones que, de momento, no están sobre la mesa.
Mientras tanto, la preparación de Eurovisión 2025 en Basilea continúa su curso, con Israel confirmado como participante. La edición suiza servirá como termómetro de las tensiones, pero la verdadera batalla se librará para 2026, cuando las consecuencias de la decisión de RTVE se harán efectivas.
La ciudadanía española, tradicionalmente muy vinculada al festival, se encuentra dividida. Mientras algunos apoyan la postura ética de RTVE, otros lamentan que la política interfiera en un evento cultural que siempre ha trascendido fronteras. La decisión final, no obstante, recae exclusivamente en la corporación pública.
Con este panorama, el futuro de Eurovisión como espacio de unidad europea a través de la música se cuestiona como nunca antes. La capacidad de la UER para conciliar visiones divergentes determinará si el festival mantiene su esencia o se convierte en un terreno de batalla geopolítico.