Radiotelevisión Española ha decidido confiar la producción de su nuevo espacio estrella para el prime time de La 1 a la cooperativa Abacus. Se trata de un formato de debate que estará conducido por el comunicador José Luis Sastre y que supondrá una inversión de casi tres millones de euros por parte de la corporación pública. Esta decisión, lejos de pasar desapercibida, ha despertado una intensa polémica por el perfil de los responsables de la productora elegida.
El acuerdo económico, según ha trascendido de fuentes internas de la casa, alcanza la cifra de 2,7 millones de euros y contempla la realización de ocho entregas semanales. Este presupuesto coloca al programa en la lista de los proyectos más ambiciosos y costosos de la temporada para la cadena estatal, reflejando la apuesta decidida de RTVE por recuperar la audiencia en la franja de máxima audiencia.
La cooperativa Abacus no es un nombre nuevo en el sector audiovisual catalán. Al contrario, se ha consolidado como una de las productoras más beneficiadas por las contrataciones de TV3 en los últimos ejercicios. La cadena autonómica le ha encargado proyectos millonarios, entre los que destaca la serie "Jo mai mai", por la que Abacus recibió más de 2,5 millones de euros por cada una de sus entregas. Esta relación privilegiada con la televisión pública catalana ha generado en el pasado ciertas críticas sobre los criterios de adjudicación.
El rostro visible y máximo responsable de esta empresa es Oriol Soler, quien ocupa el cargo de director general. Soler no es únicamente un empresario cultural con éxito en sus negocios; su nombre está indisolublemente ligado a la estrategia independentista catalana. Fue uno de los cerebros detrás del diseño del plan comunicativo que acompañó el "procés" y trabajó directamente con la Generalitat en la elaboración de su propaganda institucional.
La trayectoria política de Soler es extensa y controvertida. Actuó como director de campaña de Junts pel Sí en las elecciones catalanas de 2015 y su nombre aparece vinculado a la organización de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Estas actividades le convirtieron en objetivo de la investigación judicial que buscaba esclarecer los mecanismos de financiación y coordinación del movimiento secesionista.
En septiembre de 2020, Soler fue detenido por la Guardia Civil dentro de la operación contra Tsunami Democràtic, la plataforma que coordinó protestas masivas y acciones de desobediencia civil tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés. La investigación buscaba determinar cómo se financiaban estas organizaciones y cuál era su estructura de mando. Aunque fue puesto en libertad tras declarar, su arresto marcó un punto culminante en su periplo judicial.
Actualmente, Soler forma parte de un conglomerado empresarial estructurado bajo la forma jurídica de cooperativa, con una facturación anual que alcanza cifras millonarias. Su influencia en el sector cultural catalán es notable, y a principios de 2024 anunció una alianza con el empresario mediático Jaume Roures para intentar reflotar el proyecto de la Enciclopedia Catalana, un emprendimiento editorial de gran tradición en la región.
El formato que prepara RTVE sigue la estética de los court shows, un género muy popular en Estados Unidos que recrea procesos judiciales en plató con todas sus formalidades. La corporación recupera así la esencia del mítico "Tribunal Popular", programa que se emitió con éxito en la cadena pública entre 1989 y 1991 y que marcó a toda una generación de televidentes.
La premisa es ambiciosa: cada semana, un jurado compuesto por nueve ciudadanos analizará y emitirá un veredicto sobre alguno de los grandes debates que dividen a la sociedad española actual. La selección de estos participantes se realizará mediante técnicas demoscópicas para garantizar que reflejen la diversidad sociológica del país, incluyendo variables como edad, género, origen geográfico y nivel socioeconómico.
El encargado de moderar estos encuentros será José Luis Sastre, una voz conocida para los oyentes de la Cadena SER, donde ha trabajado durante años en el programa "Hoy por hoy". Su salto a la televisión supone un reto profesional que le sitúa al frente de un formato complejo que combina información, debate y espectáculo, exigiendo una capacidad de síntesis y moderación excepcional.
Cada episodio tendrá un coste aproximado de 345.362 euros, lo que eleva el presupuesto total a 2.762.900 euros, según datos de la propia corporación. La estructura seguirá el ritual judicial completo: presentación de argumentos de las partes, declaración de testigos, exhibición de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Este formato busca convertir los temas de actualidad en procesos donde el ciudadano común tiene el poder de decisión.
La incorporación de Soler al entorno de RTVE no ha pasado desapercibida. Llega meses después de que saltaran varias polémicas sobre la gestión de la corporación pública y sus criterios de contratación. La decisión de encargar un proyecto tan relevante para la parrilla a una productora vinculada a un perfil tan controvertido ha levantado interrogantes sobre la transparencia en los procesos de adjudicación.
La corporación defiende que la elección se basa exclusivamente en criterios profesionales y técnicos, valorando la experiencia previa de Abacus en la producción de formatos complejos. Sin embargo, las conexiones políticas de Soler difícilmente pueden ignorarse cuando se trata de un medio público que debe mantener la neutralidad ideológica y servir a toda la ciudadanía por igual.
Este movimiento sitúa a Abacus como uno de los proveedores más importantes de contenidos para la televisión pública española. El contrato no solo representa un ingreso significativo para la cooperativa, sino que también le otorga una visibilidad y una influencia considerables en el panorama mediático nacional, más allá de su ámbito tradicional catalán. Esta expansión hacia el mercado español supone un salto cualitativo en su estrategia de crecimiento.
La apuesta por un formato de court show refleja la tendencia de los últimos años de buscar fórmulas que mezclen entretenimiento con temas de actualidad, copiando modelos anglosajones que han demostrado gran éxito de audiencia. Sin embargo, la elección de la productora añade una capa de complejidad política a una decisión que, en principio, respondía a necesidades de programación y recuperación de audiencias.
La polémica no se centra únicamente en el pasado de Soler, sino también en el mensaje que transmite RTVE al abrir sus puertas a figuras tan controvertidas. Los medios públicos tienen la obligación de servir a toda la ciudadanía, y cualquier decisión que pueda interpretarse como parcializada genera legítimas dudas sobre su independencia y su compromiso con la objetividad.
El éxito del programa dependerá tanto de su capacidad para generar debate social como de su habilidad para desvincularse de las polémicas que rodean a sus productores. La audiencia valorará el contenido final, pero la sombra de las adjudicaciones seguirá presente mientras no se aclaren completamente los criterios de selección.
En definitiva, RTVE ha puesto en marcha uno de sus proyectos más caros de la temporada, confiando en una productora con vínculos directos con el independentismo catalán. Mientras la corporación insiste en la calidad del formato y la profesionalidad del equipo, las sombras del pasado de Oriol Soler proyectan dudas sobre la idoneidad de la elección. El tiempo dirá si esta apuesta resulta un acierto de programación que revitaliza la franja de prime time o un error estratégico que compromete la credibilidad de la televisión pública en un momento de máxima sensibilidad política.