La formación política Vox ha roto este sábado con una década de tradición institucional al ausentarse de los actos oficiales conmemorativos del Día de la Constitución. La decisión, justificada por la portavoz parlamentaria Pepa Millán, responde a una estrategia deliberada de no prestar legitimidad a un gobierno que, a su juicio, ha vulnerado reiteradamente los principios fundamentales de la Carta Magna.
En una declaración pública, Millán expuso que la presencia de Vox en estos actos equivaldría a «fingir normalidad institucional» ante un Ejecutivo que califica de «corrupto». La formación ultraderechista, que se autoproclama defensora acérrima de la Constitución española, argumenta que asistir a los eventos organizados por el Gobierno de Pedro Sánchez supondría una contradicción flagrante con sus principios ideológicos.
La portavoz detalló que la dirección de Vox trasladó por escrito sus excusas al jefe del Estado Mayor de Defensa, organizador del acto central, donde se procedía al izado solemne de la bandera española en la fachada principal del Congreso de los Diputados. En su misiva, los dirigentes del partido explicaron que su presencia sería interpretada como una colaboración en la escenificación de una normalidad que, según su perspectiva, no existe en la realidad política del país.
Crítica al Partido Popular
Uno de los aspectos más controvertidos de la postura de Vox ha sido su frontal crítica al Partido Popular por mantener su asistencia a los actos protocolarios. Millán cuestionó abiertamente la coherencia de los conservadores, señalando que resulta incomprensible que «a estas alturas» el PP continúe «prestando» su imagen institucional a un Ejecutivo contra el que, según Vox, «se manifiesta los fines de semana».
Esta declaración refleja la creciente tensión entre las dos formaciones de la derecha española, que han mantenido una relación compleja marcada por pactos puntuales en determinados territorios y profundas discrepancias estratégicas a nivel nacional. La decisión de Vox de boicotear los actos constitucionales mientras el PP mantiene su compromiso institucional evidencia una divergencia de criterio sobre cómo enfrentar políticamente al Gobierno socialista.
Medidas de seguridad excepcionales
La ausencia de Vox no ha sido el único elemento que ha marcado la jornada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes en el entorno del Congreso de los Diputados, ampliando significativamente el perímetro de vigilancia respecto a años anteriores. Las autoridades han reconocido que estas medidas buscaban prevenir posibles abucheos o protestas durante la presencia del presidente.
El blindaje, visiblemente reforzado en comparación con la edición de 2024, ha generado debate sobre la percepción de inestabilidad política que proyecta el Ejecutivo. Desde Vox interpretan estas medidas como una evidencia de la «debilidad» del presidente, mientras que desde el Gobierno las justifican como protocolos de seguridad rutinarios ante eventos de alta visibilidad.
Propuestas de reforma constitucional
En un contexto de polarización máxima, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprovechado la conmemoración para abrir el debate sobre una posible reforma de la Constitución. La dirigente socialista ha defendido la necesidad de «adecuar» la Carta Magna a la «diversa realidad territorial» del país, en alusión implícita a la compleja situación política en Cataluña y otras nacionalidades históricas.
Estas declaraciones llegan en un momento de especial tensión con Junts per Catalunya, formación que rompió recientemente su acuerdo de investidura con el PSOE. La alusión a la reforma constitucional ha sido interpretada por Vox como una nueva evidencia de la voluntad del Gobierno de «diluir» los principios de unidad nacional y soberanía que, según su lectura, recoge la norma fundamental.
La estrategia comunicativa de Moncloa
Otro aspecto que ha generado polémica ha sido la gestión de la información por parte de la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez compareció brevemente ante los medios antes de los actos institucionales, pero se negó a responder preguntas, emplazando a los periodistas a un «corrillo» posterior.
Sin embargo, Moncloa estableció una condición insólita: el contenido de estas declaraciones no podría publicarse hasta una hora determinada por la propia presidencia. Esta restricción, inusual en la comunicación gubernamental española, ha sido denunciada por varios medios como un intento de controlar el flujo informativo y evitar titulares negativos durante las conmemoraciones.
El contexto de la ruptura institucional
La decisión de Vox de ausentarse de los actos constitucionales no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia de confrontación frontal con el Gobierno que la formación ha mantenido desde su entrada en el Congreso. La formación de Abascal ha utilizado consistentemente la retórica de la «defensa de España» para diferenciarse de un sistema político que considera «corrupto» y «traidor».
Para Vox, la Constitución no es solo un texto legal, sino un símbolo de identidad nacional que el Gobierno socialista habría traicionado mediante pactos con formaciones independentistas, políticas de memoria histórica y lo que califican como «ataque a la unidad de España». Su ausencia de los actos busca simbolizar esta ruptura y proyectar una imagen de coherencia ante su electorado.
Repercusiones políticas
La postura de Vox abre un debate sobre el futuro de las relaciones institucionales en España. La ruptura de la tradición de asistencia unitaria a los actos constitucionales debilita uno de los pocos espacios de consenso político que permanecían en el sistema. Si esta decisión se repite en futuras conmemoraciones, podría establecerse un nuevo precedente que normalice la ausencia de partidos en función de su relación con el Gobierno de turno.
Por su parte, el PP se encuentra en una posición incómoda, intentando equilibrar su rol de oposición con sus responsabilidades institucionales. La crítica de Vox busca precisamente poner en cuestión esta dualidad, acusando a los populares de normalizar un Gobierno que, según su discurso, debería ser combatido sin concesiones.
La jornada del Día de la Constitución ha dejado así una imagen de fractura institucional sin precedentes recientes, donde la polarización política ha superado el espacio ceremonial que tradicionalmente servía como mínimo común denominador democrático. La decisión de Vox, lejos de ser un gesto simbólico menor, representa una nueva etapa en la estrategia de máxima confrontación que la formación ha adoptado como seña de identidad.