El Real Madrid y LaLiga han protagonizado un nuevo capítulo de su creciente distanciamiento institucional. Esta vez, el motivo de la disputa es una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de los derechos de televisión de la temporada 2015-2016. Lo que comenzó como una cuestión técnica sobre la interpretación de un fallo judicial ha derivado en un intercambio de comunicados donde ambas partes acusan mutuamente de tergiversar la realidad.
El origen del conflicto se remonta a una modificación estatutaria que LaLiga aprobó en 2015 para regular la distribución de los ingresos audiovisuales. El Real Madrid ha salido al paso para celebrar la sentencia del alto tribunal, considerando que le da la razón en su reclamación de 8,8 millones de euros que, según su interpretación, le fueron indebidamente retenidos.
En su comunicado oficial, el club blanco afirma tajante que el fallo "confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015". La entidad presidida por Florentino Pérez entiende que el Tribunal Supremo ha declarado nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada aquel año sin la habilitación legal necesaria.
Según la lectura del Real Madrid, esta nulidad implica que el reparto de ingresos de la campaña 2015-16 debió ajustarse estrictamente a lo establecido en la normativa vigente, sin las alteraciones que introdujo la referida disposición. Ello habría supuesto, en primer lugar, el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales a los clubes que militaban en Segunda División en aquella temporada, cantidad que consideran que fue privada ilegalmente.
En segundo lugar, y directamente relacionado con sus intereses, el club entiende que le corresponde percibir unos 8,8 millones de euros que no ingresó en su momento. El comunicado madridista concluye que esta resolución "restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia".
La respuesta de LaLiga no se hizo esperar y llegó con un tono igualmente contundente. La patronal del fútbol español rechaza "la lectura sesgada y oportunista que el Real Madrid realiza de la sentencia del Tribunal Supremo". En su réplica, acusa directamente al club de desfigurar el contenido real del fallo y de generar confusión deliberadamente.
Desde la institución que preside Javier Tebas argumentan que la sentencia únicamente declara nula una previsión estatutaria transitoria que buscó cubrir una laguna coyuntural no prevista expresamente por el legislador. Esa laguna era, precisamente, el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016, la inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2015, que establece el actual sistema de distribución.
LaLiga insiste en que es "radicalmente falso" que la sentencia avale el esquema de reparto que proclama el Real Madrid. El comunicado de la patronal deja claro que el fallo no impone un reparto alternativo ni retrotrae el sistema a unas supuestas reglas anteriores. En esencia, la interpretación de LaLiga es que el Tribunal simplemente anula una norma transitoria, pero no establece cómo debió hacerse ese reparto en su lugar.
Uno de los argumentos más contundentes de LaLiga es que ningún otro club ha cuestionado ese reparto de ingresos. La institución recuerda que ha actuado con transparencia y respeto al marco legal en todo momento y lamenta la "interpretación interesada difundida por el Real Madrid". Según su lectura, la sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona la actuación de LaLiga ni establece que el club blanco tenga derecho a ninguna cantidad.
El desencuentro pone de manifiesto la creciente tensión entre las dos instituciones más poderosas del fútbol español. Desde hace años, el Real Madrid ha mantenido posiciones críticas con la gestión de Javier Tebas, especialmente en temas como la política de derechos audiovisuales, la gestión del fondo CVC o la estrategia de protección de la competición.
La polémica sobre los derechos de la temporada 2015-16 no es nueva. El Real Madrid ya había presentado recursos ante la Audiencia Nacional, que en su momento le dio la razón parcialmente. Ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo, el club considera que se cierra el círculo a su favor, aunque LaLiga matiza que el fallo no es tan claro ni favorable como lo presenta el conjunto madridista.
Desde un punto de vista jurídico, la cuestión central es si la disposición anulada era meramente transitoria o si establecía un reparto definitivo para esa temporada. El Real Madrid entiende que al anularse, debe aplicarse el sistema anterior, que le hubiera reportado mayores ingresos. LaLiga, por su parte, sostiene que la anulación no implica automáticamente un reparto alternativo, sino que deja una laguna que ya fue cubierta de la mejor forma posible en su momento.
La cantidad en juego, 8,8 millones de euros, es significativa pero no astronómica para un club del tamaño del Real Madrid. Sin embargo, el simbolismo de la disputa es enorme. Para el club, se trata de un principio de legalidad y de defensa de sus intereses frente a lo que considera una gestión arbitraria de LaLiga. Para la patronal, es una cuestión de prestigio y de defensa de su autonomía y buen hacer.
El contexto no puede obviarse. La relación entre Florentino Pérez y Javier Tebas atraviesa por su peor momento. El presidente del Real Madrid ha sido crítico con la centralización de los derechos audiovisuales, aunque se beneficia de ello, y con la operación con el fondo CVC, a la que se negó a adherirse junto con el FC Barcelona y el Athletic Club. Tebas, por su parte, ha respondido con dureza a las críticas, defendiendo su gestión y acusando a los grandes clubes de buscar privilegios.
La polémica también llega en un momento delicado para la negociación de los nuevos derechos audiovisuales. LaLiga acaba de cerrar un acuerdo millonario con varias plataformas, mientras el Real Madrid sigue explorando fórmulas para maximizar sus ingresos propios, incluida la posibilidad de crear su propio canal de contenidos.
El comunicado de LaLiga insiste en que la sentencia no establece obligación de pago alguna y que el reparto se hizo conforme a la legalidad vigente en aquel momento. Además, recuerda que el sistema actual, regulado por el Real Decreto-ley 5/2015, es el que rige desde entonces y que ha sido beneficioso para la mayoría de clubes.
Para el conjunto de la Liga, la estabilidad del sistema de reparto es fundamental. La centralización de los derechos y su distribución equitativa, aunque con criterios de meritocracia, ha permitido que los ingresos de los clubes pequeños y medianos hayan crecido exponencialmente, reduciendo la brecha con los grandes.
El Real Madrid, sin embargo, mantiene su postura de que la legalidad debe cumplirse estrictamente y que cualquier desviación, por bienintencionada que fuera, debe ser corregida. El club considera que la sentencia del Tribunal Supremo le da la razón y que LaLiga debe asumir las consecuencias.
La polémica está servida y no parece que vaya a resolverse pronto. Ambas partes mantienen posiciones irreconciliables y el lenguaje utilizado en los comunicados deja claro que la distancia es más que institucional. El tiempo dirá si el Real Madrid persigue la reclamación de los 8,8 millones por vías judiciales o si la cuestión queda en el terreno de la protesta pública.
Mientras tanto, el fútbol español contempla con preocupación cómo sus dos instituciones más visibles siguen enfrentadas en múltiples frentes. La salud de la competición pasa por una relación mínimamente cordial entre los clubes y la organización que los representa, pero en los últimos años esa relación se ha deteriorado gravemente.
La sentencia del Tribunal Supremo, lejos de cerrar la controversia, ha abierto una nueva vía de conflicto. La interpretación que cada parte hace del fallo es tan opuesta que parece imposible un acuerdo amistoso. LaLiga tiene el respaldo de la mayoría de los clubes, que no han cuestionado el reparto, pero el Real Madrid tiene los recursos y la determinación para mantener su pulso.
En el fondo de la disputa subyace una cuestión de fondo: el modelo de gobernanza del fútbol español. El Real Madrid defiende una mayor autonomía de los clubes y una aplicación estricta de la legalidad, mientras LaLiga argumenta que necesita flexibilidad para gestionar situaciones no previstas y defender el interés general de la competición.
El tiempo dirá quién tiene razón, pero lo que es indudable es que esta nueva confrontación no hace más que profundizar la brecha entre el club más laureado de España y la institución que preside Javier Tebas. Y mientras tanto, el fútbol español, que tanto ha sufrido en los últimos años, vuelve a ver cómo sus principales actores están más pendientes de sus enfrentamientos que de la mejora del producto colectivo.